El Proyecto de Ley 193 de 2025 – “Internet Solidario”, radicado el 20 de agosto de 2025 por el ministro TIC Julián Ruperto Molina, propone elevar el internet a derecho fundamental y declararlo servicio público esencial. Sin embargo, su Artículo 10 introduce facultades de policía administrativa y de toma de posesión para el MinTIC, lo que ha encendido alarmas en sectores de prensa, sociedad civil y oposición.

¿Qué dice exactamente el artículo 10?

El texto oficial agrega funciones al MinTIC para inspección, vigilancia y control, incluyendo “facultades de policía administrativa y de toma de posesión, conforme con la Ley y según los procedimientos… de la Superintendencia de Servicios Públicos”. Es decir, el Ministerio podría intervenir actores del sector TIC bajo causales y procedimientos similares a los de otros servicios públicos.

“Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control… incluyendo facultades de policía administrativa y de toma de posesión… según los procedimientos… de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.”

La postura del Gobierno

El MinTIC ha negado que el proyecto busque controlar medios o contenidos. Sostiene que las facultades están orientadas a garantizar la continuidad del servicio y proteger infraestructura crítica de redes, sin intervenir líneas editoriales ni contenidos. El ministro Julián Molina ha reiterado que “en ningún caso” el artículo incluye a los medios o sus contenidos.

Las críticas y los riesgos señalados

• Medios nacionales y analistas advierten que las nuevas atribuciones podrían concentrar poder en el Ejecutivo y abrir la puerta a intervenciones discrecionales, especialmente en momentos de tensión política.
• Organizaciones de sociedad civil como Fundación Karisma alertan sobre ambigüedades que impactan derechos y la gobernanza de internet si no se precisan límites, causales y controles independientes.

¿Por qué importa?

• Libertad de prensa y expresión: Aunque el MinTIC dice que no tocará contenidos, facultar “toma de posesión” sin salvaguardas claras puede generar efectos inhibitorios en medios y plataformas.
• Competencia y seguridad jurídica: Intervenciones administrativas en empresas TIC deben tener causales taxativas, debido proceso, control judicial efectivo y límites temporales para no afectar inversión y competencia.

Objeto del proyecto: consagrar el acceso a internet como derecho fundamental y establecer mecanismos de universalización y asequibilidad (“Internet Solidario”).

Trámite: radicado el 20–22 de agosto de 2025; figura en Gaceta del Congreso y registro legislativo como Proyecto S-193 de 2025.

Reacciones destacadas

• Debate público: titulares y columnas cuestionan posibles efectos del artículo 10; legisladores de oposición lo llaman “mico” u “orangután” por su alcance.
• Respuesta oficial: el MinTIC insiste en que se trata de una herramienta técnica para continuidad del servicio, no para regular contenidos ni apropiarse de medios.

¿El artículo 10 define causales precisas, límites temporales y controles judiciales previos para una “toma de posesión”?

¿Hay órganos independientes que verifiquen la necesidad y proporcionalidad de la medida antes de ejecutarla?

¿Cómo se excluyen explícitamente medios y contenidos editoriales para evitar censura indirecta?

Reconocer la internet como derecho fundamental es un avance. Pero un buen fin no justifica herramientas imprecisas. El Congreso debe blindar el artículo 10 con definiciones estrictas, salvaguardas, control judicial y exclusiones expresas para contenidos y medios. Sin ese ajuste, el remedio puede ser peor que la enfermedad: abrir un flanco de intervención estatal que afecte competencia, inversión y, sobre todo, libertad de prensa y expresión.

Información en desarrollo.

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