Investigan presunta explotación laboral en las Tiendas D1: "vender, descargar mercancías, hacer aseo, realizar el inventario y hasta cuidar el almacén"
El ministro de trabajo, Antonio Sanguino, se refirió a las denuncias de presuntos tratos ilegales e inmorales para con los trabajadores esta reconocida cadena de supermercados.

En la tarde de este lunes 2 de junio de 2025, se confirmó que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió a un supuesto caso de explotación laboral contra los trabajadores de la reconocida cadena de supermercados D1.
A través de una publicación en su cuenta en la red social X, el ministro Sanguino calificó de “suma gravedad” el hecho de que la cadena de supermercados, que en 2024 habría generado utilidades de más de 300.000 millones de pesos, esté, presuntamente, sometiendo a sus empleados a un “régimen laboral ilegal e inmoral”.
A raíz de estos, confirmó el ministro en su mensaje en la red social, desde dicha cartera se ordenó abrir una investigación para conocer los pormenores de los hechos.
“Sería de suma gravedad que supermercados D1 con utilidades en el 2024 por $373.200 millones que equivalen a lo que ganan 225.000 trabajadores en un mes, someta a sus empleados a un régimen laboral ilegal e inmoral, por lo que he ordenado abrir investigación inmediata sobre ello (sic)”, fue el mensaje del ministro Sanguino.
La publicación del ministro Sanguino se conoció tras la una reciente investigación realizada por Señal Investiga de Rtvc y Revista Raya que ha destapado alegaciones serias de supuesta explotación laboral en las tiendas D1, gestionadas por Coba Group, cuyo principal accionista es el grupo Valorem de la conocida familia Santo Domingo.
De acuerdo con la investigación, estas denuncias son parte de un patrón más amplio de malas condiciones en el trabajo observadas también en otras empresas multinacionales.
El informe incluyó declaraciones de un representante sindical que detallan las difíciles condiciones que enfrentan los empleados.
En un caso en particular, un empleado fue asesinado al intentar impedir un robo en su tienda, por lo que la tragedia dejó de manifiesto la falta de seguridad adecuada en los establecimientos.
A pesar de que la empresa afirma priorizar la seguridad, esta y otras medidas aún no se reflejan en mejoras prácticas que ayuden al bienestar de los trabajadores de esta cadena de supermercados, los cuales desde que abren sus puertas en el día, empiezan a generar ganancias.
Los trabajadores relataron una carga laboral abrumadora. Por ejemplo, un empleado con cinco años de experiencia denunció que una sola persona suele verse obligada a realizar tareas asignadas para cinco.
En Popayán, un empleado deber ayudar a descargar la mercancía, realizar aseo a las instalaciones, ubicar las mercancías en los estantes, realizar las veces de cajero, atención al cliente y hasta fungir como vigilante, este escenario se puede apreciar fácilmente en la sede o sucursal del sector de Centro o Empedrado.
"Las responsabilidades aumentan y van más allá de la venta, incluyendo descarga de mercancía, limpieza, gestión de inventarios y registro de pagos", denuncian los trabajadores-
En ese sentido, las presiones sobre el rendimiento y el temor a represalias llevan a muchos a mantener su identidad en el anonimato.
Otra de las voces recogidas en el informe es la de una supervisora, que describió sus condiciones laborales como abusivas.
Según su relato, trabaja bajo un contrato de “uso y confianza”, que la obliga a cumplir jornadas de hasta 12 horas sin compensación por horas extras. Es un acuerdo que en la práctica se ha transformado, según los empleados, en “abuso y confianza”.
De acuerdo con la investigación, las tiendas D1 manejarían cuatro tipos de contrato, incluido uno por horas que paga a una tarifa de 7.200 pesos, pero limita las horas semanales a 36.
Sin embargo, también se denunció que la desconexión laboral no se respeta, ya que las tiendas contactan a los trabajadores para atender urgencias incluso después de finalizar su turno regular.
El líder sindical Jairo Ángel Ciro aseguró que se han radicado cerca de 700 denuncias ante el Ministerio del Trabajo, pero pocas han recibido una respuesta operativa, y algunas investigaciones se archivan rápidamente.
La atención ahora se centra en la reforma laboral que el Senado debate con la esperanza de recuperar derechos perdidos desde 2002.