Jair Flórez: El rostro de la desidia que condena a Popayán al abandono

con el objetivo claro de restituir la capacidad hidráulica de estos cauces y fortalecer la gestión del riesgo en el municipio. Estamos hablando del proceso "Selección Abreviada de Menor Cuantía No. MP-GR-SM-001-2024", adjudicado el 20 de noviembre de 2024 a Constructora Alpon SAS. Sin embargo, a la fecha, este contrato no se ha ejecutado. La pregunta es simple y contundente: ¿Dónde está el dinero y dónde están las obras?

Las imágenes que circulan en redes sociales son una prueba irrefutable del abandono: basura acumulada, desechos que obstruyen los cauces y un panorama desolador que no solo refleja la ineficiencia de la administración municipal, sino que agrava el riesgo para los habitantes del sector, particularmente en barrios como Las Ferias, en la Comuna 5. A esto se suma la presencia de habitantes de calle y personas que consumen alucinógenos, quienes han convertido esta zona en un foco de inseguridad que aterroriza a la comunidad. ¿Qué más tiene que pasar para que las autoridades actúen?

El contrato, firmado bajo el amparo de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como el Decreto 1082 de 2015, tenía un propósito claro: evitar desastres y proteger a los ciudadanos. Pero la realidad es otra. La negligencia de la administración de Jair Flores, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, y de los supervisores encargados de velar por su cumplimiento es evidente. Constructora Alpon SAS, adjudicataria del proyecto, también tiene una responsabilidad que no puede eludir. Si el contratista no ha ejecutado las obras, ¿Dónde están las sanciones? ¿Por qué no se ha hecho efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, como lo establece el parágrafo del artículo primero de la resolución de adjudicación?

Hacemos un llamado enérgico al señor Jair Flórez como Jefe de la Oficina de gestión de riesgos para que dejen de lado las excusas y pongan en marcha este proyecto de una vez por todas. Popayán no puede soportar un segundo año de promesas vacías. Asimismo, exigimos a las entidades de control Contraloría, Procuraduría y Personería, que investiguen a fondo este incumplimiento, que no solo representa un desperdicio de recursos públicos, sino un atentado contra la seguridad y la calidad de vida de los habitantes.

Los números no mienten: $598 millones adjudicados, cero avances visibles. Las imágenes hablan por sí solas: basura, inseguridad y abandono. Los ciudadanos merecen respuestas y, sobre todo, acciones concretas. No queremos más documentos en SECOP II ni discursos grandilocuentes; queremos hechos. La paciencia se agotó, y Popayán no puede seguir esperando a una administración que prometió recuperación pero solo ha entregado negligencia. ¡Cumplan ya!