JEP imputa a ocho ex combatientes de las antiguas Farc por el secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca
Según lo resaltado por la entidad judicial, el secuestro, que tuvo lugar en abril de 2002, fue una estrategia de inteligencia diseñada para mostrar el poder armamentístico y territorial del entonces grupo armado al margen de la ley.
Se confirmó que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, emitió un comunicado de más de trescientas páginas detallando la actuación del Bloque Occidental de la extinta guerrilla de las Farc, que operó en esa región de Colombia, y que estuvo involucrado en hechos graves, como el secuestro de los diputados del Valle del Cauca en el 2002.
Por lo tanto, la Sala de Reconocimiento de ese tribunal imputó a alias Pacho Chino, quien perteneció al Bloque Occidental entre 2012 y 2016, así como a alias El Grillo, quien reconoció su responsabilidad en el caso de los diputados.
Del mismo modo, lo hizo con Pacho Quinto, miembro de la dirección de la Columna móvil Miller Perdomo entre 2003 y 2012 y segundo al mando de la columna móvil Miller Perdomo.
El tribunal de paz llamó a otros cinco ex guerrilleros a reconocer su responsabilidad por los secuestros de este bloque de las antiguas Farc.
Según lo revelado por dicho medio de comunicación, el Bloque Occidental tenía el objetivo de crear condiciones políticas y militares para ejercer dominio y control sobre Cali y hacer presencia en Nariño, Cauca, Valle del Cauca y el sur del Chocó.
Asimismo, los magistrados que estuvieron a cargo de analizar el caso sostuvieron que el secuestro de los doce diputados fue uno de los de mayor connotación, ya que guerrilleros de las antiguas Farc ingresaron a las instalaciones de la Asamblea del Valle, haciéndose pasar como el Ejército Nacional y también secuestraron a otras personas a quienes señalaron de supuestos colaboradores de otros grupos armados ilegales.
De acuerdo con lo manifiesta la JEP en el documento, la estructura que ejecutó este secuestro tuvo una expansión desde que se rompieron los diálogos de paz de El Caguán, ya que “la mayor expansión del Bloque Occidental por el suroccidente del país se dio durante las negociaciones de paz con el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y la vigencia de la zona de distensión. (...) Esta fue una oportunidad para el crecimiento militar, entrenamiento y fortalecimiento logístico”.
La información recopilada por el tribunal de paz y organismos de seguridad, indica que el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas fue el encargado de hacer la inteligencia en Cali. El secuestro se habría ejecutado con el respaldo de León Villegas, ex miembro del M-19 y empleado de la Asamblea del Valle en ese momento, quien desempeñó el papel de informante.
Una vez secuestrados y en poder de las Farc, afirma la JEP, los diputados fueron sometidos a “malos tratos”. Durante el cautiverio, como lo relataron los camparecientes ante esa jurisdicción como Sigifredo López, único diputado sobreviviente del secuestro, los políticos fueron sometidos a marchas forzadas a pesar de su estado de salud, con la dotación que no correspondía y el riesgo del fuego cruzado.
“Los comparecientes dicen que en algunas ocasiones tuvieron que recurrir a la caza de animales para subsistir, lo cual generó un fuerte impacto en los diputados. Sin embargo, en el relato de Sigifredo López, al cual le da credibilidad esta Sala, el impacto fue porque la guardia les indicó, después de comer, que consumieron carne de un perro rural que se había unido al grupo y al que los diputados habían adoptado como animal de compañía”, resalta la imputación.