Jesús Alberto Gómez y Oscar Muñoz blindan el cumplimiento de la sentencia sobre multas prescritas en Popayán
Tras la negativa inicial de la administración de acoger las advertencias legales, juristas de alto nivel y el exmagistrado Germán Pabón se suman a la defensa ciudadana para garantizar que la Secretaría de Tránsito acate el fallo histórico.
En un movimiento estratégico para asegurar la materialización de los derechos ciudadanos, la firma JM Abogados & Asesores anunció la incorporación de los reconocidos juristas Jesús Alberto Gómez Gómez y Oscar Muñoz Bermeo a su equipo de defensa. Esta alianza busca garantizar el cumplimiento estricto de la sentencia que obliga a la Secretaría de Tránsito de Popayán a eliminar de sus bases de datos todas las multas que, por ley, ya se encuentran prescritas, cerrando así un capítulo de incertidumbre jurídica para miles de payaneses.
Crónica de una batalla legal anunciada
La decisión judicial que hoy ordena depurar la cartera de la Secretaría de Tránsito no surgió de la improvisación. Según el expediente del caso, la situación actual es el resultado de una cadena de advertencias desatendidas. Desde el año 2024, el equipo jurídico liderado por JM Abogados inició una serie de estudios técnicos y radicó derechos de petición advirtiendo a la administración municipal sobre la improcedencia del cobro de obligaciones vencidas.
En abril de 2025, amparados en la normativa vigente y las facultades de control político del concejal José Luis Diago, se presentó una solicitud formal para evitar el desgaste administrativo y judicial. Sin embargo, los documentos revelan que la administración optó por desestimar la petición, desencadenando el litigio que finalmente dio la razón a la ciudadanía.
La postura de la Administración Municipal
Lo que ha generado mayor controversia en los círculos políticos y sociales de la ciudad es la evidencia de que la Alcaldía de Popayán, bajo la dirección del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo, tenía conocimiento pleno de los riesgos jurídicos.
"En los folios reposa que se conformó un equipo jurídico interno para sostener la negativa administrativa, lo que derivó en una confrontación directa entre la ciudadanía y la estructura del municipio", señalan fuentes cercanas al proceso.
A pesar de las alertas tempranas para evitar un detrimento a la confianza ciudadana y un desgaste innecesario de recursos públicos, la Oficina Jurídica del Municipio reforzó su defensa para mantener el cobro de deudas que, legalmente, ya no eran exigibles.
Un precedente nacional desde el Cauca
El proceso escaló mediante acciones de tutela en primera y segunda instancia hasta consolidarse en una Acción de Cumplimiento. Magistrados de alto nivel identificaron falencias en la interpretación normativa de la administración local, emitiendo una sentencia que sienta un precedente histórico en Colombia sobre la prescripción de comparendos y la eficiencia administrativa.
Refuerzo de alto nivel
Ante la resistencia mostrada por el ente territorial durante el proceso, la parte demandante ha decidido no bajar la guardia. La llegada de Gómez Gómez y Muñoz Bermeo, sumada a la guía y acompañamiento del jurista y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Germán Pabón, envía un mensaje claro: existe un bloque jurídico robusto vigilando no solo el acatamiento de este fallo, sino las futuras actuaciones administrativas de la Alcaldía.
Más allá de la eliminación de las multas, este caso reabre el debate sobre la responsabilidad fiscal y administrativa de los gobernantes. La pregunta que resuena en Popayán es: ¿Por qué se destinaron recursos públicos y tiempo institucional para defender el cobro de carteras prescritas, a pesar de las advertencias técnicas previas? La sentencia no solo alivia el bolsillo de los ciudadanos, sino que exige a la administración pública actuar con eficacia y legalidad desde el primer momento, y no solo bajo presión judicial.
Con la conformación de este nuevo equipo jurídico, Popayán se convierte en el epicentro de un debate nacional sobre los derechos del conductor y los deberes de la administración. Por el momento, la ciudadanía se mantiene a la expectativa de los tiempos y procedimientos que implementará la Secretaría de Tránsito para dar cumplimiento a la orden judicial.
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