Acción judicial de JM Abogados & Asesores logra que Tribunal ratifique sanciones al alcalde de Armenia y su secretario de Tránsito
Una acción judicial de JM Abogados & Asesores S.A.S. dio origen al fallo sobre prescripción de multas cuyo desacato derivó en sanciones confirmadas.
La firma de abogados promovió la acción de cumplimiento que dio origen a las decisiones judiciales. El Tribunal Administrativo del Cauca confirmó multas por más de $10,5 millones contra los dos funcionarios por desacatar una sentencia sobre prescripción de sanciones de tránsito.
Una acción de cumplimiento presentada por JM Abogados & Asesores S.A.S. dio origen a un proceso judicial que terminó con dos sanciones por desacato, confirmadas por el Tribunal Administrativo del Cauca, contra el alcalde de Armenia, Quindío, James Padilla García, y el secretario de Tránsito y Transporte del municipio, Daniel Jaime Castaño Calderón.
Mediante los autos interlocutorios 231 y 232 del 28 de octubre de 2026, la corporación judicial ratificó multas equivalentes a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada funcionario. Las sanciones suman $10.505.430.
Detrás de estas decisiones se encuentra una iniciativa jurídica de JM Abogados & Asesores S.A.S., sociedad que acudió a la justicia para exigir que la administración municipal cumpliera las disposiciones legales relacionadas con la prescripción de sanciones por infracciones de tránsito.
JM Abogados & Asesores: la acción jurídica que dio origen al proceso
La actuación de JM Abogados & Asesores S.A.S. fue determinante para llevar el presunto incumplimiento de la normativa de tránsito ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
La firma promovió una acción de cumplimiento al considerar que las autoridades de tránsito estaban omitiendo su obligación legal de declarar de oficio la prescripción de determinadas sanciones cuando se reunían los requisitos establecidos en el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito.
De acuerdo con las providencias, la demanda original comprendía actuaciones frente a 29 autoridades municipales de tránsito. Posteriormente, por decisión judicial, los asuntos fueron separados y distribuidos entre distintos juzgados administrativos de Popayán.
El proceso correspondiente al municipio de Armenia fue asignado al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán.
El 16 de abril de 2026, mediante la Sentencia 067, ese despacho declaró que la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia había incumplido el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito.
La decisión constituyó un resultado judicial favorable a la pretensión de cumplimiento promovida por la sociedad de abogados y estableció obligaciones concretas para la administración municipal.
El juzgado ordenó consolidar la información de las sanciones afectadas por prescripción y, posteriormente, expedir los actos administrativos que correspondieran para reconocer esa situación jurídica.
Del fallo favorable al desacato de los funcionarios
El proceso no terminó con la sentencia de abril.
Ante la falta de acreditación de su cumplimiento, se iniciaron actuaciones judiciales que condujeron a la apertura de incidentes de desacato.
El 9 de octubre de 2026, el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán sancionó al secretario de Tránsito de Armenia, Daniel Jaime Castaño Calderón. Posteriormente, el 20 de octubre, impuso otra sanción al alcalde James Padilla García.
Ambas decisiones fueron sometidas a revisión del Tribunal Administrativo del Cauca.
En sus providencias del 28 de octubre, el Tribunal concluyó que estaban demostrados tanto el incumplimiento de las órdenes judiciales como los elementos de responsabilidad subjetiva que justificaban las sanciones.
En el caso del secretario de Tránsito, los magistrados señalaron que no acreditó actuaciones encaminadas a ejecutar lo ordenado por el juzgado.
Por su parte, la defensa del alcalde argumentó que las tareas de depuración de la información y expedición de actos administrativos eran competencia técnica de la Secretaría de Tránsito.
Sin embargo, el Tribunal consideró que esa circunstancia no lo eximía de actuar como superior jerárquico, impartir las instrucciones necesarias y hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia.
La corporación también rechazó la solicitud de nulidad presentada por el secretario de Tránsito, quien cuestionaba aspectos procesales de la acción de cumplimiento original.
Una actuación judicial con implicaciones para los ciudadanos
Más allá de las sanciones impuestas a los funcionarios, el caso promovido por JM Abogados & Asesores S.A.S. pone sobre la mesa un asunto de interés público: las autoridades de tránsito tienen el deber de aplicar las normas sobre prescripción y no pueden mantener sanciones exigibles indefinidamente al margen de los términos legales.
El artículo 159 del Código Nacional de Tránsito contempla un término de tres años para la prescripción de sanciones, sujeto a las condiciones legales y a las actuaciones que puedan interrumpirlo.
La sentencia obtenida dentro de la acción promovida por la firma ordenó revisar la información correspondiente y adoptar las decisiones administrativas pertinentes.
Sin embargo, existe una precisión fundamental: la orden no cobija los procedimientos que ya se encuentran en fase de cobro coactivo, casos en los que la excepción de prescripción debe ser alegada por el ejecutado, conforme a la normativa aplicable.
Esto significa que no todas las multas antiguas desaparecen automáticamente. Cada situación requiere verificar sus condiciones legales y el estado del procedimiento.
La relevancia de la iniciativa de JM Abogados & Asesores radica precisamente en haber acudido a un mecanismo constitucional para exigir que una administración pública cumpliera obligaciones establecidas en la ley.
La justicia ratifica las sanciones, pero la obligación continúa
Las decisiones del Tribunal Administrativo del Cauca respaldaron las sanciones impuestas en primera instancia y confirmaron, en sede de consulta, la conclusión judicial de que los funcionarios incurrieron en desacato.
No obstante, el pago de las multas no sustituye el cumplimiento de la sentencia original.
El alcalde y el secretario de Tránsito siguen obligados a garantizar que se ejecuten las medidas ordenadas por el juzgado.
El caso demuestra la importancia de los mecanismos de control judicial impulsados por particulares y organizaciones para exigir el cumplimiento efectivo de las normas.
La actuación de JM Abogados & Asesores S.A.S. permitió que el incumplimiento de una obligación legal llegara a los estrados judiciales, se produjera una sentencia favorable a su pretensión y, ante su inobservancia, se impusieran sanciones posteriormente confirmadas por el Tribunal.
El mensaje institucional es contundente: ninguna autoridad puede tratar una sentencia judicial como una simple recomendación administrativa.
Y el resultado de este proceso también recuerda que la defensa de la legalidad no depende exclusivamente de los organismos estatales de control. La ciudadanía y las organizaciones privadas cuentan con herramientas jurídicas para exigir que quienes ejercen funciones públicas respeten la ley.
⚖️ ¡Compartimos con nuestros seguidores los dos fallos del Tribunal Administrativo del Cauca! Estas decisiones judiciales, proferidas el 28 de octubre de 2026, confirman las sanciones por desacato contra James Padilla García, alcalde de Armenia, Quindío, y Daniel Jaime Castaño Calderón, secretario de Tránsito y Transporte, con multas de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. Los fallos tienen su origen en una acción de cumplimiento promovida por JM Abogados & Asesores S.A.S., que acudió a la justicia para exigir la aplicación de las normas sobre prescripción de sanciones de tránsito. Ponemos a disposición de la ciudadanía ambas providencias para que conozca directamente los argumentos de los magistrados, el alcance de las decisiones y la importancia de exigir que las autoridades cumplan la ley. Porque las sentencias judiciales no son sugerencias: son de obligatorio cumplimiento.
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Inspirado en Proverbios 12:19 y Juan 8:32.