Juez mantiene en firme aumento del salario mínimo 2026 tras negar tutela contra el decreto

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá decidió no conceder la medida cautelar solicitada mediante acción de tutela para frenar los efectos del decreto 1469, norma con la que el Gobierno Nacional estableció un aumento del 23 % en el salario mínimo para el año 2026.

La solicitud fue presentada por el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, en calidad de apoderado del ciudadano Alexander Donato Rondón, quien buscaba la suspensión temporal del decreto mientras se resuelve de fondo la tutela interpuesta contra la Presidencia de la República y los ministerios de Trabajo y de Hacienda.

Con esta determinación judicial, el incremento del salario mínimo continúa vigente, al menos de manera provisional, mientras avanza el estudio del caso.

En el fallo, el despacho judicial dejó claro que no encontró razones suficientes para ordenar la suspensión inmediata de la norma. “Se niega la medida provisional solicitada por el apoderado, por las razones expuestas en la decisión”, señala el documento judicial.

Linares había argumentado que el aumento salarial podría generar un perjuicio irremediable, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para los trabajadores informales.

Según su postura, el incremento eleva de forma significativa los costos laborales, lo que podría derivar en despidos, cierre de negocios y un aumento de la informalidad. Sin embargo, el juzgado no acogió estos argumentos para adoptar una medida urgente.

La tutela se fundamenta en la presunta vulneración del derecho al debido proceso y en el desconocimiento del principio de concertación tripartita, que exige un diálogo entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores antes de fijar el salario mínimo.

De acuerdo con Linares, el decreto fue expedido sin que se agotara un verdadero proceso de concertación en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Además, el exmagistrado cuestionó que el Gobierno haya sustentado su decisión en el concepto de “salario vital”, el cual, según él, se apoya en un criterio extralegal basado en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y no en los parámetros tradicionales que se emplean para definir el aumento salarial.

Otro de los puntos señalados en la demanda es el impacto conjunto del alza del salario mínimo (23 %) y del auxilio de transporte (24,5 %), lo que en promedio representaría un incremento cercano al 23,7 % en los costos laborales.

Aunque la suspensión provisional fue negada, el proceso judicial continúa, y será el juez quien determine en su momento si hubo o no vulneración de derechos fundamentales en la expedición del decreto que fijó el salario mínimo para 2026. Mientras tanto, el aumento decretado por el Gobierno sigue plenamente en firme.