Juicio contra Álvaro Uribe: tribunal de Bogotá avala pruebas claves en el proceso contra el expresidente
La jueza 44 de conocimiento de Bogotá aceptó las pruebas que implican al expresidente en presunta presión a testigos.
Este miércoles 16 de octubre, los integrantes de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá falló en primera instancia una tutela presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe contra el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que lleva su caso por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
Los profesionales en Derecho Jaime Granados y Jaime Lombana, defensores de Uribe, argumentaron que se les vulneró el derecho a la defensa material y técnica, así como la posibilidad de contradicción y acceso a pruebas clave en el proceso que se adelanta en su contra.
Además, en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, la jueza 44 de conocimiento de Bogotá aceptó como prueba las interceptaciones telefónicas entre el exmandatario y el entonces representante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma. Estas interceptaciones, relacionadas con la investigación por presunta presión a testigos, fueron admitidas a pesar de las objeciones de la defensa de Uribe y del delegado del Ministerio Público.
La jueza argumentó que las grabaciones constituyen un “hallazgo imprevisto o casual”, derivado de la investigación del “cartel de la toga”.
También citó fallos previos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que avalaban la inclusión de estas pruebas y pronunciamientos de la Corte Constitucional, relacionados con una tutela interpuesta por los abogados de Uribe.
Durante la audiencia, también se mencionó que en la fase de juicio se analizará si las interceptaciones fueron obtenidas de manera ilegal, en atención a los argumentos presentados por la fiscal Marlene Orjuela ante la Corte Suprema.
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De igual manera, se abordará la solicitud de excluir las grabaciones de conversaciones entre Uribe y el abogado Diego Cadena Ramírez, acusado de presionar a ex paramilitares para que se retractaran de sus declaraciones. }
La defensa del procesado y el Ministerio Público alegan que estas interceptaciones violaron el “secreto profesional” entre abogado y cliente, garantizado por la Constitución, y que el derecho a la intimidad de Uribe fue vulnerado.
Uribe ha negado que dio órdenes a Cadena para ejercer presión sobre testigos, afirmando que solo le pidió verificar ciertas versiones que le habían llegado. Los testimonios en cuestión provienen de ex paramilitares que, en los años 90, habían acusado a Uribe de promover grupos de autodefensa en Yarumal (Antioquia) y luego se retractaron, supuestamente, por presiones del senador Iván Cepeda.
Sin embargo, la fiscal del caso subrayó que Diego Cadena no tenía un contrato formal como abogado del expresidente, aunque actuó en su nombre ofreciendo beneficios jurídicos y dádivas a los testigos para que cambiaran su versión. Uribe enfrentará cargos por fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.