Juzgado abre incidente de desacato contra el alcalde de Popayán por la crisis sin fin en la carceleta 'Laura Valencia'
Lo que en 2020 nació como una polémica decisión de convertir una escuela en prisión transitoria, hoy tiene al actual mandatario, Juan Carlos Muñoz Bravo, enfrentando sanciones por no acatar la orden judicial que exige su desmonte inmediato.
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán dio apertura formal a un incidente de desacato en contra del actual alcalde municipal, Juan Carlos Muñoz Bravo. La medida judicial responde al presunto incumplimiento de la sentencia modificada el 28 de marzo de 2025, la cual ordenaba, en un plazo máximo de seis meses, el desmonte definitivo del Centro Transitorio de Reclusión que funciona en las antiguas instalaciones de la Institución Educativa Laura Valencia.
De centro educativo a "solución" temporal fallida: el origen de la crisis
Para entender la magnitud del problema, es necesario retroceder a noviembre de 2020. Durante la administración del entonces alcalde Juan Carlos López Castrillón, se desató una fuerte polémica local, documentada por medios como W Radio, cuando la Alcaldía decidió transformar la antigua escuela Laura Valencia en un centro carcelario improvisado.
Caracol Radio
En su momento, líderes comunitarios denunciaron que habían elevado múltiples solicitudes para que el centro educativo fuera restaurado por fallas estructurales. Sin embargo, no fueron escuchados, y el gobierno de López Castrillón optó por adecuar el espacio para albergar a personas privadas de la libertad, argumentando que sería una "medida temporal" para descongestionar las estaciones de policía y la URI. Seis años después, la provisionalidad se convirtió en una trampa humanitaria.
Hoy, bajo la administración de Muñoz Bravo, el tribunal determinó que no se ha cumplido con el traslado de los internos a establecimientos del INPEC con condiciones dignas, agravando la crisis. Informes técnicos revelados durante el proceso de desacato documentan un alarmante nivel de hacinamiento e insalubridad al interior de la antigua escuela:
- En la frágil estructura permanecen 303 Personas Privadas de la Libertad (PPL), superando ampliamente su capacidad.
- Las baterías sanitarias colapsaron, obligando a los reclusos a orinar en contenedores plásticos.
- El edificio (que ya amenazaba ruina cuando era colegio) presenta techos en mal estado, agrietamientos, nula ventilación e instalaciones eléctricas peligrosas.
- Existe un alto riesgo de inundación por la cercanía con el río Molino, amenazando la vida de los internos.
"Como no dan abasto las baterías sanitarias los PPL tienen que orinar en contenedores... En cuanto los lineamientos dispuestos mínimos para espacios temporales de reclusión, el informe señala que no cumple con dichos parámetros", detalla el documento judicial.
Las alternativas planteadas por la actual Alcaldía, como trasladar a los reclusos a la antigua sede del CTI o a la Escuela Laura Garrido, han fracasado debido a trabas burocráticas del INPEC y a que los nuevos inmuebles propuestos tampoco cumplen con las condiciones de seguridad estructural.
Derechos colectivos vulnerados: La decisión de 2020 de ubicar una cárcel en una zona urbana densamente poblada vulneró el derecho a la seguridad y salubridad de los vecinos del sector, quienes recientemente han sufrido afectaciones por intentos de fuga y alteraciones del orden público.
Sanciones inminentes: De comprobarse la negligencia administrativa actual, la Ley 472 de 1998 establece que el alcalde Muñoz Bravo podría enfrentar multas de hasta 50 salarios mínimos mensuales, conmutables con arresto de hasta seis meses.
Fallas estructurales del Estado: El caso es el reflejo de la profunda crisis del sistema penitenciario en el Cauca, evidenciando la ineficacia del INPEC y la USPEC, y el fracaso de las improvisaciones políticas a nivel local.
A la espera de que la justicia tome una decisión de fondo sobre la sanción al mandatario, 303 personas continúan hacinadas en las ruinas de lo que debió volver a ser un colegio, mientras la comunidad aledaña exige recuperar la tranquilidad arrebatada. Información en desarrollo.
#Popayan #Cauca #NoticiasCauca #CrisisCarcelaria #LauraValencia #Desacato #JuanCarlosMuñoz #WRadio #INPEC #DerechosHumanos
¿Crees que fue un error desde el principio convertir la escuela Laura Valencia en carceleta? Déjanos tu opinión en los comentarios.