La autonomía indígena en debate: ¿Se desmorona el marco normativo de ATEA?

La Corte Constitucional de Colombia ha admitido parcialmente la demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) contra el Decreto Ley 1094 de 2024, conocido como Decreto ATEA. Este decreto, que regula las competencias de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA) del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), ha generado un amplio debate sobre el equilibrio entre la autonomía indígena y la supremacía constitucional.

El trasfondo del Decreto ATEA

El Decreto 1094 fue diseñado para fortalecer la autonomía de las comunidades indígenas, permitiéndoles gestionar asuntos ambientales, territoriales y económicos. Sin embargo, el artículo 2(H) del decreto, que incluye normas indígenas dentro del denominado "bloque jurídico intercultural de constitucionalidad", ha sido cuestionado por fragmentar el sistema jurídico colombiano y poner en riesgo la unidad del Estado.

FEDe. Colombia argumenta que la inclusión de estas normas en el bloque de constitucionalidad otorga a las disposiciones indígenas un estatus normativo paralelo al de la Constitución, violando los principios de supremacía constitucional y unidad normativa establecidos en los artículos 4 y 93 de la Constitución.

La decisión de la Corte

El pasado 15 de noviembre, la Corte Constitucional admitió el cargo relacionado con el artículo 2(H) del decreto, reconociendo que este plantea un debate crucial sobre los límites del pluralismo jurídico en Colombia. La demanda alega que el artículo 2(H) podría generar un sistema legal dual, dificultando la armonización entre las normas indígenas y el orden constitucional general【14†source】【15†source】【16†source】.

Además, la Corte rechazó otros cargos de la demanda por considerar que carecían de claridad o pertinencia. La Fundación ajustó sus argumentos para centrar el debate en cómo las disposiciones normativas indígenas, al incluirse en el bloque de constitucionalidad, pueden impactar la cohesión del sistema jurídico colombiano.

Tensiones entre autonomía y supremacía constitucional

El pluralismo jurídico, consagrado en la Constitución, busca respetar la diversidad cultural del país. Sin embargo, este principio no puede interpretarse como una autorización para crear sistemas normativos paralelos que operen fuera del marco constitucional. La Corte deberá establecer si el Decreto 1094 respeta los límites impuestos por la Constitución al otorgar competencias normativas a las autoridades indígenas.

FEDe. Colombia celebra la apertura de este espacio de deliberación, señalando que permitirá defender valores fundamentales como la supremacía constitucional, la unidad del Estado y la igualdad ante la ley. Por su parte, las comunidades indígenas consideran que el decreto es esencial para garantizar su autodeterminación y protección de los territorios.

Un debate trascendental

La discusión que se adelanta en la Corte Constitucional definirá el alcance del pluralismo jurídico en Colombia y su compatibilidad con los principios de supremacía constitucional y unidad normativa. Este fallo será crucial para delinear el futuro de las relaciones entre el Estado colombiano y las comunidades indígenas.

Mientras tanto, la Fundación para el Estado de Derecho reafirma su compromiso con un modelo inclusivo y pluralista, pero enmarcado siempre dentro de los principios de la Constitución.