La Avenida de Los Próceres: entre intereses particulares, improvisación y un patrón de aplazamientos en Popayán

La extensión del contrato de obra hasta el 31 de diciembre de 2026 reaviva los cuestionamientos sobre la concepción del proyecto bajo la administración de Juan Carlos López Castrillón y la falta de gestión del actual alcalde, Juan Carlos Muñoz Bravo

La Avenida de Los Próceres: entre intereses particulares, improvisación y un patrón de aplazamientos en Popayán

La construcción de la Diagonal 31 N, conocida como la Avenida de Los Próceres, suma un nuevo episodio de incumplimiento e incertidumbre en Popayán tras la firma de su séptimo modificatorio contractual. Esta decisión administrativa extiende la fecha de terminación de la obra hasta el 31 de diciembre de 2026, un aplazamiento que desata severas críticas ciudadanas ante lo que sectores de la opinión pública califican como una muestra de improvisación, rectificación y una concepción orientada al interés particular por encima del bienestar colectivo.

La indignación ciudadana se centra en la responsabilidad de dos administraciones municipales. Por un lado, la gestión del exalcalde Juan Carlos López Castrillón (periodo en el que inició la obra en 2022 y cuyo diseño e inicio han sido fuertemente cuestionados); y por otro, la del actual mandatario Juan Carlos Muñoz Bravo, a quien se le critica la falta de capacidad operativa y administrativa para destrabar un proyecto vial que sigue acumulando trabas y afectando directamente a los habitantes de barrios como Valle del Ortigal, Valle Robledo y Lomas de Granada.

El contrato original (No. 20221800022777), suscrito por un valor que hoy alcanza los $41.910.140.382, tuvo su acta de inicio el 15 de febrero de 2023. Apenas un mes después, el 24 de marzo de ese año, las obras fueron suspendidas por falta de trámites en la licencia ambiental ante la CRC, una parálisis que duró hasta octubre de 2024 y que evidenció falencias en la planeación inicial del proyecto.

Radiografía de los fallos técnicos y aplazamientos continuos

La solicitud de prórroga presentada por el Consorcio Suroccidente deja en evidencia un historial de obstáculos técnicos, prediales y ambientales que no fueron resueltos a tiempo:

  • Falta de planeación predial y ambiental: Los Tramos 3, 4 y el sector de Valle Robledo continúan con restricciones de licencias y sin disponibilidad predial suficiente para ser intervenidos.
  • Interferencias con servicios públicos: La ejecución de la vía ha chocado de manera constante con redes de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, alterando el cronograma constructivo.
  • Complejidad geotécnica no anticipada: Estudios hidráulicos obligaron a replantear la contención de los Muros 1 y 2 en el Tramo 1 mediante cimentación profunda, debido al riesgo de socavación por el río Cauca.
  • Alcance limitado del nuevo plazo: La prórroga concedida solo permitirá ejecutar obras físicamente posibles en los Tramos 1 y 2, dejando incertidumbre sobre la finalización total de la avenida.

El manejo del anticipo y la exigencia de control jurídico

Otro de los puntos que genera mayor sensibilidad es la administración del anticipo entregado al contratista por $14.668.549.134, correspondiente al 35% del valor total de la obra. Aunque el modificatorio No. 7 endurece las reglas operativas de la fiducia para que los recursos se destinen exclusivamente a materiales e insumos directos, la opinión pública reclama un actuar más riguroso de la Alcaldía frente a los constantes retrasos.

El debate ciudadano y periodístico pone el foco en la permisividad institucional y el papel de la Oficina Asesora Jurídica del municipio:

"La pregunta que hoy merece una respuesta clara es: ¿qué razones técnicas y jurídicas justifican estas decisiones? ¿Se protegieron primero los intereses del municipio o se terminó favoreciendo al contratista con nuevas oportunidades mientras la ciudadanía continúa esperando?"

Asimismo, se cuestiona el rol de la Secretaría de Infraestructura, a la que se le exige dejar de ser un actor pasivo que solo recibe informes del contratista, para asumir un control técnico real en el terreno.

¿Por qué importa? Impacto en el desarrollo de Popayán

Lo que ocurre con la Avenida de Los Próceres refleja una crisis de ejecución en la infraestructura vial de Popayán y del departamento del Cauca. Esta obra no solo representa una solución de movilidad para descongestionar el tráfico hacia la variante, sino que se ha convertido en el termómetro de la confianza ciudadana hacia las instituciones locales.

La percepción generalizada es que los grandes proyectos de ciudad, concebidos históricamente en medio de cuestionamientos o intereses particulares, terminan convertidos en "obras eternas" que generan un grave desgaste social y económico para las comunidades del occidente payanés, mientras la agenda municipal parece concentrarse en intervenciones menores.

Tras la firma electrónica en la plataforma SECOP II, la interventoría impuso una condición estricta: el contratista deberá implementar un Plan de Contingencia para recuperar los atrasos de los Tramos 1 y 2 durante los dos primeros meses de la prórroga. Corresponderá al Concejo Municipal de Popayán ejercer un control político efectivo para evaluar si esta séptima modificación contractual fue la definitiva o si la obra requerirá sanciones contundentes por incumplimiento.

📄 Documento oficial para control ciudadano: En estricta coherencia con nuestro compromiso de transparencia informativa y veeduría pública, ponemos a disposición de la comunidad payanesa el archivo original MODIFICATORIO No. 7.pdf. En este documento de seis páginas, suscrito entre la Alcaldía de Popayán y el Consorcio Suroccidente, usted podrá verificar directamente las justificaciones técnicas expuestas por el contratista, las estrictas cláusulas que ahora regulan el desembolso del millonario anticipo y el acuerdo legal que oficializa la entrega de los Tramos 1 y 2 de la Avenida de Los Próceres para el 31 de diciembre de 2026. No se quede con el titular: descárguelo, analícelo y ejerza su derecho al debate fundamentado.

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