La crisis inducida al sistema de salud en Colombia

Durante más de tres décadas, el sistema de salud colombiano funcionó con algunas limitaciones y desigualdades, logró consolidar avances significativos en cobertura, acceso y capacidad de respuesta.

Colombia llegó a exhibir indicadores reconocidos en América Latina por la oportunidad en consultas médicas, el acceso relativamente amplio a medicamentos y la capacidad hospitalaria para responder a procedimientos quirúrgicos y tratamientos especializados. Aunque existían críticas al funcionamiento de las EPS, el modelo permitió que millones de colombianos accedieran a servicios de salud que antes eran impensables para amplios sectores de la población.

El gobierno del pacto impulsó una confrontación abierta contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS), responsabilizándolas de todos los males del sistema. Esta ofensiva inducida desde el alto gobierno, terminó profundizando una crisis que hoy afecta especialmente a los usuarios.

El actual ministro de Salud, uno de los principales promotores de la transformación radical del sistema durante los años 2024 y 2025, desapareció prácticamente del escenario público en 2026, después de haber implementado de manera efectiva la creación de las condiciones políticas y financieras que precipitaron el colapso de numerosas EPS. El país atraviesa hoy la peor crisis sanitaria y administrativa de las últimas décadas. Lo que antes eran dificultades puntuales se transformó en un deterioro estructural que golpea directamente a los pacientes. Actualmente, las filas para solicitar una cita médica, reclamar medicamentos o acceder a una atención hospitalaria son interminables y se ven a diario; basta pasar frente a las sedes de las entidades de salud para ser testigo de la desesperación, el abandono institucional y la indignante vulneración del derecho fundamental a la salud a la que están sometidos miles de pacientes.

Las consecuencias son visibles en todo el país. La Procuraduría General advirtió sobre el crecimiento exponencial de tutelas, desacatos y quejas de usuarios en los últimos tres años.

La falta de medicamentos se convirtió en el principal motivo de acciones judiciales, mientras miles de pacientes deben acudir diariamente a la tutela para obtener tratamientos básicos.

Mientras tanto, clínicas y hospitales enfrentan una asfixia económica sin precedentes.

Numerosas instituciones han comenzado a restringir servicios, cerrar áreas de atención o negar recepción de pacientes ante la falta de pagos. Esta dura realidad es la que golpea particularmente a regiones históricamente vulnerables como el Cauca.

El Hospital San José de Popayán, principal centro asistencial del sur del país y eje de la red hospitalaria caucana, no es la excepción, vive una situación crítica desde 2024. Las deudas acumuladas por EPS como Nueva EPS, Emssanar, Coosalud, AIC y Asmet Salud tienen a la institución al borde del cierre, comprometiendo pagos de salarios, pagos a proveedores y la continuidad de servicios médicos esenciales.

La gravedad del problema trasciende lo financiero. El eventual cierre o debilitamiento del Hospital San José en Popayán significaría una tragedia humanitaria para miles de habitantes del Cauca y departamentos vecinos.

En una región marcada por la pobreza, el conflicto armado y las dificultades de acceso, la crisis hospitalaria representa una amenaza directa contra la vida y la dignidad de la población.

Frente a este panorama, al próximo presidente, le corresponderá asumir la responsabilidad histórica de impulsar como se requiere un cambio serio, técnico y estructural al sistema de salud colombiano, corrigiendo los errores que llevaron al actual deterioro institucional en solo tres años.

Será indispensable construir un modelo que garantice estabilidad financiera para hospitales y clínicas, fortalecimiento de la red pública y privada de atención, y recuperación de la confianza de los usuarios. Pero, sobre todo, deberá asegurar que los ciudadanos puedan acceder a los servicios de salud de manera rápida, oportuna y digna, sin interminables trámites, barreras administrativas ni demoras que hoy ponen en riesgo la vida de miles de usuarios. De continuar el mismo esquema, los colombianos quedarán expuestos a la desprotección del derecho fundamental a la salud, como desenlace de la crisis inducida por el gobierno que debilito la capacidad operativa del sistema de salud, donde los sectores más vulnerables terminan asumiendo las consecuencias de un sistema incapaz de garantizar condiciones mínimas de cobertura, oportunidad y calidad.