La CUT y organizaciones sociales convocaron a paro nacional contra la reforma tributaria

La jornada del 19 de noviembre será una prueba de fuerza para la CUT y los sectores convocados. En el Congreso, el debate girará en torno a quién asumirá el ajuste y cómo se distribuirán sus costos.

La CUT y organizaciones sociales convocaron a paro nacional contra la reforma tributaria

El anuncio de un paro nacional para este jueves 19 de noviembre abrió un nuevo frente de tensión alrededor de la reforma tributaria que el Gobierno de Abelardo tramita en el Congreso.

Miguel Fernández, uno de los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Cauca, anunció la movilización y afirmó: «Vamos al paro nacional el 19 de noviembre contra el gobierno de Abelardo y su reforma tributaria, que impone impuestos a la comida del 19 %».

Desde la central se convocó a organizaciones sindicales, sociales, populares, indígenas, afro, campesinas y raizales, además de movimientos estudiantiles, juveniles y de mujeres. La CUT espera una participación masiva para presionar al Legislativo y rechazar el proyecto.

El proyecto, de 106 artículos, fue presentado el 29 de octubre y propone un ajuste fiscal con nuevos impuestos al consumo y cambios en el impuesto de renta. Uno de los puntos más cuestionados es la aplicación de una tarifa de IVA del 19 % a café tostado, azúcar, granos, chocolate, aceites, cebolla, tomate, plátano, fríjoles, lentejas, pastas, queso y algunos productos procesados.

Los embutidos cárnicos, según la descripción difundida de la propuesta, conservarían la exención; esa información señala que el segmento está manejado íntegramente por Nutresa. Desde 2027, quienes reciban ingresos anuales desde unos $37,7 millones pasarían a tributar con una tarifa inicial del 9 %. El umbral se ubica, según las cifras citadas, entre $3,1 millones y $4,7 millones mensuales.

El proyecto incluye gravámenes a bebidas azucaradas, licores, tabaco, vapeadores y juegos de azar en línea. La CUT advierte de un alza del 60 % en internet y de mayores aportes a seguridad social para quienes ganen cerca de dos salarios mínimos. Según sus voceros, el efecto acumulado encarecería gastos básicos, aunque el impacto final dependería de cómo se aplique la reforma.

El senador Iván Cepeda dijo que la iniciativa favorece a los ricos y castiga a las capas medias y a los sectores más pobres. El expresidente Gustavo Petro la rechazó. Según su cálculo, los propietarios de los cuatro mayores bancos dejarían de pagar $4 billones, mientras la población asumiría $35 billones adicionales al año por IVA a alimentos, cotizaciones para EPS privadas e impuesto de renta ampliado hacia ingresos bajos.

El proyecto prevé una tarifa preferencial del 20 % para inversiones significativas, incluidas las de multinacionales extranjeras; baja la tasa sobre las rentas de capital del 35 % al 31 % y elimina el impuesto al patrimonio. Cepeda y Petro cuestionan esos beneficios frente a las cargas sobre consumidores y asalariados. El Gobierno plantea reducir el gasto estatal en $45 billones.

El Ejecutivo buscaría ese ahorro mediante la reestructuración de entidades, incluida la fusión de ministerios. Líderes sindicales estiman que los cambios podrían destruir 700.000 empleos y alertan sobre los efectos en el sector público y en la prestación de servicios.

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero difundió un cálculo de los beneficios tributarios que, según él, recibirían varios grupos bancarios durante los próximos cuatro años: $2 billones para GEA/Bancolombia; $709.000 millones para Gilinski/Sudameris; $702.000 millones para Cortés/Davivienda, y $460.000 millones para Sarmiento/Banco de Bogotá.

Quintero calculó también el impacto sobre una persona que gana $4,5 millones al mes: pagaría $792.000 más en salud, $220.000 en renta, $900.000 en alimentos, $180.000 en internet, $60.000 en telefonía móvil y $120.000 en gasolina. Agregó que su empleador pagaría $3 millones adicionales por tenerla contratada. «Este era el milagro», concluyó el exalcalde.

La jornada del 19 de noviembre será una prueba de fuerza para la CUT y los sectores convocados. En el Congreso, el debate girará en torno a quién asumirá el ajuste y cómo se distribuirán sus costos.