La Defensoría alerta por recrudecimiento del conflicto y expansión de carteles mexicanos en el Cauca
Se estima que existen 25.000 hectáreas de cultivos de coca en el Cañón del Micay, lo que ha provocado deforestación, contaminación de fuentes hídricas con mercurio y pérdida de biodiversidad.
La Defensoría del Pueblo presentó su más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en el departamento del Cauca, en el marco del Plan Cauca 2025.
El documento advierte un agravamiento de la crisis humanitaria y una reconfiguración del conflicto armado, en la que intervienen grupos locales aliados con estructuras del narcotráfico transnacional, entre ellas los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Según el informe, la presencia de estas organizaciones extranjeras ha profundizado la violencia y el control territorial, impulsando la expansión de los cultivos de coca y la minería ilegal, especialmente en zonas como el Cañón del Micay, Argelia, López de Micay, Timbiquí y el norte del departamento.
Se estima que existen 25.000 hectáreas de cultivos de coca en el Cañón del Micay, lo que ha provocado deforestación, contaminación de fuentes hídricas con mercurio y pérdida de biodiversidad.
Entre los hallazgos más graves, la Defensoría registró 18 masacres entre 2024 y septiembre de 2025, con 69 víctimas, y un incremento del 89 % en los casos de afectaciones por artefactos explosivos.
También alertó sobre el reclutamiento forzado de menores, la violencia sexual contra mujeres y lideresas y el asesinato de defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz.
La entidad advierte que la consolidación de los carteles mexicanos en el suroccidente colombiano ha modificado las dinámicas del narcotráfico, al introducir sistemas de producción industrial y redes logísticas que fortalecen a las disidencias de las FARC y otros grupos armados ilegales.
“El Cauca atraviesa una reconfiguración del conflicto caracterizada por la multiplicación de actores armados, la expansión de economías ilícitas y la consolidación de poderes ilegales que sustituyen al Estado”, señala el informe.
La Defensoría pidió al Gobierno Nacional reforzar la presencia institucional, proteger a las comunidades étnicas y campesinas y activar medidas urgentes de prevención y atención humanitaria en las zonas más afectadas.