La derecha política convierte la vida sexual de Petro en un arma de confrontación

Son apenas 50 segundos, pero han bastado para desplazar la conversación pública en Colombia. Mientras el presidente Abelardo de la Espriella avanza con una reforma tributaria que aumenta los impuestos y con una ley para negociar con las bandas criminales, y mientras los grupos armados multiplican sus ataques, el país discute sobre la vida íntima de Gustavo Petro.

El detonante es un video en el que el expresidente, de 66 años y figura central de la izquierda, aparece besándose con Deicy Jiménez, una mujer 40 años menor. Hace dos semanas, Jiménez lo acusó de haber armado una red de mujeres a las que recompensaba con contratos públicos a cambio de favores sexuales. La Fiscalía investiga el caso.

La derecha ve en el escándalo una oportunidad política. La novedad es que no es la única que cuestiona a Petro: mujeres de su propio sector sostienen que, aunque no se probara corrupción, habría un abuso de poder en la forma en que se relacionó con ella.

La primera denuncia vino del propio Gobierno. A finales de octubre, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ríos, afirmó ante el Congreso que Petro “tenía 48 mujeres que lamentablemente instrumentalizaba a punta de OPS”, es decir, órdenes de prestación de servicios. No aportó detalles ni pruebas.

Pocos días después, Jiménez habló en Semana, revista conservadora cercana a De la Espriella que ha publicado buena parte de los escándalos del Gobierno anterior. Dijo que Petro “usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos”. Contó que lo conoció en 2019, cuando él era senador y ella trabajadora sexual. Los registros públicos confirman que entre 2023 y 2026 tuvo contratos en el Senado, una superintendencia, el Ministerio del Interior y el DAPRE.

La Fiscalía y la Procuraduría abrieron indagaciones. El miércoles, Jiménez publicó el video, grabado sin autorización de Petro, y dijo que respalda su versión. Pero las imágenes solo muestran el beso: no prueban que los contratos dependieran de relaciones sexuales.

Petro no negó el vínculo, pero sí las acusaciones. “No hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”, escribió en un largo mensaje. Atribuyó la polémica a una “cortina de humo” de los medios para tapar la gestión de De la Espriella y preguntó: “¿Nos creen ingenuos? ¿Nos creen pendejos?”. Tiempo atrás había dicho que vomitaría sobre sí mismo si alguna vez hubiera dado un contrato “a cambio de relaciones sexuales”.

Jiménez, por su parte, pidió en Instagram que la justicia y el Gobierno garanticen su seguridad y la de su familia: “Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”.

El jueves, Noticias Caracol divulgó una conversación de diciembre de 2025 entre Petro y la entonces directora del DAPRE, Angie Rodríguez, quien en los últimos meses lo ha acusado de corrupción, acoso laboral y “una vida desordenada”.

En el chat, Rodríguez le cuenta que fue admitida en un doctorado. Petro no responde a la noticia y le envía un PDF titulado “DeicyJimenez”, con la petición de mantenerle un contrato en el Ministerio del Interior. Las fechas coinciden con los registros: en diciembre terminaba un contrato de 11 millones de pesos mensuales (unos 3.400 dólares) y en enero empezó otro de 30 millones (cerca de 9.300 dólares).

Los rumores sobre las relaciones de Petro con mujeres como Juliana Guerrero, una joven funcionaria que acumuló un poder difícil de explicar, ya eran conocidos. También lo eran los casos de corrupción en su entorno que nunca llegaban hasta él. Esta vez se combinan el morbo sobre su intimidad y la sospecha de que influyó en decisiones de gobierno.

“El video pone contra las cuerdas a Petro. Y no es por su vida privada. Se trata de si usó dineros públicos para obtener servicios sexuales, especialmente de mujeres vulnerables”, dijo Vicky Dávila, presidenta de Publicaciones Semana y una de las voces más duras contra el expresidente. La exsenadora María Fernanda Cabal, de derecha, añadió: “Ojalá la justicia llegue hasta el fondo”.

Las críticas desde la izquierda

Lo más llamativo es la reacción de mujeres progresistas. La senadora Jennifer Pedraza, una de las pocas críticas de Petro dentro del sector, escribió en X: “Si se comprueba, estamos ante una forma de explotación sexual y abuso de poder inadmisible. Ninguna persona que utilice su poder político para someter a mujeres puede escudarse en un discurso progresista”.

También lo hizo la excongresista Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, el partido de Petro. Para ella, el consentimiento “no es libre en una relación asimétrica y de poder”, y “la desproporción del estatus, la diferencia de edad y la vulnerabilidad económica anulan la horizontalidad del vínculo”.

La politóloga e influenciadora de izquierda Karol Solís Menco rechazó el argumento de que se trata de una relación consentida entre adultos. Su publicación acumula más de 95.000 “me gusta”: “Si un presidente aprovecha las necesidades económicas de una mujer para obtener favores sexuales, está aprovechando la vulnerabilidad que un proyecto progresista dice combatir”.

El silencio del Pacto Histórico

La dirigencia del partido tardó en pronunciarse. El senador Iván Cepeda, excandidato presidencial, se negó a hablar el jueves cuando le preguntaron los periodistas. El viernes emitió un comunicado, sin mencionar a las mujeres, en el que defiende “el manejo escrupuloso, responsable y transparente de los recursos públicos” como principio del partido y la obligación de “responder por nuestros actos, siempre con la verdad”. Añadió que Petro ha mostrado disposición a colaborar y que debe respetarse la presunción de inocencia.

La excongresista María José Pizarro dijo que el contrato de Jiménez en el Senado no obedeció “a nada distinto que su vinculación laboral” y que no participará en “el linchamiento” de la prensa contra Petro. Aclaró, sin embargo, que no se prestará “al irrespeto contra las mujeres” y que la denunciante debe ser escuchada “con todas las garantías”. Las congresistas del Pacto Histórico publicaron un comunicado conjunto en esa línea: la denuncia debe ser atendida con respeto, ninguna mujer que acuda a la justicia merece descalificaciones y deben respetarse la presunción de inocencia y el debido proceso.

El periodista Daniel Coronell, crítico de De la Espriella, había advertido a la izquierda de que el silencio era un error: “Si ustedes no establecen una posición clara y ética sobre lo que pasó, sencillamente la gente va a tomar la decisión de no acompañarlos (…) Va a ser el fin de la posibilidad política de la izquierda colombiana”.

Por ahora, nadie sabe cuánto crecerá el escándalo ni durante cuánto tiempo seguirá dominando la agenda política del país.