LA EDUCACIÓN DEBE CONTINUAR

Por: Emmanuel Espinel

En el presente escrito, pretendo explicar de la manera más sencilla posible los decretos que reglamentan los contratos que firma el municipio con estas congregaciones y la política educativa detrás de estas normas.

Empecemos diciendo que todos los gobiernos, incluido el actual del Presidente Petro, han seguido la misma política, promovida desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, y más recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de hacer de la mala educación una política de Estado.  

Esta política se basa en privatizar la educación bien sea parcial o totalmente, la gravedad de que esto suceda radica en que la educación es una necesidad que satisface no a un grupo, clase, etnia o persona en particular, sino a la nación en su conjunto, y hasta si se quiere, a la especie humana en general, por eso, por definición, la educación debe ser de acceso universal, es decir, pública, que garantice la posibilidad de educarse tanto al hijo del empresario como al hijo del trabajador o el campesino. Debe ser financiada por el Estado, porque es el único actor capaz de financiar lo que significa transmitir y crear conocimiento (ciencia). Y debe estar al servicio del desarrollo de la nación, es decir, de la generación de riqueza, de desarrollo agrícola, industrial, de cambio en las condiciones de vida de la población. Por eso, las mejores universidades e instituciones educativas del mundo reciben enormes recursos estatales para transmitir y generar conocimiento. Pero en Colombia, siguiendo la política privatizadora del FMI, el Banco Mundial y la OCDE esto nunca ha sucedido.

Veamos los siguientes datos: mientras en Finlandia el gasto total en educación es del 12,1% del PIB, en Colombia es del 5,3%. Mientras en ese mismo país el gasto en investigación y desarrollo (ciencia) es de casi el 3% del PIB, en Colombia es de apenas el 0,29%. Podríamos seguir detallando nación por nación y en la inmensa mayoría de los países con grados respetables de desarrollo encontraríamos que la financiación de la educación es un pilar fundamental para explicar tal desarrollo. En Colombia, por el contrario, en lugar de aportarle le quitamos. Desde el 2001 por cuenta del Acto Legislativo 01 del 2001 y 04 del 2007 promovidos por el FMI, la educación básica y media ha perdido cerca de 200 billones de pesos.  

Ahora sí ¿cómo funcionan actualmente los colegios administrados por congregaciones religiosas en Popayán? Su funcionamiento está regido por dos decretos: el 1851 de 2015 y el 770 de 2025, recientemente aprobado por el Presidente y el Ministro de Educación Daniel Rojas Medellín, que reafirma la política educativa de los gobiernos anteriores. La contratación del servicio público educativo, como llama el Decreto lo que debería ser un Derecho, se puede realizar siempre y cuando existan dos situaciones: 1) que la entidad territorial, en este caso Popayán, tenga limitaciones para prestar el “servicio” educativo o 2) presente insuficiencias bien sea en infraestructura física o en personal para prestar el servicio. Si el municipio logra demostrar con solvencia una de estas condiciones puede llevarse a cabo la “contratación del servicio educativo”.

Son 4 los tipos de contrato que se pueden realizar bajo este esquema con privados: 1) contratos de prestación del servicio educativo; en estos la entidad territorial contrata con un propietario de un establecimiento educativo no oficial que tenga reconocida trayectoria e idoneidad el “servicio público educativo” que se firma por 1 año y debe renovarse, el pago por este contrato se denomina “canasta educativa” con lo que se cancelan los insumos, mejoras en la infraestructura, personal, entre otros. 2) Contratos para la administración del servicio educativo; en este tipo de contrato el privado administra un establecimiento educativo oficial, del municipio, a cambio de lo cual recibe también por su administración su “canasta educativa”, pueden ser de mínimo 2 años y hasta por 12 años. 3) Contratos para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico a celebrarse con iglesias o confesiones religiosas; en este tipo de contrato a diferencia de los anteriores el privado debe ser congregación religiosa o iglesia y no presta el servicio educativo, sino que apoya o asiste pedagógicamente a la institución ya establecida, por lo cual, también recibe su contraprestación económica. 4) Contratos con Establecimientos Educativos mediante subsidio a la demanda; en estos contratos la entidad territorial contrata con establecimientos educativos privados la atención de un número determinado de estudiantes, cancelando a estos su respectiva “canasta educativa”.

Más allá del esquema privatizador promovido por la “contratación del servicio educativo” es necesario que se advierta la importante población de 8.500 estudiantes que atienden las instituciones educativas dirigidas por congregaciones religiosas en Popayán, que todo cambio que se promueva tenga en cuenta que en las condiciones actuales no existen otras instituciones capaces de atender tal demanda, por lo que su desarrollo debe considerar la calidad educativa, el carácter público de la educación y la garantía de Derecho de los miles de niños y jóvenes que no puede verse afectada. La educación debe continuar.