La exfiscal colombiana que huye de las autoridades tras comprobarse que favorecía a narcotraficantes
María Teresa Suárez fue por más de veinte años funcionaria de la Fiscalía. Estuvo en la dirección contra el narcotráfico, donde su carrera se empezó a torcer.
El caso de la exfiscal, María Teresa Suárez, reconocida por su labor en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, dio un giro tras la emisión de una sentencia condenatoria en su contra por su responsabilidad en el delito de prevaricato.
La funcionaria, que durante más de veinte años formó parte de la Fiscalía General de la Nación y llegó a recibir el prestigioso premio Enrique Low Murtra, ahora huye de la justicia colombiana, de acuerdo con información aportada por las fuentes durante el proceso.
Y es que la investigación judicial estableció que Suárez, que ocupó cargos de alta responsabilidad en la dirección contra el narcotráfico, utilizó su cargo para favorecer a integrantes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.
De acuerdo con la acusación expuesta por la Fiscalía, la exfuncionaria de esa entidad intervino en procesos relacionados con el camuflaje de drogas en furgones y camionetas, adoptando decisiones que beneficiaron directamente a los narcotraficantes.
La gravedad de sus actuaciones fue tal que varios jueces alertaron sobre las irregularidades detectadas en diferentes procedimientos judiciales.
En el escrito de acusación, la Fiscalía dejó bien claro que Suárez no solo omitió fundamentos legales sólidos para justificar la participación de los procesados en los hechos investigados, sino que actuó de manera dolosa para favorecerlos.
El documento también señala que “la Fiscalía no ofreció ningún sustento jurídico para explicar el grado de participación de cada uno de los procesados en las conductas puntuales aquí investigadas y únicamente se limitó a indicar que dicha adecuación típica fue producto de un concienzudo análisis de los elementos materiales probatorios”.
Por eso, el fallo emitido el miércoles 19 de noviembre por un magistrado del Tribunal de Bogotá concluyó que Suárez era penalmente responsable de los delitos de prevaricato por acción agravada y continuada.
La sentencia subraya que la exfuncionaria ejerció sus funciones de manera irregular y a cambio de beneficios económicos de parte de varios narcotraficantes.
“En los hechos presentados es evidente que pretendieron conocer las posturas judiciales y los principios constitucionales que consultar, obviamente doloso, pretendió favorecer a los procesados en el acto de imputación, pues es claro que con base en que los medios de conocimiento advirtieron la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes”, establece la sentencia.
Tras conocerse la primera condena y luego de haberse pensionado, Suárez optó por huir de la justicia, ahora se oculta de las autoridades. Diversas versiones apuntan a que se encontraría fuera del país, específicamente en los Estados Unidos. Ante esta situación, la Fiscalía anunció que solicitará órdenes de captura internacional con el objetivo de lograr su detención y que responda en Colombia por los delitos que se le imputan.
La Corte Suprema de Justicia condenó a Tailor Ivaldy Londoño Herrera, exmagistrado del Tribunal Superior de Cartagena, a cuatro años y tres meses de prisión domiciliaria por el delito de prevaricato por acción, tras cancelar la orden de captura contra un exmilitar sentenciado por secuestro y homicidio.
La determinación judicial subrayó la gravedad de la conducta del exmagistrado, al afirmar que “la conducta desplegada por el acusado reviste superlativa gravedad porque con ella desconoció de manera palmaria el propósito de las medidas provisionales conforme el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, cuya teleología no es otra que servir de herramienta para proteger derechos fundamentales vulnerados o bajo amenaza de afrenta mientras se dicta fallo en la acción constitucional de tutela”, según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Además de la pena privativa de la libertad, Londoño Herrera deberá pagar una multa de 70,83 salarios mínimos y estará inhabilitado alrededor 85 meses para ejercer funciones públicas. Para acceder al beneficio de prisión domiciliaria, el exmagistrado tendrá que consignar una garantía equivalente a cinco salarios mínimos, como lo establece la ley colombiana.