La isla Gorgona, joya del Pacífico colombiano, se levanta en defensa de su territorio, "no a la construcción de la base militar"

En el marco del derecho étnico-territorial y del proceso organizativo de la Mesa por la Defensa de Gorgona, Mespa, comunidades, líderes ambientales y organizaciones sociales reiteran su rechazo a la construcción de una base militar en este patrimonio natural.

“Comunidades afrodescendientes e indígenas de las poblaciones del pacífico llegaron hasta esta isla para movilizarse con el fin de impedir la construcción de una base militar, porque eso representaría un daño ambiental muy grande, afectando de paso a las comunidades nativas”, expresó Venína Suñica, lideresa social de esta zona del país.

Y es que Gorgona es un paraíso ecológico, un laboratorio vivo de ciencia y biodiversidad, y un símbolo de soberanía ambiental para los pueblos del litoral Pacífico. Su importancia biológica y cultural la convierten en un espacio irreemplazable, fundamental para la investigación, la conservación y la vida misma.

“Esa es la situación que está atravesando actualmente la Isla Gorgona, un Parque Nacional Natural, un paraíso terrenal y uno de los lugares con mayor diversidad en Colombia, al cual se pretende cambiar su característica como un lugar de conservación e investigación, con la instalación de una base de guardacostas bajo el discurso de "combatir el narcotráfico y otras actividades ilícitas", agregó la lideresa al indicar que son más de 300 pobladores movilizándose en la Isla para evitar esta daño ambiental.

Este interés de EE.UU y el gobierno Colombiano en este proyecto militar inició hace más de diez años, sobrepasando las leyes y autonomía antes de empezar con la construcción, como lo es la consulta previa a las comunidades (consulta que no se realizó) y pasando por alto el daño ambiental que la construcción, las excavaciones y el tránsito de buques podrían causar en uno de los mayores generadores de oxígeno en el pacífico, el arrecife de coral de  más de 375.000 hectáreas de arrecifes que protegen nuestras costas y albergan el 25 por ciento de la vida marina.

Este proyecto es financiado por la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (OFAC), lo que ha generado debate sobre la posible influencia de intereses extranjeros en un área protegida. Un proyecto que representa una amenaza sobre la soberanía de nuestras aguas, un debate sobre los recientes ataques indiscriminados por parte de Estados Unidos a lancheros en el Caribe Americano, un debate sobre las acciones militares en contra de las comunidades, entre otros tantos.

Si bien, actualmente se presenta una suspensión frente a la obra, gracias a las acciones jurídicas de comunidades y organizaciones, el actual gobierno no ha tomado acciones sobre esta preocupante acción por parte del gobierno Estadounidense y tampoco ha brindado las garantías necesarias a las comunidades, al medio ambiente y al litoral pacífico colombiano.

La sociedad civil, junto a las comunidades negras, indígenas y colectivos ambientalistas, exigen la cancelación definitiva del proyecto militar, advirtiendo que su ejecución pone en riesgo los ecosistemas, los procesos comunitarios y los derechos de las poblaciones que han protegido históricamente este territorio.