"La negligencia ante el dolor de la gente no es otra cosa que falta de humanidad"; duras críticas al Fondo Milagro por falta de ayudas a damnificados

La falta de resultados del Gobierno de Abelardo de La Espriella para atender a las familias damnificadas por el terremoto volvió a quedar en el centro de las críticas políticas. Esta vez, las cuestionamientos apuntaron directamente al Fondo Milagro, creado para respaldar la recuperación de las comunidades afectadas, pero cuya gestión fue señalada de presentar graves retrasos y ausencia de acciones concretas.

Durante una intervención ante el Congreso de la República, una congresista cuestionó la respuesta de los ministerios de Hacienda y Vivienda y aseguró que, pese al tiempo transcurrido desde la emergencia, todavía no existen avances suficientes para garantizar que las familias que perdieron sus viviendas puedan reconstruir sus hogares.

Uno de los señalamientos más contundentes tiene que ver con la existencia de dos viviendas que, según la denuncia, permanecen sin asignación porque el Fondo Milagro ni siquiera tendría identificadas las personas que deben recibirlas.

La congresista también aseguró que, de acuerdo con una respuesta a un derecho de petición recibido entre el 9 y el 10 de noviembre, el Ministerio de Vivienda reconoció que no existen convenios suscritos, no se han transferido recursos y tampoco se cuenta con la reglamentación necesaria del Decreto 1422 para avanzar en la atención habitacional.

La situación resulta especialmente preocupante para las familias que quedaron sin techo o cuyas viviendas fueron declaradas inhabitables. Según lo expuesto en el debate, estar incluido en el Registro Único de Damnificados tampoco garantizaría recibir una solución de vivienda cuando finalmente se ponga en marcha el programa.

Otro de los puntos que generó indignación durante el debate fue la necesidad de que las administraciones territoriales recurran al endeudamiento para financiar sus propios planes de recuperación.

Como ejemplo, se mencionó que el Valle del Cauca aprobó ampliar su cupo de endeudamiento en 550.000 millones de pesos para financiar proyectos de reconstrucción y atención a los damnificados. La iniciativa responde a la magnitud de los daños registrados en el departamento, donde se reportaban alrededor de 7.500 viviendas colapsadas y otras 35.000 que no eran habitables.

La congresista también mencionó los esfuerzos financieros de Manizales y Pereira, así como los de otros territorios afectados, para responder a las necesidades de sus habitantes ante lo que calificó como una ausencia de respaldo efectivo del Gobierno Nacional.

La crítica apunta a que, mientras las comunidades esperan soluciones, las administraciones locales y departamentales deben buscar recursos propios o asumir nuevas obligaciones financieras para atender una emergencia que supera sus capacidades presupuestales.

 Catorce casas entregadas por influenciadores aumentaron las críticas

Uno de los contrastes más fuertes expuestos durante la intervención fue el trabajo realizado por los creadores de contenido Julián Pinilla, conocido como El Chico de la Ruana, y Camilo Triana, quienes consiguieron construir y entregar 14 viviendas a familias damnificadas en Buenaventura.

El proyecto fue financiado mediante donaciones de ciudadanos y contó con la participación de habitantes de la región en la compra de materiales, supervisión y construcción de las casas. La iniciativa se desarrolló en aproximadamente dos meses y permitió que más de 40 personas recuperaran un techo.

La comparación fue utilizada para cuestionar la capacidad de ejecución del Gobierno Nacional: mientras ciudadanos y creadores de contenido consiguieron materializar soluciones habitacionales en pocas semanas, las autoridades nacionales siguen enfrentando cuestionamientos por los tiempos y resultados de sus programas.

El debate también deja una discusión sobre la diferencia entre los anuncios oficiales y la ejecución real de los programas de reconstrucción.

 El Fondo Milagro fue creado mediante el Decreto 1379 del 9 de septiembre de 2026 como un patrimonio autónomo para financiar la asistencia humanitaria, recuperación, rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

Además, el Gobierno anunció una adición presupuestal de 2,7 billones de pesos para el Fondo Milagro, aprobada en primer debate por las comisiones económicas del Congreso el 5 de noviembre. Sin embargo, esa aprobación inicial no equivale a que la totalidad de esos recursos ya haya sido transferida y ejecutada.

También hay un elemento jurídico que merece precisión: el Decreto 1422 de 2026 sí fue expedido el 17 de septiembre y estableció medidas extraordinarias para facilitar la reconstrucción de viviendas, la habilitación de terrenos y la reubicación de familias. Por tanto, el cuestionamiento planteado en el Congreso se concentra en la falta de convenios, transferencias y mecanismos efectivos de ejecución, según la respuesta al derecho de petición citada por la congresista.

 Por su parte, el Ministerio de Vivienda ha anunciado entregas de viviendas y apoyos económicos en Buenaventura. El 15 de septiembre informó sobre la entrega de una primera vivienda y la proyección de otras 30, además de un programa de apoyo temporal que contemplaba 3.867 beneficiarios. Estos anuncios constituyen antecedentes que deben diferenciarse de las denuncias sobre los retrasos y la cobertura de la reconstrucción en el conjunto de los territorios afectados.

La congresista, sin embargo, insistió en que los anuncios no son suficientes cuando miles de familias siguen esperando soluciones definitivas y reclamó responsabilidades políticas a los ministros de Hacienda y Vivienda y al presidente de la República.

"La negligencia ante el dolor de la gente no es otra cosa que falta de humanidad", expresó durante su intervención, en la que también cuestionó que el Gobierno invoque discursos de fe y solidaridad mientras las comunidades damnificadas continúan enfrentando las consecuencias de la tragedia.

El reclamo de fondo es que la reconstrucción no puede quedarse en decretos, anuncios, fotografías de entregas y promesas institucionales. Las familias necesitan viviendas habitables, recursos disponibles y fechas concretas para recuperar las condiciones de vida que perdieron por el terremoto.

La pregunta que queda sobre la mesa es cuándo se traducirán los recursos anunciados por el Gobierno Nacional en soluciones reales para todos los damnificados.