La omisión de Jhon Diego Parra: una amenaza al derecho fundamental al agua en Popayán
En un acto que bordea la negligencia y la irresponsabilidad, el gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, Jhon Diego Parra, ha puesto en jaque el suministro de agua potable para más de 400 mil habitantes de la ciudad.
El caso del Río Las Piedras, una de las principales fuentes que abastece el 70% de la ciudad, evidencia la fragilidad de una administración que, tras un año en funciones, no ha sido capaz de gestionar las concesiones necesarias para operar y comercializar este recurso vital de manera legal.
La omisión no es un error menor. La concesión hídrica vencida por negligencia de la empresa convierte la prestación del servicio en un acto ilegal, con consecuencias legales, penales y administrativas de magnitud significativa. Peor aún, esta situación podría derivar en cobros indebidos a los usuarios, vulnerando aún más los derechos de una ciudadanía que ya enfrenta el abuso de tarifas en servicios públicos.
La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), encargada de regular y otorgar concesiones para el uso del agua, también debe rendir cuentas. Desde el 21 de noviembre de 2024, un ciudadano mediante derecho de petición ha solicitado información sobre las actuaciones de esta entidad sin recibir respuesta alguna. ¿Es esta falta de acción complicidad o simple ineficiencia?
La Ley 2111 de 2021, en su artículo 328, señala claramente que el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables acarrea penas de prisión de hasta 11 años y multas superiores a los 70 mil millones de pesos. Esto no solo debe aplicarse a los gestores directos, sino también a quienes, por omisión o negligencia, permitan que estas situaciones ocurran.
El agua como un derecho humano fundamental
El suministro de agua potable no es un lujo ni un privilegio; es un derecho humano fundamental que el Estado y sus instituciones están obligados a garantizar. La ineficiencia de Jhon Diego Parra y su equipo técnico, sumada a la aparente pasividad de la CRC, está dejando a la población de Popayán al borde de una crisis sanitaria y social sin precedentes.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Procuraduría Ambiental y Agraria, y demás entidades competentes tienen la responsabilidad de intervenir de manera urgente. Este no es solo un tema de trámites vencidos; es una cuestión de vida o muerte para miles de familias payanesas.
Hacemos un llamado al alcalde Juan Carlos Muñoz para que, en ejercicio de sus facultades, tome medidas contundentes frente a la gerencia del Acueducto. Asimismo, instamos a la CRC y a los órganos de control a actuar de manera inmediata para regularizar esta situación y evitar una catástrofe social y ambiental en la ciudad.
La ciudadanía no puede seguir siendo víctima de gestiones mediocres e irresponsables. El agua es un recurso sagrado, un derecho inalienable y una necesidad básica que no puede ponerse en riesgo por la omisión de quienes están llamados a protegerlo.
Mientras tanto, quizá algunos responsables quieran reflexionar sobre su papel en esta crisis mientras degustan "un buen vino". Pero no olviden: con el agua no se juega, y la ley está escrita para todos.
