La salud, en segundo plano: ambulancias privadas corren pero por dinero
Además, existen reportes de que algunas clínicas privadas estarían ofreciendo pagos adicionales a las ambulancias que les lleven pacientes, en montos que oscilan entre 100.000 y 120.000 pesos por persona.
Una preocupante situación ha salido a la luz en Popayán: el uso de ambulancias privadas para atender exclusivamente accidentes de tránsito está generando dudas sobre la ética y el verdadero propósito del servicio de emergencias en la ciudad. Todo apunta a que detrás del sonido de las sirenas se esconde un negocio millonario que pone en riesgo la vida de los pacientes.
Las ambulancias privadas, según denuncias, estarían priorizando únicamente los casos relacionados con accidentes viales.
¿La razón? El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) paga hasta 420.000 pesos por el traslado de cada paciente herido en este tipo de incidentes.
Además, existen reportes de que algunas clínicas privadas estarían ofreciendo pagos adicionales a las ambulancias que les lleven pacientes, en montos que oscilan entre 100.000 y 120.000 pesos por persona.
Esto ha generado una competencia desmedida entre los prestadores privados de este servicio, al punto que, según se ha denunciado, ya no se prioriza la salud del paciente, sino el beneficio económico que puede representar cada caso.
Este fenómeno ha derivado en los tristemente célebres "paseos de la muerte", en los que los heridos son llevados a centros médicos más lejanos, no por su capacidad de atención, sino por conveniencia financiera.
Casos recientes evidencian cómo pacientes han sido trasladados a clínicas a 2 o 3 kilómetros de distancia, a pesar de que hay hospitales ubicados a solo 4 o 5 cuadras del lugar del accidente.
El direccionamiento de las víctimas no se realiza bajo criterios médicos ni de urgencia, sino con base en acuerdos económicos entre empresas de ambulancias y clínicas.
La falta de regulación y control por parte de las autoridades ha permitido que este negocio crezca a costa de la integridad de los ciudadanos. Detrás de cada sirena, más que una urgencia médica, parece haber un interés económico que urge ser investigado.
¿Quién regula? ¿Quién responde? ¿Y quién protege a los pacientes? Las respuestas son necesarias para que el sistema de emergencias vuelva a poner en el centro lo que realmente importa: la vida humana.