La verdad en el Hospital San José: ni hay deudas de la gerencia ni se pueden prorrogar contratos que la ley prohíbe
Mientras sectores difunden que la administración niega pagos o busca imponer OPS, el análisis normativo evidencia que las cuentas están en trámite legal y que el Decreto 0661 obliga a formalizar a 1.782 trabajadores de la salud en Popayán.
Las manifestaciones registradas durante los últimos días en los pasillos del Hospital Universitario San José de Popayán han sido presentadas por algunos sectores mediáticos como un supuesto incumplimiento salarial de la gerencia o un intento por forzar contrataciones por prestación de servicios (OPS). Sin embargo, una verificación rigurosa realizada confirma que la administración del centro asistencial no le debe un solo peso a las organizaciones sindicales por servicios prestados.
Las cuentas radicadas por las agremiaciones se encuentran surtiendo el tiempo ordinario de causación, auditoría y revisión pública. La verdadera controversia de fondo no es un trámite financiero, sino la resistencia al cumplimiento del Decreto 0661 de 2026, una norma del Gobierno Nacional que prohíbe expresamente la prórroga de contratos sindicales misionales para abrirle paso a la formalización laboral del talento humano en salud.
Nosotros NO ejercemos la defensa de ningún funcionario público, pues no somos sus abogados; nuestro compromiso ético y periodístico es con la verdad, la lectura e interpretación objetiva de las normas y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y no manipulada.
El Decreto 0661 de 2026: una camisa de fuerza nacional contra la tercerización
El origen central de la tensión radica en la entrada en vigor del Decreto 0661 del 26 de junio de 2026, firmado por el entonces ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Esta norma nacional adicionó y modificó el Decreto 1072 de 2015 con el propósito de erradicar la intermediación laboral ilegal en las Empresas Sociales del Estado (ESE) y prohibir el uso del contrato sindical como fachada para el suministro de mano de obra misional permanente.
El articulado es taxativo y no deja margen de discrecionalidad a los gerentes hospitalarios en Colombia:
- Prohibición estricta de prórrogas: El artículo 5 del Decreto 0661 dispone que los contratos sindicales vigentes para actividades misionales permanentes se mantendrán únicamente hasta la fecha pactada para su terminación, quedando expresamente prohibida su prórroga o renovación.
- Obligación de formalizar plantas: Durante el periodo de terminación de los contratos, las ESE deben estructurar, de la mano con el Ministerio del Trabajo y la Función Pública, planes de formalización laboral y estudios técnicos para ampliar sus plantas institucionales de personal.
- Autonomía y seguridad social: Exige que la organización sindical ejecute sus contratos con verdadera autonomía técnica, administrativa y financiera, garantizando aportes a la seguridad social calculados sobre el 100% de los ingresos reales recibidos por los afiliados partícipes.
- Responsabilidad disciplinaria: Los servidores públicos que autoricen o ejecuten contratos sindicales que configuren intermediación ilegal responderán disciplinariamente y sus hallazgos serán trasladados a los entes de control.
En las consideraciones del decreto, el Gobierno Nacional dejó asentada la razón de ser de esta intervención normativa:
"Se ha constatado que en la ejecución material de estos contratos se vulneran flagrantemente derechos colectivos irrenunciables [...] configurando una clara subordinación directa con la institución contratante y convirtiendo al contrato sindical en un triste sucedáneo de las cooperativas de trabajo asociado".
Lo verdaderamente indignante: desinformar y negar la formalización a los "héroes de blanco"
Lo que resulta profundamente indignante para la sociedad caucana no es que una entidad pública cumpla la ley o audite las cuentas con rigor, sino la propagación de desinformación que busca desviar la atención para presionar la continuidad de un modelo de intermediación que la regulación nacional manda desmontar.
Pero, sobre todo, resulta indignante que el talento humano de la salud, aquellos "héroes de blanco" que arriesgaron sus vidas en la primera línea de atención durante la pandemia del COVID-19, continúe bajo esquemas de contratación sindical sin derecho al acceso pleno de sus prestaciones de ley, estabilidad laboral reforzada y vinculación directa a la planta del Estado.
Los antecedentes del proceso demuestran que la ruta hacia la dignificación laboral ya está trazada en la capital caucana. El 8 de mayo de 2026, la Alcaldía de Popayán, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud firmaron un preacuerdo histórico para la formalización laboral de trabajadores del Hospital Universitario San José.
Los datos clave de este histórico preacuerdo institucional son los siguientes:
- Población beneficiaria: Plan proyectado para la formalización de 1.782 trabajadores del Hospital San José.
- Primera fase de vinculación: Incorporación formal en una primera etapa de 600 trabajadores, priorizando la vinculación de 250 profesionales y auxiliares de enfermería con reconocimiento de sus años de servicio.
- Inyección de recursos nacionales: El Ministerio de Salud destinó $11.000 millones de pesos exclusivamente para apalancar el proceso de formalización laboral, dentro de una inversión global para el hospital que incluye $15.000 millones para imagenología y endoscopia, $24.000 millones para la unidad de salud mental y $4.000 millones para la nueva torre hospitalaria.
- Trámite institucional pendiente: El plan de formalización requiere el trámite y aprobación ante la Junta Directiva de la ESE para la creación formal de los cargos en la planta de personal.

Este debate trasciende la coyuntura administrativa e impacta directamente a todos los usuarios de la red pública de salud en Popayán y el Cauca. Perpetuar la prorroga de contratos sindicales en labores misionales permanentes mantendría la desprotección laboral de los profesionales de la salud y contravendría un decreto nacional expedido justamente para devolverles la dignidad y las garantías prestacionales. La ciudadanía exige un centro hospitalario transparente, con cuentas claras, libre de intermediaciones indebidas y con trabajadores vinculados formalmente, lo que se traducirá en una mejor atención médica para la región.
En periódicovirtual.com continuaremos haciendo seguimiento estricto a éste proyecto y a las decisiones de la Junta Directiva del Hospital San José para la aprobación de la nueva planta formal. Asimismo, se vigilará que la cancelación de las cuentas a las organizaciones sindicales se realice oportunamente una vez concluyan los peritajes de ley, instando a las autoridades a garantizar que la transición ordenada por el Decreto 0661 de 2026 se ejecute sin afectar la prestación continua de los servicios asistenciales en el departamento.
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