Las autoridades colombianas indicaron que la Segunda Marquetalia al parecer dio la orden de asesinar a Miguel Uribe

El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, entregó nuevos detalles, junto con el nuevo director de la Policía, general William Oswaldo Rincón Zambrano, sobre la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo.

La Fiscalía confirmó que se trata del noveno implicado en el asesinato del senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Según indicaron, sería la captura más importante hasta ahora en el caso.

De acuerdo con el general Rincón, la hipótesis más fuerte indica que “la estructura criminal que determinó el homicidio es la Segunda Marquetalia. El Viejo habría sido la persona encargada de planear, ejecutar y ordenar el componente sicarial y el homicidio del señor senador”, señaló.

Actualmente, están en marcha las audiencias de imputación de alias El Viejo por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

Sin embargo, la Fiscalía no ha dado ninguna declaración oficial sobre el grupo que estaría detrás del magnicidio.

La captura se realizó el pasado 27 de octubre en el municipio de Puerto Lleras, Meta, por efectivos de la Policía Nacional. La Fiscalía General de la Nación informó que este sujeto fue identificado y ubicado en el marco de las investigaciones por el crimen contra el político del Centro Democrático, que perdió la vida el pasado 11 de agosto.

Según el ente investigador, Pérez Marroquín habría sido el “intermediario” entre los determinadores y la organización criminal que ejecutó el atentado.

Alias El Viejo estaría por encima de Élder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, quien hasta el momento ha sido señalado como el cerebro detrás del atentado ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en la ciudad de Bogotá.

El senador y precandidato del Centro Democrático fue atacado por un sicario en el parque El Golfito. El hecho ocurrió a las 5:30 de la tarde del sábado 7 de junio, durante un evento político de su campaña presidencial.

El sicario fue capturado por sus escoltas. Se trata de un joven de 15 años, que utilizó una pistola Glock nueve milímetros. Hizo ocho disparos y tres de ellos hirieron de gravedad a Miguel Uribe.

El joven aprehendido fue tratado en un centro médico de la capital, pues resultó herido en la persecución que terminó en su captura.

Un juez legalizó su captura y fue trasladado al búnker de la Fiscalía, donde estuvo durante más de dos meses fuertemente custodiado.

Los investigadores del caso hicieron en las primeras horas aproximadamente 30 entrevistas y revisaron cientos de horas de videos de vigilancia para esclarecer los hechos. Por ahora, no han dado pistas de quién sería el autor intelectual del atentado.

Las autoridades le siguen de cerca la pista a al menos nueve cómplices del presunto sicario. Videos de cámaras de seguridad muestran que el joven que sale en videos disparando a Uribe no llegó a la zona solo y que sí tenía un celular, antes del atentado.

El joven colaboró con la justicia durante el proceso; su familia y él mismo podrían entrar al programa de protección de testigos para evitar que sean atacados por los responsables de este crimen.

La Fiscalía capturó el 12 de junio y le imputó cargos a Carlos Eduardo Mora González, un hombre que habría participado en la planeación del crimen desde días antes del atentado.

Según el ente investigador, el procesado hizo inteligencia en el parque donde ocurrió el ataque y el día que ocurrió había estado dentro del carro del que descendió el presunto sicario, minutos antes de disparar.

La Fiscalía sostiene que en ese automóvil, el menor fue cambiado de prendas de vestir y recibió el arma para realizar el atentado.

Por petición del ente investigador, Carlos Eduardo Mora González enfrentará el proceso penal en su contra, por los delitos de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores en la comisión de delitos, desde un centro carcelario.

El sábado 14 de junio fue capturada Katerine Andrea Martínez Martínez, la tercera persona presuntamente involucrada en el atentado en contra del precandidato presidencial. La captura fue en Florencia, departamento de Caquetá.

La mujer sería una de las personas que iba a bordo de un vehículo modelo Spark, de color gris, en el cual se le habría entregado el arma al menor de 15 años que cometió el crimen en contra del senador Miguel Uribe Turbay.

Katerine Andrea Martínez Martínez fue imputada por los delitos de tentativa de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

El jueves 19 de junio, las autoridades capturaron a William Fernando González Cruz, el cuarto implicado en el atentado contra Uribe Turbay, quien habría participado en la coordinación del ataque. Ya fue judicializado y está preso en el búnker de la Fiscalía, junto con todos los procesados.

El ente investigador ya aclaró que está investigando el hecho como un crimen político y que ya tiene evidencia de que el arma y las balas utilizadas para el atentado fueron alteradas.

La Fiscalía y la Policía identificaron al quinto implicado, señalado de ser el cerebro logístico detrás del atentado. Se trata de Elder José Arteaga Hernández, quien habría contactado y coordinado a los otros implicados. Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta $300 millones por información que permitiera dar con su paradero.

El sábado 5 de julio, se logró la captura de Elder José Arteaga Hernández. El hombre, conocido por los alias de Costeño o Chipi, fue capturado en la localidad de Engativá, al Occidente de Bogotá. Un día antes, Interpol había emitido una circular roja en su contra.

Alias El Costeño fue imputado por los delitos de homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todos los anteriores en modalidad agravada. Además de uso de menores de edad para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Un sexto implicado se entregó a los investigadores del caso y fue enviado a prisión. Cristian Camilo González Ardila después fue imputado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Aunque se entregó a las autoridades el pasado 18 de julio, no aceptó cargos, ahora está en la cárcel.

Un menor de 17 años se entregó a las autoridades el 25 de julio, en medio de las indagaciones de la Fiscalía. Llegó a un acuerdo para ampliar su interrogatorio por su presunta participación en las reuniones previas al atentado.

En la tarde del 29 de julio, la Procuraduría General de la Nación confirmó que, en hechos que aún son materia de investigación, el menor que se había entregado “evadió” el centro de emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el que estaba protegido.

En la tarde del 4 de agosto, ante un juez especializado en Código de Infancia y Adolescencia, el menor señalado de dispararle a Miguel Uribe Turbay fue acusado formalmente por tres delitos: homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

A la 1:56 de la madrugada del 11 de agosto, el senador Miguel Uribe Turbay falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras dos meses y cuatro días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, por cuenta del atentado.

El 13 de agosto, el mismo día del sepelio del senador, la Fiscalía anunció la modificación de las imputaciones a los cinco adultos presuntamente involucrados en el homicidio. Esto, dado que tras la muerte de Uribe Turbay el delito de homicidio quedó consumado y ya no podrán ser juzgados por el mismo en grado de tentativa.

Solo al menor que disparó el arma no le fue modificada la acusación, porque el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no permite hacerlo. En la tarde del 27 de agosto fue sancionado en primera instancia a siete años de privación de la libertad en un cetro de atención especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En la noche del 30 de agosto, la Fiscalía y la Policía confirmaron la captura en Bogotá de Harold Daniel Barragán Ovalle, alias “Harold”, la séptima persona que estaría implicada en el atentado. El 2 de agosto fue imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación y tráfico de armas de fuego.

El 4 de septiembre, casi una semana después de la captura, Harold Daniel Barragán Ovalle fue imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones; y uso de menores para la comisión de delitos.

En la mañana del sábado 4 de octubre se conoció que la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de Carlos Eduardo Mora González, señalado como uno de los presuntos responsables del magnicidio y quien había sido capturado el 12 de junio, en Bogotá.

El 8 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sanción de siete años de privación de la libertad contra el menor de 15 años que le disparó a Miguel Uribe Turbay.

También, el 21 de octubre fue condenado a 21 años de prisión Carlos Eduardo Mora Gozález, otro de los implicados en el magnicidio del líder político, tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía y aceptar su responsabilidad en los delitos imputados.

En la noche de pasado 24 de octubre, la Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de Jhorman David Mora Silva, el presunto octavo implicado en el hecho delictivo. El hombre se encuentra privado de la libertad y paga una condena previa por el delito de hurto, confirmaron las autoridades.

En la tarde del 27 de octubre, la Fiscalía confirmó la captura de Simeón Pérez Marroquín, conocido en el mundo del hampa como alias El Viejo. Según las investigaciones de la Fiscalía, se trataría del enlace entre los autores intelectuales del atentado y la organización criminal que ejecutó el crimen.