Las costosas irregularidades encontradas en la EPS Sanitas
Esta información fue revelada por el Superintendente de Salud de Colombia, Luis Carlos Leal.
Este jueves 6 de junio, el Superintendente de Salud de Colombia, Luis Carlos Leal, informó de los hallazgos encontrados tras la reciente interventoría que se adelanta en las EPS Sanitas, Nueva EPS y SOS.
El funcionario manifestó que estas intervenciones tienen varias etapas. En este sentido, la etapa inicial le da la responsabilidad a uno de los agentes interventores de hacer un diagnóstico profundo acerca de los hallazgos y el estado real de cada una de las entidades, asimismo el impacto que estaban teniendo frente a la cobertura en salud para sus pacientes afiliados.
“Estos son diagnósticos fundamentales y serán la base para ese plan de trabajo que tiene que presentar cada uno de los agentes interventores para corregir cualquier tipo de errores administrativos en prestación de servicios de salud y garantizar el derecho a la salud de todas las personas afiliadas”, agregó Leal.
En Sanitas se encontró un incremento en gastos operativos que no tienen una adecuada justificación, es decir, el balance mostraba perdidas de más de $4.000 millones de pesos.
Además, la EPS no solo pagaba los procedimientos y tratamientos correspondientes para los pacientes, sino que también estaba pagando los gastos operativos de los centros de salud afiliados, cosa que no le correspondía. Al menos $104.226 millones se gastaron en operación de centros médicos.
De igual manera, Sanitas había efectuado pagos por 64 contratos de arrendamiento por un valor de $4666 millones mensuales. Lo que equivale a $56.000 millones anuales y además mejoras por $800 millones en infraestructuras que no hacen parte de la EPS, pero que sí hace parte de centros de salud que les prestan los servicios.
Asimismo, esta EPS no cuenta con una descripción ni un análisis de la población afiliada, especialmente, en sus condiciones sociales, económicas, calidad de vida, patologías, factores de riesgo y riesgo materializado.
“Cuando no se hace esta caracterización adecuada, no hay cómo crear un plan para poder incidir en que la población tenga un adecuado estado de salud. Por eso, también se evidenció que la razón de morbilidad materna extrema se encontraba en una tasa de 65, cuando la meta es de 35″, manifestó el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal.
El superintendente dice que también se halló debilidad en el reporte de un registro llamado RIPS, que lo hacen los prestadores de salud por cada una de las atenciones realizadas. En el caso de Sanitas “se les estaba pagando a cada uno de los prestadores de servicios de salud sin que tuviera una retroalimentación de que se estaban generando o no las atenciones por las cuales las EPS estaban pagando”.
Además, el 76 % de los contratos que estaba realizando la EPS se hacían, dice Leal, bajo una modalidad denominada ‘evento’, “que es la más costosa y que estaba en contravía del propio manual designado por la EPS, que indica que este tipo de contratos únicamente se realizaría en poblaciones menores a 10 mil habitantes. Y encontramos que en grandes ciudades y centros poblados, como Bogotá, Cali y Medellín, este tipo de contratación existía, generando un aumento en el costo médico, dado que cada una de las tarifas que se establece en esta modalidad está puesta por el prestador de servicio”.
De acuerdo con Leal, Sanitas “tenía manuales tarifarios propios por fuera del manual que se encontraba autorizado para la prestación de servicios por parte de esta EPS”.
Leal también se refirió al servicio de entrega de medicamentos por parte de esta EPS: “Se trataba de un contrato de exclusividad, por 15 años iniciales, prorrogados otros 15 años. Con una cláusula donde no se permitía ningún otro operador logístico. Pero sí se le permitía al operador subcontratar a otros operadores. Pero, si el operador que tenían no daba la garantía de entrega oportuna de los medicamentos para los afiliados, este operador subcontrataba a otros en distintos territorios, generando barreras importantes, lo que generó un aumento de gastos al sistema de salud para la garantía de entrega de medicamentos oportuna”.