Las millonarias demandas que dejaría la tragedia del Monster Truck en Popayán

Dos meses después de la tragedia del Monster Truck, ocurrida el pasado 3 de mayo de 2026 en Popayán y que dejó tres personas fallecidas y decenas de lesionados, las investigaciones penales continúan avanzando y las víctimas esperan que en los próximos días la Fiscalía General de la Nación adopte decisiones judiciales contra varios de los presuntos responsables.

Así lo aseguró el abogado Fabián Naranjo, representante de un grupo de víctimas, quien explicó que actualmente existen dos líneas de investigación.

La primera busca establecer las responsabilidades de los organizadores del evento, la conductora del vehículo Monster Truck y algunos funcionarios de la administración municipal por los delitos de homicidio, lesiones personales y tentativa de homicidio.

"Se están adelantando peritajes al vehículo y otras actividades propias del programa metodológico de investigación", indicó el jurista.

Denuncia contra funcionarios de la Alcaldía

De manera paralela, Naranjo confirmó que presentó una denuncia penal contra el alcalde de Popayán, el secretario de Gobierno, el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y otros funcionarios, al considerar que fueron quienes autorizaron de manera irregular la realización del espectáculo.

Según el abogado, la Fiscalía ya habría recopilado la mayor parte del material probatorio y únicamente estaría pendiente un último elemento para solicitar ante un juez las correspondientes imputaciones.

"Como víctimas hemos pedido celeridad. Consideramos que ya están dadas las condiciones para que la Fiscalía solicite las imputaciones y, si corresponde, medidas de aseguramiento", manifestó.

"Todo se hizo mal"

Durante la entrevista, Naranjo fue enfático al afirmar que las irregularidades comenzaron desde el proceso de autorización del evento.

Aseguró que el espectáculo habría sido presentado ante la administración como un evento de artes escénicas, cuando en realidad correspondía a una exhibición de alto riesgo que requería requisitos de seguridad mucho más estrictos.

El abogado señaló que, entre otras presuntas inconsistencias, se autorizó un aforo inadecuado, se realizaron inspecciones para fechas distintas a las del evento y se instalaron barreras de contención que, según dijo, no estaban diseñadas para soportar el impacto de un vehículo de aproximadamente 4,5 toneladas.

Más de 50 demandas contra el municipio

Además del proceso penal, las víctimas preparan acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para reclamar la reparación de los daños ocasionados.

Naranjo explicó que se proyectan 53 demandas de reparación directa contra el municipio de Popayán por los perjuicios sufridos por las familias afectadas.

De acuerdo con sus cálculos, las eventuales condenas podrían representar un impacto económico multimillonario para las finanzas municipales.

"La responsabilidad del municipio es evidente porque fue la administración la que otorgó el permiso para la realización del evento. Las personas asistieron confiando en que todo cumplía con las condiciones de seguridad", afirmó.

Investigación también apunta a organizadores

El representante de las víctimas indicó que las investigaciones también buscan establecer quiénes estuvieron realmente detrás de la organización del espectáculo.

Según explicó, la persona que aparece como solicitante del permiso no tendría experiencia en este tipo de eventos y la Fiscalía estaría identificando a quienes habrían participado realmente en la planeación y ejecución de la actividad.

Asimismo, anunció que buscarán que los propietarios del predio donde se realizó el evento también respondan civilmente por haber permitido el desarrollo del espectáculo.

36 víctimas representadas

Actualmente, el abogado asegura representar a más de 36 víctimas, entre personas lesionadas y familiares de quienes fallecieron.

Según relató, varias de ellas continúan enfrentando graves secuelas físicas y psicológicas.

"Tenemos personas con riesgo de no volver a caminar, otras que podrían perder la visión y muchas que padecen estrés postraumático. Hay quienes perdieron sus empleos, sus emprendimientos y hoy atraviesan una situación económica muy difícil", señaló.

Finalmente, cuestionó la atención que, según él, han recibido las víctimas tras la tragedia y aseguró que muchas familias continúan esperando respuestas tanto judiciales como institucionales.