¿Les mintieron a los colombianos? De la Espriella y Restrepo prometieron bajar impuestos y ahora quieren cobrarles más

La derecha llegó prometiendo reducir el Estado y aliviar el bolsillo de los ciudadanos. Hoy presenta una reforma que también les exige pagar más.

En Colombia parece que cambiar de gobierno no necesariamente significa cambiar las malas costumbres. La izquierda de Gustavo Petro dejó unas finanzas públicas profundamente deterioradas y ahora la derecha de Abelardo de la Espriella pretende solucionar parte del problema mediante una fórmula demasiado conocida: cobrarles más impuestos a los colombianos.

Lo verdaderamente cuestionable no es que el país necesite ordenar sus cuentas, algo que resulta indiscutible. El problema es que el presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo llegaron al poder prometiendo exactamente lo contrario de lo que hoy proponen. Durante la campaña presidencial fueron enfáticos: Colombia necesitaba menos impuestos, menos burocracia, menos despilfarro y un Estado más pequeño y eficiente. Sin embargo, el pasado 29 de octubre radicaron ante el Congreso la denominada Ley de Rescate Económico, que combina reducciones del gasto público con nuevos impuestos y modificaciones tributarias que podrían aumentar las obligaciones de millones de contribuyentes. Y aquí aparece la pregunta que ningún gobernante debería eludir: ¿para qué sirven las promesas de campaña si, una vez conseguido el poder, pueden cambiarse con semejante facilidad? Las entrevistas están grabadas: prometieron no subir impuestos No se trata de interpretaciones acomodadas, rumores de redes sociales ni afirmaciones sacadas de contexto.

El 19 de mayo de 2026, durante una entrevista concedida a Noticias Caracol, el entonces candidato Abelardo de la Espriella fue categórico al explicar el propósito de su eventual reforma tributaria: «“Bajar impuestos, nunca subirlos”.» En otra entrevista concedida a El Tiempo aseguró que no aumentaría impuesto alguno y que su estrategia sería reducir el gasto estatal y eliminar burocracia innecesaria. Su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, defendió el mismo planteamiento. Durante una "entrevista publicada por Valora Analitik el 9 de junio", Restrepo explicó que el ajuste debía concentrarse en combatir la evasión, recuperar recursos perdidos por corrupción y reducir las cargas tributarias. En otras intervenciones insistió en que no existía margen para aumentar los impuestos.

Entonces, ¿qué ocurrió con aquellas promesas? La contradicción es evidente. No hace falta pertenecer a la izquierda, a la derecha o a ningún partido para advertirla. Prometer una cosa para ganar unas elecciones y promover después una política contraria constituye, como mínimo, un grave incumplimiento de la palabra empeñada ante los electores.

Restrepo reconoce la promesa, pero ahora responsabiliza a Petro Lo más revelador es que el propio vicepresidente terminó reconociendo públicamente lo que habían prometido. En una entrevista publicada por Semana este 1 de noviembre, José Manuel Restrepo admitió que durante la campaña habían anunciado que no aumentarían los impuestos. Su explicación fue que encontraron unas finanzas públicas mucho más deterioradas de lo previsto y gastos que, según su versión, habían sido ocultados por la administración anterior. Es una explicación que merece analizarse, pero también cuestionarse. Restrepo no llegó a la campaña como un ciudadano ajeno al funcionamiento del Estado. Fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque y cuenta con una amplia trayectoria en asuntos económicos. ¿Acaso desconocía la dimensión del déficit fiscal? ¿No contaban con las herramientas técnicas para estudiar la deuda pública y las obligaciones presupuestales antes de prometer que no aumentarían los impuestos? Porque una cosa es recibir un país con problemas fiscales y otra muy distinta es haberles asegurado a los colombianos que existía una solución sin nuevas cargas tributarias. La crisis heredada puede explicar una decisión difícil, pero no borra una promesa electoral incumplida.

Petro agravó el problema, pero no puede convertirse en la excusa permanente Sería irresponsable desconocer el deterioro fiscal ocurrido durante el gobierno de Gustavo Petro. El informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), publicado en abril de 2026, evidencia la gravedad de la situación. En 2025, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central alcanzó el 6,4 % del producto interno bruto, mientras que el déficit primario llegó al 3,5 % del PIB. Este último indicador refleja que el Estado gastó más de lo que recibió, incluso antes de pagar intereses de la deuda. El organismo también advirtió sobre la sobrestimación de ingresos y el crecimiento de las necesidades de financiamiento. Estos problemas venían acumulándose desde administraciones anteriores, especialmente desde la pandemia, pero se profundizaron en aspectos importantes durante el gobierno Petro, que no logró corregir suficientemente el desequilibrio entre ingresos y gastos. Es decir, hay razones documentadas para cuestionar la administración fiscal de Petro, sin necesidad de inventar cifras ni responsabilizarlo por problemas que ya existían. Pero el Gobierno de De la Espriella no puede convertir ese diagnóstico en una autorización para incumplir sus propias promesas. Los colombianos votaron por un cambio de rumbo, no simplemente por otro Gobierno que culpara a su antecesor mientras buscaba más recursos en los bolsillos de los ciudadanos.

Un presupuesto de $634,9 billones y la pregunta que nadie debería ignorar El debate adquiere todavía mayor importancia cuando se revisan las cifras del Presupuesto General de la Nación. El presupuesto aprobado inicialmente para 2026 fue de $546,9 billones. Para 2027, el Gobierno de De la Espriella decretó uno de $634,9 billones. La diferencia nominal entre ambos montos es de 88 billones de pesos.

Es necesario aclarar que no todo ese incremento representa más burocracia o nuevos gastos discrecionales. Una parte importante corresponde al crecimiento del servicio de la deuda y a obligaciones que el Estado debe atender. De hecho, para 2027 se contemplan aproximadamente $155,4 billones destinados al servicio de la deuda, frente a $88,1 billones para inversión pública. Es una relación que debería preocupar a cualquier colombiano: el país tendrá que destinar mucho más dinero a atender sus obligaciones financieras que a financiar inversiones. El Gobierno ya anunció un recorte de $13,8 billones para 2026 y su nueva reforma contempla reducciones adicionales de contratos, gastos de funcionamiento y nómina estatal. Reconocer esos ajustes es indispensable. Sin embargo, también lo es advertir que la reforma propone simultáneamente nuevas cargas tributarias. ¿Por qué no profundizar primero la revisión de privilegios, duplicidades administrativas, gastos políticos, altos costos burocráticos y entidades cuya utilidad pública deba ser evaluada? La austeridad debería demostrarse con resultados verificables y no limitarse a una declaración presidencial. La Ley de Rescate Económico: ¿rescatar al país o cobrarles más a los ciudadanos? El proyecto incluye medidas que podrían afectar directamente a los consumidores y contribuyentes. Entre ellas están los cambios al IVA de determinados productos, el gravamen a compras internacionales de bajo valor realizadas en plataformas como Temu, Shein o Amazon, y la ampliación de la tributación efectiva sobre algunas personas naturales. El Gobierno también propone bajar gradualmente el impuesto de renta de las empresas, introducir incentivos a la inversión y crear un mecanismo de devolución del IVA para millones de colombianos de menores ingresos. Son propuestas que deben examinarse por sus efectos, sin rechazar automáticamente lo que pueda beneficiar a la producción y a las familias. El Ministerio de Hacienda sostiene que cerca del 70 % del ajuste fiscal provendría del Estado y que el programa de devolución del IVA permitiría mejorar los ingresos de una parte importante de la población. Pero esas son estimaciones del propio Gobierno, no beneficios ya materializados. Por tanto, existe una pregunta que debería orientar el debate legislativo: ¿cuánto terminará pagando realmente cada colombiano y cuánto recibirá a cambio de un Estado más eficiente? La reducción de impuestos a las empresas puede resultar positiva para la inversión y el empleo, siempre que esté acompañada de reglas claras. Lo discutible es que simultáneamente se amplíen determinadas obligaciones tributarias de los ciudadanos después de haberles prometido que eso no ocurriría. El problema no es solamente económico: también es moral y político Colombia necesita un Estado que garantice seguridad, justicia, educación, salud y las demás funciones esenciales que le corresponden, sin convertirse en una estructura cada vez más costosa, ineficiente y difícil de sostener. Los impuestos son necesarios para financiar esas obligaciones. Lo que no puede aceptarse sin cuestionamientos es que las sucesivas administraciones recurran a los contribuyentes antes de demostrar que cada peso recaudado se utiliza de manera responsable. El trabajador que cumple sus obligaciones, el comerciante que sostiene su negocio, el empresario que genera empleo y la familia que administra cuidadosamente sus ingresos tienen derecho a exigir coherencia. Porque mientras una familia debe ajustar sus gastos cuando el dinero no alcanza, el Estado dispone de una alternativa de la que carecen los hogares: promover leyes para recaudar más. Y entonces cabe preguntarse, con toda la crudeza que exige el debate: ¿los pendejos de siempre vamos a seguir siendo quienes trabajamos, pagamos impuestos y sostenemos un aparato estatal cuyos gobernantes incumplen sus promesas? La expresión puede resultar incómoda, pero más incómodo debería ser normalizar que la palabra de un candidato pierda valor cuando llega al poder. No se puede afirmar sin pruebas que De la Espriella y Restrepo formularon sus promesas sabiendo que las incumplirían. Lo que sí está documentado es que prometieron no subir impuestos y ahora promueven una reforma que contempla aumentarlos en distintos conceptos.

Eso es suficiente para exigirles una explicación rigurosa y para que los ciudadanos se sientan políticamente engañados. Ni la izquierda de Petro puede evadir su responsabilidad por el deterioro fiscal, ni la derecha de De la Espriella puede justificar sus contradicciones culpando indefinidamente al pasado. Los colombianos no necesitan discursos de salvadores, sino gobernantes que respeten su palabra, administren con responsabilidad y comprendan que el dinero del Estado sale del esfuerzo de la sociedad. Porque gobernar no debería consistir en prometer menos impuestos para conseguir votos y después pedirles más dinero a quienes depositaron su confianza en esas promesas. Y si la palabra de un gobernante no vale cuando llega al poder, ¿qué garantía tienen los ciudadanos de que las nuevas promesas también serán cumplidas?

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