Lina Muñoz, personera de Popayán, debe rendir informe de gestión al Concejo y no escudarse en falsas rendiciones de cuentas
En Popayán no se puede seguir normalizando que las instituciones funcionen a medias, que los órganos de control no cumplan con su deber legal.
Además, hechos graves como el uso indebido de bienes públicos se mantengan en la oscuridad. Hoy la ciudadanía y el Concejo Municipal deben recordar a la Personería que sus obligaciones están claramente delimitadas en la ley y no son optativas.
1. La obligación legal: informe de gestión ante el Concejo Municipal
La Ley 136 de 1994, en su artículo 178, establece de manera taxativa que el Personero debe rendir anualmente informe de su gestión al Concejo Municipal. Esta norma no es un adorno ni un trámite simbólico: constituye la base del control político y ciudadano sobre la actuación de este órgano de control del Ministerio Público en el ámbito local.
A ello se suma que el numeral 10 del mismo artículo faculta al Personero para exigir a las autoridades locales toda la información necesaria para cumplir con sus funciones, lo que refuerza la idea de que la transparencia y el deber de informar forman parte de su esencia institucional.
No es cierto, como algunos pretenden insinuar, que la Personería pueda limitarse a actos superficiales de “rendición de cuentas ciudadanas” o informes fragmentados en redes sociales. Su obligación es clara y directa: presentar un informe de gestión integral al Concejo Municipal, con datos, resultados, indicadores, programas, recursos y explicaciones completas.
2. El papel del Concejo: exigir el informe en el último periodo de sesiones
Ante esta omisión, corresponde al Concejo Municipal, y en especial a su Mesa Directiva, actuar con responsabilidad. No se trata únicamente de maniobrar políticamente para definir al próximo presidente de la corporación, sino de cumplir con la tarea fundamental que la ciudadanía les encomendó: ejercer el control político.
En este último periodo de sesiones ordinarias del año, no puede cerrarse el ciclo legislativo local sin que la Personería presente oficialmente su informe de gestión en el recinto del Concejo Municipal de Popayán. Esa rendición de cuentas es un deber ineludible y una obligación con la transparencia.
La pasividad en este tema sería una falta grave del Concejo mismo. Si el Personero no presenta el informe, la corporación debe dejar constancia pública, elevar la denuncia ante la Procuraduría y, si es necesario, promover sanciones institucionales. El silencio no puede ser cómplice de la falta de transparencia.
A lo anterior se suma un hecho que pone en entredicho la seriedad de la Personería: el uso indebido de un vehículo oficial en horas de la madrugada, que terminó en un accidente de tránsito. El jefe de Control Interno de la Alcaldía de Popayán, Diego Fernando Rodríguez Alegría, conducía a las 2:00 a.m. del 5 de abril de 2025 un vehículo adscrito a la Personería Municipal cuando colisionó con una motocicleta. Este hecho genera graves dudas sobre el control y la transparencia en el uso de los bienes públicos.
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Este episodio, lejos de ser un hecho aislado, constituye un posible caso de peculado por uso, con responsabilidades disciplinarias y penales evidentes.
Las preguntas que siguen sin respuesta son graves y directas:
● ¿Quién autorizó el uso del vehículo en horarios no laborales?
● ¿Qué funcionarios están vinculados a la investigación disciplinaria interna?
● ¿Cuál es el estado actual del proceso en la Fiscalía General de la Nación?
● ¿Se han adoptado medidas cautelares para garantizar la reparación del daño patrimonial ocasionado?
Y que el jefe de Control Interno, Diego Fernando Rodríguez Alegría, no pretenda justificar el hecho argumentando que utilizó el vehículo junto a la personera para realizar un supuesto acompañamiento a operativos contra piques ilegales en el sector del complejo deportivo. Ese es un argumento pobre y poco creíble, pues dentro de sus funciones como jefe de Control Interno no se encuentra dicha actividad.
El silencio institucional frente a este hecho no solo es inaceptable: desprestigia la credibilidad de la Personería, cuyo mandato precisamente es vigilar la conducta oficial de los servidores públicos. ¿Con qué legitimidad puede ejercer esa vigilancia si ni siquiera aclara el manejo de sus propios bienes?
No más excusas: transparencia y responsabilidad inmediata
La Personería no puede escudarse en formalismos ni en actos de “socialización” sin valor jurídico. La norma es clara: informe de gestión al Concejo Municipal. El Concejo, por su parte, no puede convertirse en un convidado de piedra: debe exigirlo de inmediato, someterlo a debate y poner en evidencia los incumplimientos.
Al mismo tiempo, la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre el accidente del vehículo institucional: nombres, responsabilidades, estado procesal y sanciones. No puede ser que un bien público se vea involucrado en un siniestro por uso indebido y que el caso quede en el olvido.
La transparencia no se negocia. La institucionalidad no se maquilla. El municipio de Popayán exige respeto a la ley, claridad en la gestión pública y respuestas contundentes. La Personería debe rendir cuentas de verdad, no simulaciones.