Los asesinos del líder Miguel Uribe tenían un Plan B a la hora del atentado

El asesinato en la ciudad de Bogotá de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador por el Centro Democrático, ha sacado a la luz una compleja estructura criminal en la que la participación de menores de edad y la existencia de un “plan B” para asegurar el éxito del atentado, como bien fue revelado por la investigación de la Fiscalía General y la Dijín de la Policía Nacional.

La planificación y ejecución del homicidio, ocurrido el sábado 7 de junio, expone la sofisticación y frialdad de la organización criminal responsable, según información de los mismos medios de comunicación.

La investigación estableció que el atentado sicarial contra Uribe Turbay fue planeado con detalle e incluyó se contempló la presencia de al menos dos menores de edad armados en el lugar para cumplir con el objetivo. Uno de ellos, conocido como “Tianz”, fue aprehendido minutos después de haber disparado contra la humanidad del precandidato, y condenado a siete años de sanción en un centro especializado para menores por su participación directa en el acto delictivo.

El medio mencionado confirmó que otro adolescente de 14 años, trasladado desde la localidad de Kennedy, en Bogotá, también recibió instrucciones precisas para intervenir si el primer sicario fallaba.

Este segundo menor, plenamente identificado por las autoridades, portaba un arma de fuego y tenía la orden de disparar en caso de que el ataque inicial no se concretara, lo que evidencia la existencia de un “plan B” para eliminar cualquier margen de error a la hora de acabar con la vida de Miguel Uribe Turbay, quien en su momento dijo que el joven Dilan Cruz murió porque se se le atravesó al disparo que realizó un agente del Esmad.

La planeación de la operación estuvo a cargo de Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold y que se convirtió en el séptimo capturado por las autoridades, un joven con antecedentes por tráfico de drogas, estafa y extorsión en el occidente de Bogotá.

Barragán Ovalle, pieza clave en la logística del atentado, contactó a los menores en un establecimiento del barrio El Muelle, en Engativá, donde operaba una red de microtráfico liderada por Élder José Arteaga Hernández, alias el Costeño o Chipi.

Este último, señalado como el cerebro del plan criminal, actuó bajo la directriz de Gancho del Centro, también conocido como Gancho Mosco, quien controla el microtráfico en la capital y habría dado la orden de asesinar al dirigente político.

La planificación del crimen se extendió durante varios meses. Desde finales de marzo, Barragán Ovalle y sus colaboradores realizaron seguimientos a Uribe Turbay, documentando sus desplazamientos, actividades políticas y hasta la rutina de su familia, es decir, delincuentes más ágiles que los mismos integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado.

La Fiscalía estableció que los vigilantes llegaron incluso al colegio donde estudiaba el hijo del senador. Las instrucciones para el atentado se transmitieron a través de un grupo de WhatsApp denominado “Plata o plomo”, donde los implicados utilizaban lenguaje encriptado para referirse a la víctima y a la operación.

Esta planeación, la de tener un segundo sicario para arremeter contra Miguel Uribe Turbay en caso de que el primero fallara, es sostenido con la insistencia de alias Harold para “romper la piñata”, como eufemismo para asegurar el asesinato del entonces líder político.

A pesar de que Barragán Ovalle intentó borrar toda evidencia antes de entregar su teléfono móvil a la Fiscalía en julio, en el chat se encontraron fotografías de la camioneta utilizada por Uribe Turbay, detalles sobre su esquema de seguridad y directrices para modificar el arma y asegurar que disparara en modo ráfaga. El día anterior al crimen, Barragán Ovalle citó a los menores en su domicilio para ultimar detalles, reunión que incluyó una videollamada con alias el Costeño, dejando todo listo para el atentado.

Después del asesinato, los responsables intentaron eliminar cualquier rastro que los vinculara con el caso. La orden dentro de la organización era clara: borrar pruebas y ocultarse, conscientes de que la operación representaba una “misión suicida”.

El medio mencionado corroboró que, además de la planificación del crimen, existía un plan paralelo para eliminar a los procesados y testigos que pudieran aportar información a las autoridades.

Ahora la Fiscalía investiga esta línea, tras identificar contactos en Engativá destinados a ejecutar este segundo objetivo, lo que refuerza la hipótesis de que la organización buscaba garantizar su impunidad a toda costa.

Hasta el momento, la mayoría de los implicados han sido identificados y capturados, aunque la investigación continúa abierta.