Los Peajes, el contrato y el abuso al ciudadano
El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el alza del 2.78% en los peajes y su declaración de que ocho peajes de seis concesiones han decidido implementar incrementos distintos.
Basándose en contratos firmados en 2014, pone en evidencia una vez más la falta de justicia en las políticas de concesión vial en Colombia. Estos contratos, descritos por el mandatario como mal hechos y leoninos, no solo reflejan negligencia del pasado, sino que perpetúan un modelo que castiga al ciudadano.
¿Hasta cuándo permitiremos que los usuarios de las vías nacionales sean los que carguen con las consecuencias de estos acuerdos nefastos? El argumento de las concesiones, de que están "facultadas por los contratos", es un recordatorio de cómo en el pasado se firmaron convenios que priorizaron los intereses privados sobre el bien común. Peor aún, esta práctica sigue demostrando que en Colombia los contratos parecen hechos a la medida de unos pocos, mientras la mayoría paga las consecuencias.
Es inaceptable que, en un contexto de alta inflación y crisis económica, donde el bolsillo del ciudadano promedio ya está estrangulado, estos concesionarios decidan saltarse las directrices del gobierno. ¿Dónde queda la autoridad del Estado y la necesidad de proteger a quienes diariamente enfrentan el costo de transitar por las carreteras del país? Más allá del diálogo que ha solicitado el presidente, es urgente que el gobierno nacional tome medidas contundentes para revisar estos contratos y, si es necesario, renegociarlos o incluso demandar su nulidad cuando se compruebe que son contrarios al interés general.
El anuncio de un estudio concertado en abril, basado en la tendencia inflacionaria esperada del 3%, es un primer paso. Sin embargo, los colombianos necesitan más que promesas. Es hora de acciones decisivas. Estos estudios no pueden ser otro mecanismo dilatorio que permita a los concesionarios seguir enriqueciéndose a costa de la ciudadanía.
Desde este espacio editorial, hacemos un llamado al gobierno para que no solo dialogue, sino que actúe con firmeza. Los peajes deben responder a un modelo justo, proporcional y transparente, donde el costo del mantenimiento vial no sea un lujo que solo algunos puedan permitirse. Asimismo, instamos a los ciudadanos a no permanecer indiferentes: este es un problema que nos afecta a todos y que requiere nuestra voz unida.
Es el momento de decir basta. Los contratos leoninos no pueden ser excusa para perpetuar el abuso. Los intereses del pueblo deben estar por encima de cualquier cláusula escrita sin responsabilidad ni visión a largo plazo.