Maduro y Cilia Flores alegan falta de recursos y piden desestimar proceso en EE. UU.
La defensa de la pareja aseguró ante un tribunal en Nueva York que no cuentan con medios para costear abogados y cuestionó las restricciones impuestas por el Gobierno estadounidense.
En medio del proceso judicial que enfrentan en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico, el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, reiteraron ante un tribunal federal de Nueva York que no disponen de recursos económicos para asumir su defensa legal.
A través de un documento presentado por sus abogados, Barry Pollack y Mark E. Donnelly, la pareja insistió en que carece de fondos propios para contratar representación privada, por lo que solicitaron que se desestime la acusación o, en su defecto, se revise la situación que impide financiar su defensa.
En el escrito, los defensores señalaron que la imposibilidad de acceder a recursos del Estado venezolano —bloqueados por sanciones de Estados Unidos— limita el derecho de los acusados a elegir libremente a sus abogados, una garantía contemplada en la legislación estadounidense.
Como parte de la estrategia jurídica, Maduro y Flores anexaron declaraciones juradas en las que aseguran no contar con solvencia económica y manifestaron su disposición de presentar pruebas financieras adicionales si el juez lo considera necesario.
El caso se tramita en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y se encuentra en una etapa clave, a pocos días de una audiencia programada para finales de marzo, en la que se podrían definir aspectos relevantes del proceso.
Uno de los puntos centrales del litigio es la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que no ha autorizado el uso de fondos del Gobierno venezolano para cubrir los honorarios legales. Esta medida, según la defensa, vulnera tanto la Sexta Enmienda —que garantiza el derecho a la defensa— como la Quinta Enmienda, relacionada con el debido proceso.
Los abogados también cuestionaron lo que calificaron como una aplicación inconsistente de las sanciones, al recordar que en otros casos se ha permitido que terceros sancionados financien la defensa de personas en situaciones similares.
Asimismo, rechazaron la posibilidad de que sus clientes recurran a un defensor público, argumentando que esta opción no sustituye el derecho a elegir representación legal propia.
Ante este escenario, la defensa pidió al juez Alvin Hellerstein que declare inválido el proceso por considerar que se desarrolla bajo condiciones que vulneran derechos constitucionales, o que convoque una audiencia específica para analizar este punto.
Mientras tanto, el caso continúa avanzando en medio de tensiones jurídicas y políticas, en lo que se perfila como uno de los procesos más complejos y polémicos en tribunales federales de Estados Unidos.