Más de 3.000 campesinos se movilizan en Almaguer para frenar el avance de la minería en el Macizo Colombiano

El municipio de Almaguer, enclavado en el corazón del Macizo Colombiano, fue el escenario de una masiva movilización social en defensa del agua, la vida y el territorio. Más de 3.000 personas, provenientes de diversas localidades de esta subregión del departamento del Cauca, se congregaron para rechazar de manera contundente la proliferación de la minería ilegal y las pretensiones de empresas multinacionales que amenazan con destruir las cuencas hídricas que abastecen a las poblaciones locales.

La jornada estuvo liderada por diversas organizaciones sociales, entre ellas la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) y el Coordinador Nacional Agrario (CNA). Guido Albán Rivera, coordinador de la Red de Derechos Humanos y presidente de la Zona de Reserva Campesina de Santa Rosa, explicó que en la región se respira un ambiente de profunda intranquilidad debido a la llegada descontrolada de dragas y maquinaria amarilla.

Según el líder social, la amenaza proviene de dos frentes: por un lado, consorcios y multinacionales foráneas; y por el otro, actores dentro del mismo territorio que están introduciendo maquinaria pesada en los ríos, contaminando las fuentes de agua. Ante este panorama, las comunidades decidieron combinar la movilización pacífica con argumentos jurídicos para exigirle al Estado que garantice el acceso al agua potable como un derecho fundamental.

El 70 % del territorio en la mira y el caso de “La Concepción”

Uno de los datos más alarmantes revelados durante el encuentro comunitario es la magnitud de la amenaza extractivista sobre esta estrella fluvial de Colombia. De acuerdo con las denuncias de los líderes, cerca del 70 % del territorio se encuentra actualmente solicitado para actividades de exploración y explotación minera.

El caso más crítico y reciente tiene como epicentro al propio municipio de Almaguer. Albán Rivera denunció que al despacho del alcalde municipal llegó una carta enviada por una empresa multinacional en la que manifiestan su intención de explotar la mina conocida como "La Concepción", un polígono de 600 hectáreas con grandes reservas de oro. En la misiva, la compañía asegura que lo único que necesita para iniciar operaciones son garantías de seguridad por parte de la Fuerza Pública.

La respuesta de los habitantes frente a este proyecto ha sido radical. “Nosotros recorrimos esa zona, sabemos que allí hay mucho oro, pero la gente está dispuesta a morirse primero antes que permitir que le dañen las fuentes hídricas”, advirtió enfáticamente el líder campesino, reflejando la tensión social que se vive en la cordillera.

"Sí a la minería artesanal, no a la megaminería"

Durante la jornada, los coordinadores del ejercicio de defensa territorial dejaron claro que su postura no es de oposición absoluta a toda actividad extractiva, sino un rechazo a los modelos depredadores. Las organizaciones campesinas respaldan y apalancan la minería artesanal y de barequeo, aquella que realizan históricamente los pobladores locales a pequeña escala como medio de subsistencia.

“En eso no nos oponemos; estamos en contra es de la gran minería que destruye, que contamina, que se lleva los recursos y que no deja absolutamente nada de desarrollo para los municipios ni para los territorios”, puntualizó Albán Rivera.

"Tres exigencias urgentes al Estado colombiano"

Ante la presencia de delegados de diversas instituciones estatales en Almaguer, las comunidades presentaron un pliego de peticiones dividido en tres ejes fundamentales dirigidos al Gobierno Nacional, la Gobernación del Cauca y los entes de control:

En primer lugar, exigieron a la Agencia Nacional de Minería (ANM) frenar de inmediato la recepción de solicitudes y la expedición de títulos mineros en esta área estratégica, reconocida por ser cuna de innumerables nacimientos de agua.

En segundo lugar, hicieron un llamado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que no otorgue licencias ambientales ni permita la concesión de aguas a particulares o empresas privadas. Por el contrario, pidieron que la cartera ambiental se articule con las comunidades, socialice cualquier proyecto y garantice que el recurso hídrico se destine exclusivamente al consumo humano y a la vocación agrícola y productiva de la región.

Finalmente, el tercer requerimiento fue dirigido a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo. Los líderes pidieron acompañamiento permanente y garantías de seguridad para quienes están al frente de estas denuncias públicas, reconociendo que su labor de visibilización los pone en la mira de poderosos intereses.

“Sabemos que esto no es fácil y que tenemos enemigos detrás, porque estamos tocando intereses económicos de mucha gente que hoy pretende vivir del oro y extraerlo de la naturaleza sin importarle la vida de los demás”, concluyó Albán Rivera, reiterando que las comunidades del Macizo Colombiano se mantendrán en asamblea permanente para proteger su patrimonio ambiental.