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Más de treinta personas han perdido la vida en los combates entre el ELN y las disidencias de las Farc

Las principales víctimas de la ola de violencia son firmantes de la paz de 2016; varios de ellos están escondidos porque temen por sus vidas.

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Más de treinta personas han perdido la vida en los combates entre el ELN y las disidencias de las Farc

En el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, se presenta una tensa situación de orden público por los mortales enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN y las disidencias de las Farc.

También se presentan otros hechos de orden público y violencia en esta zona del país, y según la Defensoría del Pueblo, el convulso momento deja al menos 30 muertos, varios heridos y más 70 familias desplazadas por la ola de violencia.

“Lo que se está presentando en el Catatumbo es de extrema gravedad”, dijo la defensora del pueblo, Iris Marín, en su cuenta de X, donde agregó además que “se reportan más de 30 personas muertas, según información en confirmación, al menos 5 firmantes de paz asesinados, 10 heridos, líderes han sido asesinados o se encuentran refugiados, secuestros, niños sin acompañamiento o personas con discapacidades fuertes sin poder huir, desplazamientos forzados, confinamientos, inclusive de profesores que se alistaban para el inicio de clases”.

Y es que en el municipio de Tibú, en ese mismo departamento vive una grave crisis de orden público que se desató tras la masacre de la familia López Durán. Los combates entre el ELN y las disidencias de las Farc, específicamente el Frente 33, mantienen a la región en un estado de de terror. La tensión en la región del Catatumbo ha alcanzado un punto crítico, dejando al comercio paralizado, con cierres obligatorios por seguridad y una población aterrorizada.

De acuerdo con las comunidades, en Tibú se cerró todo el comercio. El gremio Asocomerciantes de este municipio anunció que este viernes 17 de enero no se abrirán establecimientos al público, todo como una medida preventiva y de protesta ante el clima de violencia.

“No queremos más derramamiento de sangre en nuestro Catatumbo. Este cierre es una forma cívica de manifestar que queremos la paz del territorio”, expresaron los integrantes del gremio en un comunicado. La medida busca proteger a los pequeños y medianos comerciantes y enviar un mensaje claro sobre el rechazo a la violencia que se presentan en esta zona del departamento.

De igual forma, la guerra llevó a que grandes empresas como Ecopetrol adoptaran una serie de decisiones preventivas para poder mantenerse en el catatumbo. La empresa anunció la suspensión de sus actividades y el desplazamiento en campo de sus empleados, para así garantizar su seguridad, según informaron en su red social X.

“Ante la compleja situación de orden público en el Catatumbo, Ecopetrol determinó suspender temporalmente las actividades y desplazamientos en campo de los trabajadores para resguardar su seguridad y garantizar, en condiciones adecuadas, la continuidad de la operación”, explicaron las directivas de la compañía en la red social.

La factoría había recibido recientemente amenazas del ELN, grupo armado que también amenazó a diferentes sectores empresariales y de transporte de esta parte de Norte de Santander. “Hacemos un llamado a todos los comerciantes, al gremio de mototaxis de Tibú, El Tarra y sus alrededores y a todos los que colaboran con dinero a esta cúpula, que dejen de hacerlo o serán declarados objetivos militar”, dice el panfleto publicado por el ELN, colocando a transportadores y trabajadores en medio del conflicto.

A través de otro comunicado de prensa, esa guerrilla amenazó directamente a Ecopetrol y lo declaró “objetivo militar” junto a la empresa de ingeniería eléctrica Disico y la empresa de servicios públicos Cens (Centrales Eléctricas de Norte de Santander).

Este es el más reciente balance de este grave episodio de violencia en la región. El Partido Comunes, bancada política integrada por excombatientes de las extintas Farc, aseguró que de los muertos, van seis víctimas firmantes de la paz en 2016, que fueron asesinados en diferentes municipios del Norte de Santander, como en Teorama, en el caserío de El Aserrío y en Filo Gringo, situado en Tibú.

De hecho, habitantes y periodistas cercanos al Catatumbo han relatado, a través de las redes sociales, como integrantes del ELN han sacado a la fuerza de sus casas a los firmantes de la paz, y horas después, hallados muertos. El partido de izquierda ha denunciado que además de las víctimas mortales, hay otros líderes de la región que están siendo “perseguidos y asesinados”, mientras que otros se encuentran escondidos.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, dos de las víctimas mortales fueron identificadas como Albeiro Díaz Franco y Yurgen Martínez, ultimados con arma de fuego en zona rural de Teorama, en donde realizaban su proceso de reincorporación.

A raíz de esta guerra, más de 70 familias han sido desplazadas y por lo menos 50 profesores huyeron de la zona en sus motocicletas y automóviles luego de que estallara el enfrentamiento de los dos grupos guerrilleros que estaban en conversaciones con el Gobierno de Gustavo Petro para pactar la paz.

De hecho, debido a la escalada terrorista, el presidente Gustavo Petro suspendió recientemente los acercamientos y el diálogo con el ELN, alegando que esa organización insurgente carece de voluntad de paz. “Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de dialogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, publicó este viernes en su perfil público de X.

Después se conocieron las reacciones, como la de Carmen García, presidenta de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, que informó que han sido escasas las oportunidades educativas y económicas de los jóvenes en el territorio, las que los han llevado a empuñar las armas, enfrentándose incluso entre familiares y conocidos.

“Son nuestros hijos en el territorio. Es el pueblo el que se está matando en este momento. (...) Muchos de esos jóvenes que están allí alzados en armas son jóvenes que los paramilitares les mataron a sus papás, fueron jóvenes que no tuvieron una oportunidad de ir a una universidad y la única oportunidad que tuvieron fue empuñar un arma”, señaló la mujer en diferentes medios de comunicación.

Mientras tanto la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró un estado de emergencia en esta zona de Colombia y pidieron a los grupos armados no estatales a “respetar la vida e integridad de la población civil”.

“Recibimos información sobre alto riesgo de desplazamientos masivos hacia los centros urbanos, confinamientos, afectación a maestros y niñas y niños en edad escolar, homicidios, desapariciones y heridos como consecuencia de acciones violentas de los actores”, añadió la ONU.

De ahí que Carlos Ruiz Massieu, líder de la Misión de Verificación de la ONU en el país, expresó su “más firme condena por el asesinato de cinco firmantes de la paz y líderes en Catacumbo”. “Urge proteger a población civil y comunidades. Llamo a los grupos armados a cesar acciones violentas. La verdadera voluntad de diálogo pasa por respetar la vida de quienes optaron por la paz”.

También la Jurisdicción para la Paz también reiteró la necesidad de proteger a las personas de “quienes dejaron las armas y siguen cumpliendo lo pactado en La Habana”, expresó en redes sociales.

Por eso el presidente de la República, Gustavo Petro, indicó que hará presencia en la zona para atender la ola de violencia y adelantar un consejo de seguridad con las autoridades, la fuerza pública y líderes de la región. Sin embargo, para la población local este tipo de consejos no son suficientes. “¿Cuántos consejos de seguridad hemos visto en Tibú, en Cauca, en Nariño? Está muy bien que el presidente vaya, pero esto no se soluciona solo con eso”, denunció Carmen García.