Matadero de Popayán: choque de versiones y el cinismo de concejales privatizadores

El debate sobre el futuro del matadero municipal encendió los ánimos en el Concejo de Popayán. Edwin Muñoz justificó la salida de la SAG tildándola de “monopolio de 18 años”, pero 24 horas después Isabela Victoria destapó cifras, convenios y responsabilidades de la Alcaldía. En medio de la polémica, el concejal Marco Gaviria atacó a los medios. Le respondemos con hechos: su hoja de vida está ligada a la entrega de servicios públicos a privados.

¿Qué dijo el secretario Edwin Muñoz?

• Aseguró que la SAG manejó el matadero “en beneficio propio” y que el municipio pagaba hasta 50 millones mensuales en servicios y vigilancia.
• Anunció un contrato de arrendamiento por seis meses con Alvesa, empresa que, según él, tiene convenios con el Ministerio de Defensa. Pero que fue desmentido por el General Luis Emilio Cardozo, a través de su cuenta de X

• Prometió contratos a término indefinido para los trabajadores y un nuevo frigorífico fuera de la Comuna 5.
• Recalcó que “no es concesión, sino arrendamiento” y que no requiere aprobación del Concejo.

Réplica de Isabela Victoria (SAG)

• Negó cualquier “privatización”: el lote, la edificación y los equipos siguen siendo del municipio.
• Recordó que la SAG no recauda el impuesto de degüello; lo hace la Alcaldía.
• Demostró que las obras de modernización las debía ejecutar la Secretaría de Infraestructura (convenio 2014, cinco prórrogas).
• Reveló que la SAG entregó 149 millones de utilidad operacional en el último trimestre y que las pérdidas surgieron cuando la Administración se negó a ajustar tarifas.
• Denunció la falta de diálogo: el secretario solo se reunió una vez en 18 meses.

El concejal Marco Gaviria y su memoria selectiva

Señor Gaviria: usted, que ayer descalificó a la prensa por “desinformar”, participó como concejal en la entrega del servicio de alumbrado público a un operador privado con Juan Carlos López (2017) y avaló la llegada de Quipux en la alcaldía de César Cristian Gómez. Resultado:

• Tarifas más altas para los payaneses.
• Utilidades que no se quedan en Popayán sino en bolsillos foráneos.
• Fotomultas reactivadas en el INEM y Campanario.

Hoy intenta presentarse como paladín de lo público y tacha de “fake news” las alertas que publicamos. Cinismo puro. Los periodistas, incluidos los deportivos, rol que usted ejerció, sabemos que una “jugada” se ve venir cuando los hechos se repiten: otra vez se quiere privatizar rentas públicas sin debate técnico, esta vez con el matadero.

Una voz coherente en el recinto

A propósito de Julián Ausecha: el privatizador que, por esta vez, tiene razón

El concejal Julián Ausecha, con historial de apoyar entregas de bienes públicos a particulares, como el servicio de alumbrado, sorprendió al advertir que “esto no es un arrendamiento, es una concesión y debe pasar por el Concejo conforme al Acuerdo 019 de 2015”. Su argumento jurídico es impecable: cuando se manejan terrenos y equipos municipales la figura correcta es concesión y requiere control político. Sin embargo, no olvidemos que Ausecha también ha votado en el pasado para privatizar servicios. En otras palabras: otro privatizador que, por conveniencia o cálculo político, se planta, esta vez, del lado correcto del debate. Obviamente, por eso entendemos su la solidaridad y comentario “Estamos dando las herramientas necesarias a la administración y haciendo los controles políticos que se deben realizar. [...] No hagamos caso a esas personas malintencionadas que malinforman.”

Gracias a las redes sociales y a los periodistas incomodos en el cabildo abierto celebrado en el polideportivo del barrio Alfonso López, el sábado pasado, el micrófono todavía no había terminado de amplificar el nombre del concejal José Campo cuando estalló el murmullo colectivo que pronto se volvió silbidos y gritos. Vecinos de todas las manzanas, comerciantes, recicladores, amas de casa, le recordaron, uno tras otro, su voto decisivo en 2006 para entregar el servicio de recolección de basuras a un operador privado durante la alcaldía de Ramiro Navia. Aquella tarde quedó claro que la memoria barrial es larga: la asamblea no buscaba una disculpa protocolaria, sino un reconocimiento explícito del daño y un compromiso real de no repetir la historia.

Nuestra posición

1. Lo público no se negocia en silencio. El contrato con Alvesa, empresa sin trayectoria en plantas de sacrificio, debe publicarse completo y discutirse.
2. Transparencia versus urgencia. Que el comodato con la SAG venza el 31 de julio no justifica improvisar un operador con capital exiguo y referencias dudosas.
3. Los periodistas no pondremos censura previa y menos aceptaremos lecciones de ética de concejales que han votado por privatizar basuras, alumbrado y movilidad.

La experiencia reciente demuestra que lo legal no siempre es ético. El historial del Concejo de Popayán, demuestra que ha utilizado la formalidad de los procedimientos, contratos, acuerdos, tecnicismos jurídicos, para transferir rentas públicas a manos privadas sin quebrantar la letra de la ley; pero cada votación que antepone la rentabilidad empresarial a la función social del Estado perfora el frágil tejido de confianza ciudadana. Hoy la gente entiende que la legalidad puede convertirse en coartada y que los “trámites cumplidos” no garantizan justicia social ni equidad. Esa lucidez colectiva es irreversible: ya no basta con decir “todo está en regla” cuando el resultado es un servicio más caro y un patrimonio común menguado. La ética, no solo la normativa, es la vara con la que la sociedad medirá, de ahora en adelante, cada decisión sobre lo que nos pertenece a todos.

Así las cosas, y si la Alcaldía de Popayán quiere “recuperar lo público”, tal y como lo prometió Juan Carlos Muñoz Bravo en campaña, que empiece por transparentar los números y respetar los procedimientos. Y si algunos concejales se sienten incómodos con la prensa, vale recordarles que el artículo 20 de la Constitución nos respalda: tenemos derecho a informar y ser informados.

Mientras tanto, seguiremos vigilando cada peso y cada contrato. Popayán merece servicios públicos eficientes, tarifas justas y representantes que defiendan, de verdad, el interés colectivo.

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