Mientras Popayán espera escenarios deportivos dignos, la Secretaría de Deporte apuesta por un modelo contractual que elude la Ley 80 y arriesga más de 5.000 millones de pesos públicos.

Mientras la ciudad espera escenarios deportivos dignos, la Secretaría de Deporte apuesta por un modelo contractual que elude la Ley 80 y pone en riesgo recursos públicos por más de 5.000 millones de pesos.

Mientras Popayán espera escenarios deportivos dignos, la Secretaría de Deporte apuesta por un modelo contractual que elude la Ley 80 y arriesga más de 5.000 millones de pesos públicos.

En un nuevo capítulo del manual de "cómo burlar la ley sin que parezca ilegal", la Secretaría de Deporte de Popayán ha decidido jugar su propia partida con el dinero público. Esta vez, el plan maestro consiste en entregar la remodelación de escenarios deportivos a un fondo mixto que apenas aportaría el 15 % del proyecto, pero que, gracias a esta jugada, sería contratado directamente para manejar un presupuesto de 5.000 millones de pesos. Todo esto sin los molestos trámites de selección objetiva que exige la Ley 80 de 1993. ¿Ingenioso? Tal vez. ¿Legal? No tanto.

Este tipo de contratación con fondos mixtos se encuentra en un limbo jurídico, pues, dependiendo de la participación estatal en la entidad, podría estar sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP)o al derecho privado. Y ahí radica el problema: si el fondo mixto en cuestión no se somete a los principios de transparencia, selección objetiva y planeación, entonces estamos ante un atajo legal que podría traer graves consecuencias jurídicas y disciplinarias.

Estudios exprés: la carrera contra el calendario

El otro detalle que genera suspicacia es la fecha límite: el 31 de marzo. Este día, el municipio deberá entregar los estudios y diseños al Ministerio del Deporte para acceder a la cofinanciación. Sin embargo, cualquiera que tenga nociones básicas de contratación sabe que un estudio serio, estructurado y técnicamente viable no se elabora en semanas.

¿El plan es adjudicar directamente 5.000 millones de pesos para entregar unos estudios apresurados que definirán inversiones millonarias? Porque si ese es el caso, estamos ante una bomba de tiempo que podría estallar en demandas, sobrecostos y contratos fallidos. Y, como siempre, al final nadie será responsable.

El coctel perfecto para un escándalo fiscal

Más allá de las irregularidades técnicas, el modelo de contratación propuesto roza peligrosamente con varias figuras jurídicas que podrían derivar en investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. Para que no queden dudas, repasemos algunos de los delitos que podrían configurarse si este proceso sigue adelante sin el cumplimiento estricto de la normativa:

●     Celebración de contratos sin requisitos legales (Art. 410 CP): Si se adjudica este contrato sin cumplir los principios de planeación, selección objetiva y transparencia, estaríamos ante un claro desacato a la normatividad contractual.

●     Interés indebido en la celebración de contratos (Art. 409 CP): Si algún funcionario busca favorecer a un contratista en particular a través de esta figura, podría ser sancionado con hasta 12 años de prisión.

●     Peculado por apropiación (Art. 397 CP): Si el dinero de este contrato es malversado o no se justifica correctamente su ejecución, podría considerarse un desfalco de recursos públicos.

●     Fraude a la administración pública (Art. 450 CP): Si la contratación se estructura de manera dolosa para evadir las normas de selección objetiva, podría haber responsabilidad penal.

¿inocencia, ingenuidad o cinismo?

Si el Secretario de Deporte cree que la Ley 80 es un simple trámite que puede evadir con un tecnicismo contractual, entonces hay dos opciones: o no ha leído la ley o está convencido de que las normas solo aplican para los demás.

Lo cierto es que este tipo de maniobras suelen terminar en elefantes blancos, contratos incumplidos y escándalos fiscales, mientras que los responsables pasan la pelota a la administración siguiente. Pero claro, qué importa, lo importante es “agilizar la contratación”, aunque el proceso termine convertido en el típico desastre de la contratación pública en Colombia.

Y al final, cuando los escenarios deportivos sigan en ruinas, cuando el dinero desaparezca en estudios inútiles y cuando las sanciones lleguen, seguramente escucharemos la excusa de siempre: "fue un error administrativo, no hubo dolo".

¿Será que algún día aprenderemos?