Millonaria sanción por destruir ocho hectáreas de bosque protegido en Santander de Quilichao

La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) impuso una de las sanciones ambientales más altas de los últimos años en el departamento, luego de comprobar la afectación de ocho hectáreas del Ecosistema de Bosque Seco Tropical en el predio La Esmeralda, ubicado en jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao.

La decisión quedó consignada en la Resolución No. 794 del 15 de julio de 2026, mediante la cual la autoridad ambiental sancionó, en primera instancia, a una entidad pública del orden nacional y a un resguardo indígena por las intervenciones realizadas en un área clasificada como suelo de protección ambiental.

De acuerdo con la investigación adelantada por la CRC, durante el proceso se recopilaron informes técnicos, visitas de seguimiento, registros fotográficos y demás pruebas que evidenciaron la tala de árboles sin autorización ambiental, quema de bosque natural y vegetación protectora, además de actividades como apertura de vías, descapote, explanación de terrenos e intervenciones agrícolas dentro de un ecosistema protegido.

La autoridad ambiental señaló que el área afectada alberga importantes elementos ecológicos, entre ellos un relicto de Bosque Seco Tropical, humedales, bosques riparios, guaduales, nacimientos de agua y la franja de protección de la quebrada Cocolé, ecosistemas considerados estratégicos para la conservación ambiental en el norte del Cauca.

Según la CRC, las actividades desarrolladas provocaron la pérdida de cobertura vegetal, la fragmentación del hábitat, la alteración del suelo y un impacto sobre la estructura y funcionalidad ecológica del ecosistema. Además, la Corporación concluyó que algunas de las intervenciones continuaron incluso después de que se ordenara la suspensión preventiva de las actividades.

Como resultado del proceso sancionatorio, la Corporación impuso multas por un valor aproximado de 2.135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a cerca de $3.738 millones. Asimismo, ordenó al resguardo indígena la demolición, con sus propios recursos, de las obras y adecuaciones que sean definidas técnicamente por la entidad.

Adicionalmente, los investigados deberán cumplir de manera conjunta con una medida compensatoria de restauración ecológica sobre 36,1 hectáreas, con el propósito de mitigar los daños ocasionados al ecosistema.

La CRC aclaró que la Resolución No. 794 de 2026 aún no está en firme, por lo que los investigados pueden presentar recurso de reposición. Las sanciones y obligaciones solo serán exigibles una vez el acto administrativo quede ejecutoriado.

Finalmente, la autoridad ambiental reiteró el llamado a respetar las restricciones establecidas para los suelos de protección y recordó que cualquier intervención que pueda afectar los recursos naturales debe contar previamente con los permisos ambientales correspondientes.