Nueva contrarreforma pensional permitiría retirar los ahorros y escoger entre fondos públicos y privados
La iniciativa busca modificar varios puntos de la reforma pensional promovida durante el Gobierno de Gustavo Petro. Entre los cambios se encuentran la libertad para escoger el fondo de pensiones y la posibilidad de retirar los ahorros cuando no se cumplan los requisitos para pensionarse.
Un nuevo debate sobre el futuro de las pensiones en Colombia está por comenzar en el Congreso de la República. El Centro Democrático prepara la presentación de un proyecto de ley con el que pretende modificar aspectos fundamentales del sistema pensional aprobado durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
La propuesta, conocida como contrarreforma pensional, es impulsada por los congresistas Claudia Margarita Zuleta, Andrés Forero y Zandra Bernal, quienes buscan introducir cambios relacionados con la administración de los aportes, la devolución de los ahorros y las garantías para quienes lleguen a la edad de jubilación.
Uno de los principales objetivos de la iniciativa es permitir que los trabajadores tengan mayor autonomía para decidir qué entidad administrará los recursos destinados a su pensión.
Colombianos podrían escoger entre Colpensiones y fondos privados
Uno de los cambios más importantes está relacionado con la obligación de realizar aportes a Colpensiones.
La reforma impulsada por el Gobierno Petro estableció que las cotizaciones correspondientes a ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos deben dirigirse al componente administrado por Colpensiones.
Sin embargo, el nuevo proyecto plantea que los trabajadores puedan elegir entre la entidad pública y una administradora privada para manejar sus cotizaciones correspondientes a ingresos entre uno y 2,3 salarios mínimos.
De aprobarse esta modificación, los afiliados que cumplan las condiciones establecidas en la iniciativa tendrían la posibilidad de decidir dónde administrar sus recursos, sin estar obligados a mantenerlos en Colpensiones.
La propuesta también contempla que los ciudadanos puedan trasladarse entre el sistema público y el privado cada cinco años, sin restricciones de edad, siempre que reciban previamente asesoría de ambas entidades.
En el caso de los traslados entre administradoras privadas, el cambio podría realizarse cada seis meses.
Para quienes tengan ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos, el proyecto establece un plazo de seis meses para seleccionar la administradora encargada de manejar los aportes correspondientes al excedente.
Trabajadores que no logren pensionarse podrían recuperar sus ahorros
Otro de los puntos que promete generar discusión está relacionado con las personas que llegan a la edad de jubilación sin completar las semanas o los requisitos exigidos para obtener una pensión.
La iniciativa plantea ampliar las alternativas disponibles para estos ciudadanos, incluyendo la posibilidad de solicitar la devolución de los recursos acumulados.
De acuerdo con el articulado propuesto, los afiliados que no alcancen a obtener una pensión de vejez podrían acceder, según las condiciones aplicables, a mecanismos como la devolución de saldos, indemnización sustitutiva, prestaciones anticipadas, beneficios económicos periódicos o pensión familiar.
Con esta modificación, los autores del proyecto buscan que quienes no logren pensionarse puedan decidir entre recuperar sus aportes, cuando corresponda, o acceder a otros mecanismos de protección económica durante la vejez.
El Estado tendría que garantizar el pago de las pensiones
La contrarreforma también incorpora disposiciones relacionadas con la protección del dinero ahorrado por los trabajadores.
El documento establece que los recursos depositados en las cuentas individuales deben mantenerse separados del patrimonio de las entidades administradoras.
Asimismo, propone que las inversiones realizadas con estos fondos estén orientadas a obtener mejores resultados para los afiliados, con una reducción progresiva de los riesgos financieros a medida que se acerque la edad de jubilación.
Otro aspecto relevante es que el Estado colombiano asumiría expresamente el papel de garante final de las pensiones.
Esto significa que, ante situaciones que comprometan la financiación de las mesadas, el Estado tendría responsabilidades de garantía y podría exigir responsabilidades a las administradoras que incumplan sus obligaciones.
La iniciativa también contempla mecanismos de vigilancia para evitar que los recursos destinados a garantizar las pensiones mínimas se agoten.
¿La propuesta busca acabar con Colpensiones?
Aunque el expresidente Álvaro Uribe Vélez había planteado anteriormente la posibilidad de eliminar Colpensiones, el proyecto preparado por su partido no contempla la desaparición de esta entidad.
Por el contrario, propone mantener su participación dentro del sistema pensional, pero permitiendo que los afiliados puedan escoger entre la administración pública y privada en los casos previstos por la ley.
De esta manera, Colpensiones continuaría funcionando, aunque tendría que competir con las administradoras privadas por la elección de los trabajadores.
Proyecto deberá superar el debate en el Congreso
La propuesta será presentada ante el Congreso de la República, donde deberá cumplir el trámite legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.
Su discusión podría enfrentar diferentes posiciones políticas, especialmente entre quienes respaldan el modelo pensional aprobado durante el Gobierno Petro y quienes consideran necesario introducir modificaciones para ampliar la libertad de elección de los cotizantes.
También será importante conocer la posición del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella frente a esta iniciativa, teniendo en cuenta que durante su campaña presidencial planteó la necesidad de revisar aspectos del sistema pensional.
Por ahora, los cambios anunciados son propuestas legislativas y no representan modificaciones inmediatas para los afiliados. Su eventual aplicación dependerá de la aprobación del Congreso y de los procedimientos legales correspondientes.