Oficiales militares serán llamados por la JEP por el tema de los falsos positivos

Luego de cinco años de investigación sobre los llamados falsos positivos, forma eufemística de llamar las muertes de civiles presentadas falsamente como bajas en combate, los miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se concentrará en ascender en la cadena de mando oficial de la fuerza pública.

Esta nueva fase investigatova se dirigirá a determinar las máximas responsabilidades de altos mandos del Ejército Nacional y de otras fuerzas, algo que las víctimas exigen y han resumido en la famosa frase “¿Quién dio la orden?”. Esta última se promulgó abiertamente en el pasado paro nacional del 2021.

El magistrado de la JEP, Óscar Parra explicó que con esa metodología, “no se atribuirá responsabilidades a altos mandos militares, basándose única y exclusivamente en su jerarquía o posición de mando”, sino que determinarán si esos oficiales de mando “tuvieron conocimiento de la sistematicidad y generalidad de los crímenes”, o “si participaron de manera directa o indirecta, por acción u omisión en las políticas o patrones de macro criminalidad y si actuaron o no con la debida diligencia para detener oportunamente los crímenes, teniendo los medios para hacerlo”.

La nueva fase judicial también cuenta con la posibilidad de que los ex presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos sean llamados como testigos en la investigación de estos horrendos crímenes.

“La JEP llamará como testigos a aquellos agentes no integrantes de la fuerza pública que hicieron parte del Gobierno nacional y que hubieran podido tener acceso a información sobre la comisión de los crímenes y sobre las medidas institucionales tomadas para prevenirlos”, agregó Parra.

Para la época en la que se presentaron la mayoría de las ejecuciones de civiles, Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa y Álvaro Uribe, el presidente por el Centro Democrático.

La investigación nacional de los falsos positivos, sin embargo, se circunscribirá solamente a los años 2005 y 2008, tiempo que corresponde a la política denominada Falsos Positivos.

Esto ha generado críticas de representantes de víctimas. Entre esos años, explica la JEP, se presentó el pico más alto de crímenes registrados; se tomaron decisiones de estrategia militar que habrían incidido en la dinámica de victimización y, con posterioridad al 2005, se habría consolidado el patrón criminal de asesinatos y desapariciones forzadas motivados por la presión de resultados militares sin importar a qué costo.

Hay que recordar que uno de los militares de mayor rango investigado por estos crímines es el general Mario Montoya, quien fue comandante de la Séptima División entre 2004 y 2005 y en 2006 llegó a ser comandante del Ejército Nacional.

Su nombre ha sido mencionado en 24 versiones rendidas por comparecientes que están vinculados al caso 03. Uno de ellas se conoció públicamente en Dabeiba, departamento de Antioquia.

“No éramos casos aislados. Esta práctica se vuelve sistemática con la llegada del general (Mario) Montoya a la Séptima División. Este general efectuaba programas radiales donde nos decía: Yo no necesito litros de sangre, necesito carrotancados de sangre”, confirmó el sargento Fidel Ochoa en una de las audiencias ante la JEP.

Montoya ya estaba siendo investigado como comandante de la Cuarta Brigada (entre 2000 y 2003) en el subcaso de Antioquia y será llamado nuevamente en la fase de investigación nacional.

“Esta región acumula una cuarta parte de los falsos positivos de todo el país. Entre 2002 y 2008 en Antioquia son más de 1.500 hechos”, agregó la magistrada Catalina Díaz.

Hasta el momento el número de víctimas se cifra en 6.402 civiles asesinados bajo este patrón criminal. El país ya conoce las audiencias de reconocimiento en las que comandantes de batallones y unidades militares, así como suboficiales han admitido que asesinaron a civiles que estigmatizaron como guerrilleros, a habitantes de calle y personas desempleadas que reclutaban con falsas promesas de trabajo y que lo hacían a cambio de viajes, descansos y ascensos.

En total, la JEP ha imputado a 59 máximos responsables y tres partícipes no determinantes en estos casos. El 90 por ciento de estos han reconocido su participación en la comisión de esos crímenes.

Por el momento, desde la creación de la Jurisdicción, tras los acuerdos de paz entre el Gobierno y las extintas Farc, hasta el momento, 3.582 militares se han sometido a la JEP, bajo la política de entregar información y verdad, estos militares pueden someterse a sanciones que no necesariamente los envían a la cárcel.

La prioridad en la investigación sobre los falsos positivos ha estado concentrada en las regiones de Norte de Santander, Antioquia, Casanare, Meta, Huila y el cementerio de Las Mercedes en Dabeiba. De ahí que la decisión de la JEP de no abrir nuevos subcasos territoriales ha sido criticada por algunos abogados de las víctimas como una ventana a la impunidad.

“Esta es una decisión preocupante porque desde el 2018 que se sometió Montoya Uribe siempre nos dijeron que se iban a abrir más investigaciones territoriales. Ahora nos dicen que no. Entonces uno se pregunta qué pasará con Cauca, Eje Cafetero, Chocó”, dijo el abogado Germán Romero a una reconocida emisora.

A pesar de esto la importancia del trabajo de la JEP es conocer el rostros de aquellos oficiales militares que participaron o permitieron que milies de inocentes perdieran la vida en medio del afán de presentar logro en la guerra contra la insurgencia.