Oficina jurídica de Popayán: ¿garante legal o nuevo epicentro de la politiquería?

En Popayán, cada vez que se anuncia un cambio en cargos clave, la ciudadanía espera mejoras. Pero lo ocurrido en la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, tras la salida de Ana Patricia Prado, parece demostrar lo contrario: en lugar de avanzar, la administración del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo parece estar dando pasos hacia atrás.

La salida de Prado, fuertemente exigida por varios concejales por su lentitud en la gestión contractual, dio paso a una supuesta “renovación” con la llegada del abogado Carlos Andrés Bolaños, presentado como un experto recomendado por el excongresista Jesús Ignacio García. Sin embargo, en menos de seis meses, esa renovación ya huele a repartija.

Según denuncias internas, la Oficina Jurídica se ha convertido en refugio de amigos del nuevo asesor jurídico, muchos de ellos sin experiencia comprobada ni vínculo alguno con la campaña del actual alcalde, lo que pone en duda su compromiso real con la tan anunciada “Recuperación de Popayán”. Lo simbólico raya en lo escandaloso: se afirma que hay un funcionario, contratado con recursos públicos, cuya única función sería abrir y cerrar la puerta del despacho de Bolaños. Mientras tanto, los procesos jurídicos y contractuales del municipio siguen estancados.

🔍 Contratación directa bajo la lupa

Pero más allá del nepotismo evidente, lo que genera alarma es el interés desmedido en un proceso de contratación directa con el cabildo indígena KOFÁN por más de 4.800 millones de pesos, equivalentes al 80 % del presupuesto de la Secretaría de Deporte y Recreación. Esta millonaria contratación ha concentrado los esfuerzos del secretario Luis Felipe Sánchez y del propio Bolaños, dejando de lado otras gestiones prioritarias para la ciudad.

En los pasillos de la Alcaldía y en los cafés cercanos al Parque Caldas, se habla de la supuesta presencia frecuente de un emisario de Tulio Gómez, empresario y político vallecaucano, en reuniones informales con el asesor jurídico. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cuál es el verdadero interés detrás de este contrato?, ¿cuáles son los beneficios reales para Popayán?

🧩 ¿Por qué importa?

• Porque los procesos de contratación pública deben estar guiados por el interés general, no por afinidades políticas ni conveniencias privadas.
• Porque cualquier contratación directa, y más aún por montos tan elevados, debe estar plenamente justificada y auditada.

📉 El riesgo para la administración Muñoz

El malestar ciudadano y el estancamiento en los procesos jurídicos y administrativos ya empiezan a erosionar la imagen de una administración que prometió hacer alianzas con la gente y acabar con la politiquería. Hoy, esa promesa parece estar en “veremos”.

No es tarde para corregir el rumbo. Pero para ello, el alcalde debe tomar decisiones valientes y recordar que quien pone su firma en los contratos es él, y que el costo político y legal de cada error, por omisión o por acción, será su responsabilidad directa.

El caso del exsecretario de Gobierno Carlos Horacio Gómez Quintero, censurado por mayoría absoluta del Concejo Municipal por su bajo desempeño y errores graves en la presentación de proyectos, debe servir como advertencia para el actual asesor jurídico, Carlos Andrés Bolaños. No basta con el respaldo político: la ciudadanía y sus representantes exigen resultados concretos, capacidad técnica y compromiso con lo público. La gestión no puede reducirse a llenar cargos con amigos ni a supuestamente promover contratos oscuros desde los cafés. Si el alcalde no toma decisiones firmes frente a sus funcionarios más cuestionados, su administración terminará ahogada en su propia improvisación. Popayán necesita liderazgo, no escuderos.

Sin lugar a dudas, para recuperar Popayán se necesita más ética pública y menos clientelismo; más resultados y menos componendas. Si esta Oficina Jurídica no corrige su rumbo, no será recordada como garante de la legalidad, sino como el emblema de un lamentable retroceso administrativo.

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