Organizaciones sociales del Cauca se lanzarán a las calles para denunciar la "elección ilegítima de Aberlado de la Espriella"
Campesinos, indígenas y comunidades populares anunciaron que se movilizarán para denunciar lo que consideran irregularidades en la elección del jefe de Firmes por la Patria.
Con una declaración política aprobada por más de 100 delegados, representantes de 36 organizaciones sociales y políticas del Cauca dieron a conocer las conclusiones de una asamblea realizada en Popayán para analizar el escenario político nacional tras las elecciones presidenciales y definir las acciones que desarrollarán durante los próximos meses.
El encuentro fue convocado por la Coordinación de Organizaciones Sociales, Étnicas, Sindicales y Populares del Cauca y tuvo lugar en el auditorio de Sintrabecólicas. Allí, los asistentes debatieron sobre los resultados electorales, la continuidad de las reformas impulsadas por el gobierno del Pacto Histórico y los desafíos que, según consideran, enfrentan los movimientos sociales con la llegada de la nueva administración.
Como parte de la declaración, las organizaciones expresaron que no reconocen la legitimidad del presidente electo, Abelardo De la Espriella, al sostener que el proceso electoral presentó irregularidades. Esa posición corresponde exclusivamente a la postura política de la asamblea y no refleja una decisión de las autoridades competentes.
Los delegados manifestaron además su preocupación por las medidas que ha anunciado el nuevo gobierno y convocaron a fortalecer la organización de los sectores obreros, campesinos, juveniles y populares para defender las reformas sociales, laborales y ambientales alcanzadas durante el actual periodo presidencial.
Dentro de las conclusiones se acordó impulsar un encuentro departamental de organizaciones sociales que permita articular acciones conjuntas, fortalecer los procesos de formación política y respaldar las convocatorias nacionales de movilización que se realicen en los próximos meses.
El documento también recoge la posición de las organizaciones frente a temas ambientales y de derechos colectivos. En ese sentido, expresan su rechazo al fracking, a la expansión minera y a la aspersión con glifosato, además de reiterar su respaldo a las luchas por la igualdad de género, los derechos de la población LGBTIQ+ y la defensa de la educación pública.
En otro apartado, la declaración insiste en fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos y avanzar en la construcción de una paz con justicia social y ambiental. Asimismo, cuestiona algunas propuestas del gobierno electo relacionadas con seguridad y orden público, al considerar que podrían afectar el derecho a la protesta. Esa valoración corresponde a la posición de los firmantes del documento.
Finalmente, las organizaciones reafirmaron su pertenencia al Pacto Histórico, solicitaron mantener un diálogo permanente con los congresistas de esa colectividad y anunciaron que participarán en la movilización nacional prevista para el próximo 20 de julio en respaldo de las reformas impulsadas durante el actual gobierno.