Oscar Campo y Juan Carlos López, dimes y diretes por la presunta venta irregular del Parque de la Salud

El representante a la Cámara Oscar Campo y el exalcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, protagonizaron un rifirrafe a través de redes sociales por la presunta venta irregular del predio conocido como Parque de la Salud patrimonio público de los caucanos

Oscar Campo y Juan Carlos López, dimes y diretes por la presunta venta irregular del Parque de la Salud

La polémica se originó cuando el precandidato a la alcaldía Cristhian Gómez quien hace parte del grupo politico que lidera el Representante a la Cámara por el Cauca Oscar Campo, cuestionó en un video las actuaciones de López Castrillón durante su administración en relación con la declaratoria de utilidad pública y posterior enajenación del Parque de la Salud.

Ante esto, el exalcalde respondió de manera sarcástica sugiriendo que Gómez debería "estudiar derecho". Esto motivó una respuesta de Oscar Campo, quién en su cuenta de la red social X escribió: "A propósito de estudiantes de derecho, sería bueno que un buen profesor de penal analizara con sus estudiantes..." algunos interrogantes jurídicos relacionados con irregularidades en la venta del Parque de la Salud.

El cruce de declaraciones entre Campo y López evidencia la polémica existente sobre la presunta ilegalidad en el proceso de venta del Parque de la Salud. A esta disputa se suma ahora la voz del exgobernador del Cauca, Temistocles Ortega
, quien a través de sus redes sociales pidió a las actuales autoridades iniciar acciones legales para revertir lo que él considera un "despropósito".

Temistocles Ortega, señala directamente a la Liga de Fútbol del Cauca como presunta responsable de la enajenación irregular de este predio. Y hace un llamado vehemente a la ciudadanía a manifestarse en contra de este y otros casos donde se estarían anteponiendo intereses particulares sobre el bienestar colectivo.

Este cúmulo de señalamientos entre importantes figuras políticas de la región pone en evidencia varios fenómenos preocupantes: primero, la discrecionalidad con la que podrían estar actuando algunas autoridades y entes descentralizados en el manejo de bienes públicos.

Segundo, la permisividad e indiferencia de algunos sectores de la ciudadanía ante abusos sobre los que deberían mostrar mayor rechazo y control.

Y tercero, la falta de transparencia en los procesos de contratación que facilitan negocios al margen de la legalidad y en detrimento del interés general.

Es necesario avanzar en reformas jurídicas e institucionales que cierren espacios a la corrupción. Pero también en una transformación cultural que impulse un ejercicio ciudadano más informado, crítico y activo frente al poder político. La vigilancia no puede quedar solo en manos de unos pocos. El control social debe involucrar a amplios sectores en la defensa del patrimonio colectivo.