Panamá: represión, asedio y estado de excepción durante los 35 días de huelga

El Gobierno de José Raúl Mulino desata una ola de violencia y persecución política sin precedentes en la historia de ese país. Con acciones que violan flagrantemente la Constitución y los derechos humanos, el Ejecutivo se niega sistemáticamente al diálogo e ignora las masivas protestas ciudadanas que exigen la derogación de la Ley 462 y el respeto a sus garantías fundamentales.

A más de cuarenta días de protestas ciudadanas masivas, el pueblo panameño mantiene su lucha contra las políticas neoliberales que privatizan los derechos sociales.

Las movilizaciones ciudadanas exigen justicia ante la creciente militarización y el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Gobierno Central

Las comunidades indígenas denuncian el despliegue de una brutal represión por parte del Estado Panameño. En Darién, las fuerzas de seguridad han agredido a poblaciones vulnerables, incluyendo niños, ancianos y mujeres embarazadas.

El régimen de Mulino también lleva a cabo arrestos arbitrarios contra importantes figuras como la Cacique suplente de Tierras Colectivas, Lucrecia Caisamo, y el noko Evelardo Membache.

Mientras tanto, El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) también ha sido víctima de una fuerte persecución. Genaro López y Jaime Caballero permanecen encarcelados mediante procesos judiciales amañados, mientras Erasmo Cerrud y otros dirigentes son hostigados con órdenes de captura.

A su vez, el líder del Suntracs, Saúl Méndez, lleva diez días en la Embajada de Bolivia esperando una respuesta a la una solicitud de refugio y un salvoconducto.

Por su parte, la Asamblea Nacional archivó todas las denuncias contra Mulino por abuso de poder, traición a la patria y extralimitación de funciones.

A su vez, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), emitió un comunicado este domingo 1° de junio en el cual denuncia que la Corte Suprema de Justicia como cómplice del Ejecutivo. “La CSJ guarda silencio, no actúa y se demora en resolver los recursos que se les presenta, prestándose para el show mediático de Mulino y reafirmando que en este país la justicia es selectiva”, afirma la organización en la misiva.

En tanto, el Ministerio Público, dirigido por Luis Gómez Rudi, abogado personal de Mulino, opera como brazo represor del Gobierno y ordena detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales que violan garantías constitucionales.

El pueblo panameño también se opone a la reactivación ilegal de la mina de cobre en Donoso que beneficia a una empresa cuyos contratos fueron declarados inconstitucionalmente nulos. Según el Frenadeso, actualmente, bajo el disfraz de un «plan de preservación», la empresa «roba los recursos que pertenecen al pueblo panameño«.

El Ejecutivo de Mulino también firmó un memorando que permite la presencia militar permanente de Estados Unidos en suelo panameño, mientras el embajador Kevin Cabrera amenaza a políticos con revocar sus visas y negocia el paso gratuito de barcos estadounidenses por el Canal, violando su neutralidad.

De acuerdo con revelaciones del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, fue el propio Mulino quien solicitó tropas extranjeras antes de asumir la presidencia. Aunque intenta desmentirlo, sus propias declaraciones lo delatan, ya que en reiteradas ocasiones insisitó en que la frontera de EE.UU. no comienza en Texas, sino en Lajas Blancas, Darién.

El Gobierno de Mulino también reprime las protestas estudiantiles y chantajea a las autoridades universitarias. Además, expulsó por cinco años al estudiante Eduardo García, del FER-29, por su participación en las protestas.

Desde la Conferencia Internacional del Trabajo de la (OIT), la delegación panameña conformada por Marco Andrade, secretario general, y Gabriel Castillo, secretario de organización de CONUSI, informó que Panamá ha sido incluida en la lista corta de los 24 países que más vulneran la libertad sindical.