Panamericana sigue habilitada: comunidades de Cajibío advierten posible cierre si no hay avances
Aunque la vía se encuentra habilitada, persiste la incertidumbre por la continuidad de los compromisos asumidos por el Estado con las comunidades rurales.
A esta hora, la vía Panamericana en el sector de El Cairo, municipio de Cajibío (Cauca), registra tránsito normal, pese a la presencia de delegaciones comunitarias que permanecen en el lugar a la espera del reinicio de los diálogos con el Gobierno Nacional, departamental y municipal.
Desde las 6:00 p.m. del miércoles 21 de mayo, comenzaron a llegar las comisiones convocadas para continuar con las mesas de concertación este jueves en la vereda El Cairo.
Sin embargo, las comunidades permanecen en alerta ante una posible ausencia de funcionarios clave o un eventual incumplimiento de compromisos, lo que podría llevar al cierre de la vía Panamericana como medida de presión.
Los habitantes de 19 veredas del sector de La Pedregosa, así como de las veredas La Aurelia y La Granja, han estado en asamblea permanente desde el pasado 4 de mayo, denunciando más de cuatro décadas de abandono estatal.
En estas semanas han sostenido reuniones con la Gobernación del Cauca, la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), entre otras entidades.
Entre las principales exigencias de las comunidades rurales están:
La pavimentación de 30 kilómetros entre Cajibío y Marcongo.
Intervenciones urgentes en ramales y puentes veredales.
La realización de un SNARIV nacional (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas) con enfoque territorial para Cajibío.
La presencia del gobernador del Cauca en la mesa de diálogo para concretar acuerdos.
Este proceso es respaldado por las Juntas de Acción Comunal, el Consejo Comunitario Unidad Territorial y Territorio de Paz, así como por la Coordinadora Campesina COCAM, quienes reiteran su disposición al diálogo pero exigen respuestas claras, compromisos firmes y voluntad política real del Estado para resolver las necesidades históricas de la zona.
Las autoridades locales monitorean la situación y hacen un llamado al cumplimiento de los compromisos para evitar afectaciones en la movilidad y garantizar el respeto por los derechos de las comunidades movilizadas.