Personería de Popayán autorizó a jefe de Control Interno a conducir vehículo oficial; piden indagar posible peculado por uso

Una comunicación oficial revela que la personera Lina María Muñoz permitió de forma verbal que un funcionario externo manejara un carro institucional durante una diligencia nocturna. El hecho ha encendido alertas sobre el uso de bienes públicos y el rigor ético de las entidades de control.

La Personería Municipal de Popayán confirmó ante la Fiscalía General de la Nación que el jefe de Control Interno de la Alcaldía, Diego Fernando Rodríguez Alegría, condujo un vehículo oficial de la entidad bajo autorización verbal de la personera Lina María Muñoz.
La razón, según su versión, fue la falta de conductor disponible para trasladarla desde su domicilio durante una diligencia nocturna por denuncias de “piques ilegales”.

Una explicación que genera más dudas que certezas

El documento remitido por la Personería responde al Oficio 20420-2-215, relacionado con un proceso por presunto peculado por uso. En él se admite expresamente que el vehículo de placas JUO-324, adscrito a la entidad, fue conducido por un funcionario ajeno a su nómina, en medio de una supuesta actuación de vigilancia institucional.

Aunque se apeló a los principios de “eficacia” y “colaboración armónica entre dependencias”, la justificación deja en evidencia una práctica que podría contradecir la ley y la ética pública.

“Se autoriza al funcionario en mención, atendiendo a los principios de eficacia y celeridad… y a la colaboración armónica”, señala la comunicación enviada a la Fiscalía.

Puntos que preocupan

• Uso del bien público: el vehículo institucional fue operado por un servidor de otra entidad, lo que requiere una verificación jurídica sobre su legalidad.
• Competencias funcionales: las labores de un jefe de Control Interno no incluyen conducir automotores ajenos ni ejercer funciones operativas.
• Riesgo institucional: permitir este tipo de actuaciones puede abrir la puerta a extralimitaciones y pérdida de confianza ciudadana.

Cronología mínima

• 20 de marzo – 8 de julio de 2025: La Personería lideró mesas de trabajo interinstitucionales para abordar las denuncias por “piques ilegales”.
• 3–4 de abril de 2025: El vehículo oficial JUO-324 fue utilizado durante una diligencia nocturna, en la que se reportó posteriormente un siniestro vial.
• 22 de julio de 2025: La Personería confirmó ante la Fiscalía la autorización verbal.

La línea entre la colaboración y el exceso

La lucha contra los “piques ilegales” es necesaria, pero ninguna causa puede justificar que una entidad de control relaje la legalidad.
El problema no es la verificación ciudadana, sino la manera en que se hizo: sin registro escrito previo, sin conductor oficial y con una autorización verbal que compromete la transparencia del proceso.

El mensaje institucional que deja este caso

Cuando la propia Personería, llamada a vigilar el correcto uso de los bienes públicos, se aparta de los protocolos que debe exigir, se erosiona la confianza en las instituciones.
Más allá del resultado de la investigación, este episodio deja una lección clara: la ética pública no admite excepciones ni favores administrativos.

Llamado a los organismos de control

El caso debe ser revisado con lupa por la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría Municipal, para establecer si hubo irregularidades disciplinarias o administrativas.
Asimismo, urge que la Alcaldía publique el inventario de vehículos oficiales, los conductores autorizados y las bitácoras de uso como muestra de compromiso con la transparencia y el control social.

Popayán no necesita discursos de moralidad, sino coherencia institucional.
Si la entidad encargada de vigilar la conducta oficial justifica actuaciones por fuera de la norma, el mensaje que se envía a la ciudadanía es demoledor.
La legalidad no se defiende con excepciones, sino con ejemplo.

Caso en seguimiento.

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