Petro y María José Pizarro, bajo la lupa de la Corte Suprema por denuncia de presuntos favores sexuales

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió para su estudio una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro, relacionada con presuntas irregularidades en la entrega de contratos y puestos de trabajo a cambio de favores sexuales.

El caso surge a partir de las declaraciones de Deicy Jiménez, quien aseguró que algunas mujeres habrían recibido oportunidades laborales en el Congreso de la República como contraprestación por supuestos encuentros sexuales con el exmandatario.

Según la denunciante, estas situaciones también se habrían presentado durante el periodo en el que Gustavo Petro ejerció como congresista.

Una contratación por 34 millones de pesos, entre los señalamientos

Uno de los aspectos que deberá ser examinado corresponde a la contratación de la propia Deicy Jiménez en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de María José Pizarro.

La mujer afirmó que recibió un contrato por aproximadamente 34 millones de pesos para apoyar las actividades de la primera vicepresidencia del Senado, responsabilidad que en ese momento desempeñaba Pizarro.

Paradójicamente, de acuerdo con su relato, algunas de sus funciones estaban relacionadas con el acompañamiento de asuntos de violencia sexual.

Jiménez sostiene que su vinculación laboral se habría producido por recomendación de Gustavo Petro y que estaría relacionada con los presuntos favores denunciados.

Sin embargo, estas afirmaciones deberán ser verificadas por las autoridades judiciales, pues hasta el momento no constituyen hechos probados.

Corte Suprema determinará si existen pruebas para avanzar

El magistrado Javier Fernando Fonseca será el encargado de estudiar la información que llegó a la Sala de Instrucción y establecer qué actuaciones judiciales podrían adelantarse.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, explicó que los hechos denunciados corresponderían a una época en la que Petro ejercía como congresista, circunstancia que permitiría analizar el asunto dentro de las competencias de la corporación.

De acuerdo con el magistrado, el proceso se encuentra en una etapa preliminar y será necesario revisar el material disponible antes de adoptar nuevas decisiones.

Entre las posibilidades se encuentran ampliar la información de la denuncia, solicitar declaraciones o evaluar si existen fundamentos para una vinculación formal.

La admisión de la denuncia para su estudio no significa que se haya demostrado responsabilidad penal de las personas mencionadas.

María José Pizarro rechaza las acusaciones

Tras conocerse los señalamientos, María José Pizarro rechazó las acusaciones y aseguró que no permitirá que se ponga en duda su trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres.

La excongresista calificó las afirmaciones como señalamientos carentes de fundamento y sostuvo que podrían hacer parte de una estrategia para afectar su imagen y apartarla de la actividad política.

Asimismo, cuestionó duramente a los medios de comunicación que divulgaron las declaraciones de Jiménez, a los que acusó de promover contenidos sensacionalistas.

En su pronunciamiento, Pizarro defendió su compromiso con los derechos de las mujeres, aunque no aclaró públicamente, en esa respuesta, las circunstancias específicas de la contratación mencionada por la denunciante.

¿Qué sigue en el proceso?

La atención ahora se concentra en las decisiones que adopte la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado encargado deberá establecer si los testimonios y demás elementos disponibles justifican nuevas diligencias judiciales.

Por ahora, el caso permanece en una fase inicial de evaluación y no existe una decisión judicial que establezca la responsabilidad de Gustavo Petro o María José Pizarro frente a los hechos denunciados.

La investigación podría avanzar dependiendo de la información que sea recopilada y de la valoración jurídica que realice la Corte Suprema.