Planeación ausente: la factura que paga Popayán por los errores del ex-alcalde López Castrillón

Aunque insiste en eximirse de toda responsabilidad y en señalar a otros como antagonistas, el legado de su administración sigue generando desafíos considerables para la gestión actual.

Con la reanudación de la construcción de la Avenida de los Próceres, suspendida desde sus inicios debido a fallos en la gestión de información, documentación y solicitudes de autorizaciones ambientales ante las autoridades competentes, resurgen nuevamente tensiones políticas. La administración anterior intentó culpar a la Corporación Regional del Cauca, aunque esta entidad siempre se ha mostrado dispuesta a colaborar en el desarrollo del proyecto, siempre y cuando se garanticen las medidas de protección ambiental, especialmente en lo que respecta a los humedales, que podrían verse gravemente afectados por un trazado vial inapropiado.

Es importante recordar que el Contrato de Obra se basa en el principio de buena fe contractual, un acto solemne que constituye la base legal del acuerdo entre las partes. Este principio implica una obligación de transparencia y honestidad en todo el proceso, desde la etapa precontractual. Es en esta fase donde corresponde realizar los estudios y diseños a nivel de preconstrucción, los cuales el contratista debe poder adoptar sin mayores observaciones, para proceder con la construcción del objeto para el cual fue contratado.

El Consejo de Estado ha establecido en varias ocasiones que la deficiencia en los estudios y diseños a cargo de la entidad pública contratante constituye un incumplimiento del contrato estatal. En este contexto, los tres contratistas de obra (ya que han sido tres cesionarios del contrato) y el contratista interventor han mostrado una actitud comprensiva hacia el Municipio de Popayán al no emprender acciones legales, a pesar de que el contrato supera los 30.000 millones de pesos y el plazo inicialmente pactado venció hace 11 meses. Solo ahora, gracias a una gestión transparente, técnica y bien fundamentada, se observan avances hacia su ejecución. De haber sido diferente la postura de los contratistas, el Municipio podría haberse enfrentado a un proceso jurídico similar al de los Hermanos Solarte, con la participación de actores de vieja data que se reintegran al proceso.

Tanto la Secretaría de Infraestructura como la Secretaría de Tránsito están asumiendo la responsabilidad de abordar las revisiones pendientes, especialmente en lo que respecta al diseño de las dos intersecciones clave: la de empalme con la Carrera 9ª y la de empalme con la Variante Popayán. Estos elementos son esenciales para la viabilidad del proyecto de pavimentación de la Avenida de los Próceres. Sin ellos, el trazado carece de funcionalidad.

Aunque persiste el riesgo de posibles réplicas jurídicas contra la Administración Municipal, la ciudad puede confiar en que los actores responsables están realizando los esfuerzos necesarios para rectificar la situación. Sin embargo, no es apropiado que el exmandatario, ni aquellos que aún lo respaldan, se presenten como los héroes de este proceso, cuando los documentos y la realidad muestran de manera inequívoca una situación distinta.

2 de marzo de 2022: mediante el oficio SGA-3605-2022, el Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Regional del Cauca (CRC), en ejercicio de funciones delegadas, informó al Municipio de Popayán que el Proyecto Vial Avenida Los Próceres requería licencia ambiental. En este contexto, le suministró los términos de referencia para elaborar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, con el fin de que el Municipio, como ejecutor del proyecto, analizara las opciones para el trazado de la vía y eligiera la alternativa con menores impactos ambientales.

En respuesta, el Municipio de Popayán presentó un Plan de Manejo Ambiental sin cartografía (es decir, sin planos del trazado, los cuales ya estaban disponibles), en lugar del Diagnóstico Ambiental de Alternativas que le fue solicitado. Deja a entrever, o por lo menos sospechar, que ya se conocía del potencial impacto en la zona, pero permite observar también que la intención era seguir de cualquier manera.

En el Plan de Manejo Ambiental, el Municipio especificó que la vía sería urbana (pág. 11), pero omitió mencionar la necesidad de abrir un tramo de vía totalmente nuevo de aproximadamente 900 metros lineales a partir de la abscisa K1+800, concluyendo erróneamente que el proyecto consistía únicamente en un mejoramiento de vía (pág. 12), lo cual no requiere licenciamiento ambiental. A pesar de esto, el Municipio debía tramitar los permisos ambientales correspondientes.

La omisión de esta información presenta un sesgo evidente en la presentación de los datos, lo que indujo a la CRC a un error, afectando la correcta evaluación del proyecto. Esta actuación ilustra vicios significativos; gestiones en manos del Ing. Carlos Alberto Córdoba Muñoz, Magister en Ingeniería y Gerente de Proyectos, sucedido por la Ing. Karina Betancourt Gómez contratista e interventora de obras de infraestructura en el Departamento del Cauca. Es decir, conocimiento sobre lo que se estaba haciendo existía.

Con base en esta gestión y en los documentos intercambiados, el 28 de abril de 2022, mediante la comunicación SGA-7392-2022, la CRC, habiendo sido inducida al error, informó al Municipio de Popayán que, dado que la vía es urbana, no era necesario tramitar la licencia ambiental. Sin embargo, se advirtió que el Municipio debía ajustarse a las determinantes ambientales y tramitar los permisos ambientales necesarios, conforme a la normativa que aplica a todos los contratistas de obra.

Durante los meses de abril y agosto de 2022, la CRC no recibió información complementaria ni solicitudes de trámites ambientales.

3 de agosto de 2022: tanto la CRC como el Municipio de Popayán fueron notificados de una tutela con el fin de salvaguardar el río Cauca como sujeto de derechos y buscar un rediseño del proyecto de la Avenida Los Próceres. En respuesta, la CRC emitió el oficio SGA-13674 de 05 de agosto de 2022, solicitando al Municipio de Popayán presentar los planos de diseño del trazado en el sistema de coordenadas Magna Sirgas Colombia Origen Oeste, con el fin de conocer el área a intervenir. Esta información no había sido incluida en el Plan de Manejo Ambiental, y la responsabilidad de su presentación recae sobre el interesado.

La CRC advirtió que la información proporcionada sería crucial para definir si el pronunciamiento anterior sobre la no necesidad de licencia ambiental (SGA-3627-2022) seguía siendo válido.

En este contexto, el juez declaró improcedente la tutela, argumentando que no se vulneraban derechos fundamentales y que este no era el mecanismo adecuado para plantear los reclamos. No obstante, realizó un pronunciamiento importante al señalar que, tras revisar las respuestas a la acción, no existía aún una decisión definitiva de la autoridad ambiental respecto a la necesidad de la licencia ambiental. Se constató que el trámite administrativo aún estaba en curso y que faltaban varias verificaciones. El Municipio de Popayán fue notificado de esta sentencia, la cual se encuentra en la tutela No. 57 del 17 de agosto de 2022, dentro del expediente 19001310900620220019300.

Las normas de contratación estatal, junto con la Ley de Infraestructura, exigen que todo contrato de obra pública esté respaldado por los estudios de ingeniería necesarios. Durante la etapa de prefactibilidad, se debe determinar la alternativa técnica más adecuada, priorizando la que cause menores impactos ambientales. Además, al suscribir el contrato, es imperativo prever el cumplimiento de todos los requisitos legales asociados, incluidos permisos, autorizaciones y licencias, especialmente las ambientales. Por lo tanto, garantizar la claridad sobre la necesidad de estos permisos es una responsabilidad de los contratantes en la etapa precontractual como de los contratistas en la etapa de ejecución.

En este caso, no se solicitaron los permisos ambientales necesarios al inicio del proceso de licitación, lo que infringe gravemente el Principio de Planeación en la contratación estatal en Colombia. Este principio es fundamental, ya que garantiza la validez y éxito de los contratos públicos.

El deber de planeación, como manifestación del principio de economía, tiene como objetivo asegurar que todo proyecto cuente con los estudios técnicos, financieros y jurídicos necesarios para evaluar su viabilidad económica y técnica. Esto permite determinar si el proyecto debe ser contratado, su alineación con los planes de inversión y las leyes de apropiaciones, así como las modalidades contractuales más adecuadas. Además, el proceso debe incluir los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad, y una evaluación clara de los costos y recursos requeridos para su ejecución.

Este principio se basa en los artículos 209, 339 y 341 de la Constitución y se manifiesta en el deber de realizar estudios técnicos, financieros y jurídicos para determinar la viabilidad de un proyecto.

El principio de planeación en la contratación estatal tiene las siguientes características:

·        Evita la improvisación y el gasto innecesario del presupuesto público.

·        Permite analizar la pertinencia del objetivo del proyecto y el contexto en el que se desarrollará.

·        Ayuda a anticipar posibles contratiempos en la ejecución de las obras.

·        Garantiza que el negocio jurídico contractual se diseña de acuerdo con las necesidades del interés público.

La violación del principio de planeación podría dar lugar a la nulidad absoluta del contrato. Sin embargo, parece que existía una presión por “hacer algo”, “declarar un positivo” y proceder con la contratación sin la debida diligencia, lo que deja dudas significativas. No obstante, estas inquietudes pueden ir aclarándose a medida que se avanza en esta investigación, cuyos hallazgos se exponen más adelante.

De manera tangencial, también se podría mencionar el principio de transparencia en la contratación estatal, ya que la información proporcionada a la Corporación Regional del Cauca (CRC) presentó vicios tanto en forma como en contenido. Al contratista se le presentó un negocio contractual bajo la suposición de que todo el proceso estaba listo para la ejecución, lo que contraviene los principios establecidos en la Ley 80 de 1993.

A todas luces, también se observa una violación clara al principio de responsabilidad, ya que no se ha cumplido debidamente. Según la Ley 80, los servidores públicos responsables de la actividad contractual deben responder civil, penal y disciplinariamente por sus actos. Están obligados a garantizar la correcta ejecución de los contratos y a proteger los derechos tanto de la entidad como del contratista. En particular, se exige que los pliegos de condiciones, los términos de referencia y los estudios necesarios estén completos y bien elaborados, para evitar decisiones ambiguas o subjetivas que afecten el desarrollo del proyecto (Art. 26, Ley 80).

A pesar de los pronunciamientos previos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) y del juez de tutela, el Municipio de Popayán, como interesado en ejecutar el proyecto vial, no acudió a la CRC entre agosto de 2022 y febrero de 2023 para obtener un pronunciamiento definitivo sobre la necesidad de expedir la licencia ambiental.

En marzo de 2023, tras los anuncios del alcalde Sr. Castrillón sobre el inicio del proyecto "Avenida de los Próceres", la CRC, como autoridad ambiental en el Departamento del Cauca, constató el inicio de la obra. En respuesta, emitió la Resolución No. 250 del 7 de marzo de 2023, en la que amonestó por escrito al Municipio de Popayán y al Consorcio Vial Los Próceres (ejecutor de la obra). La resolución requirió la presentación, dentro de los 15 días siguientes, del Diagnóstico de Alternativas como primera etapa para la solicitud de licencia ambiental, lo cual no se cumplió.

Es evidente que la información proporcionada a la CRC por parte de la Alcaldía de Popayán fue incompleta y de carácter general, lo que llevó a una respuesta también genérica por parte de la entidad. La Alcaldía no realizó el cruce adecuado de la información necesaria para identificar problemáticas y atender los requisitos antes de proceder con el inicio apresurado del proceso de licitación.

Este enfoque ha generado dudas sobre las intenciones de la administración de López Castrillón, las cuales aún deben ser verificadas por los entes de control, algo que hasta ahora no ha ocurrido en detalle. Además, es posible que la presión política para avanzar con el proyecto, sin tener en cuenta todos los aspectos técnicos y ambientales, haya influido en las decisiones tomadas, especialmente considerando los presuntos intereses relacionados con la negociación de terrenos para el trazado de la avenida, pues muy a pesar de las dificultadas ya determinadas los procesos de negociación y adquisición de predios por el supuesto trazado continuaron a todo riesgo.

Es importante reiterar que la Corporación Regional del Cauca (CRC) ha cumplido con su función de manera imparcial, sin sesgo alguno, y ha salvaguardado el bienestar ambiental tanto para la ciudad de Popayán como para la región. Su enfoque ha estado centrado en garantizar que el proyecto de infraestructura propuesto se realice dentro de los criterios de sostenibilidad y viabilidad ambiental. Hoy en día, la CRC sigue demostrando un firme compromiso por colaborar en el avance de un proyecto funcional y respetuoso con el medio ambiente.

En cuanto a movilidad y transporte, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024, la administración del Sr. Castrillón solo logró gestionar proyectos de relativa envergadura, como la estación de transferencia del norte, que, lejos de mejorar la infraestructura, resultó en la instalación de más semáforos, elevando los costos de operación sin un beneficio claro para la ciudad. Además, se ejecutó la calzada lenta de la vía Panamericana, que, aunque importante, terminó convirtiéndose en uno de los parqueaderos lineales más grandes de Popayán, con problemas de calidad que persisten incluso después de su recepción.

Estas obras, a pesar de ser presentadas como logros, continúan siendo objeto de correcciones, con la intervención de las pólizas de garantía para subsanar las fallas aún después de un año de su supuesta culminación. En cuanto a la gestión de semáforos, aunque se sumaron varios nuevos, se argumentó que "la gente ya se acostumbró", lo que no ha solucionado las deficiencias iniciales. A su vez, las expectativas de privatización del servicio de semáforos, mencionadas abiertamente por el entonces Secretario de Tránsito, Sr. Patiño, también generaron preocupación.

En cuanto a otras obras de infraestructura vial, aquellas que fueron inauguradas durante la administración del Sr. Castrillón tienen su origen en la gestión de la administración de César Cristian, quien dejó los proyectos prácticamente listos para ser finalizados. Sin embargo, se observan numerosas críticas sobre la falta de avances significativos en movilidad y transporte durante el mandato de Castrillón.

Este panorama refleja el bajo nivel de gestión de esa administración, al que se suman los hallazgos que, con esperanza, pasarán a un análisis detallado por parte de las entidades de control, y que se presentan a continuación.

El contrato fue suscrito el 15 de febrero de 2023, pero se suspendió el 29 de marzo de 2023, inicialmente hasta el 10 de abril de 2023, debido a las deficiencias en la gestión de los aspectos ambientales. Desde esa fecha, el proyecto ha experimentado 11 prórrogas de suspensión, concentradas principalmente en la falta de avances en la resolución de los temas ambientales.

A pesar de estos antecedentes, la Alcaldía del Sr. Castrillón no contrató la consultoría necesaria para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental ni gestionó la Licencia Ambiental para el tramo correspondiente. A su vez, no se obtuvieron los permisos ambientales necesarios para las intervenciones en el tramo que va desde el kilómetro inicial hasta el final del tramo 2, en el ingreso a Genagra. Esta falta de acción es preocupante, ya que sin estos permisos el proyecto no pudo avanzar. Esta omisión constituye una clara violación del principio de planeación en la contratación estatal, reflejando una falta de responsabilidad en el manejo del proyecto.

La falta de planeación en el proyecto de la Avenida de los Próceres es evidente en la decisión de la Administración López Castrillón de proponer, en 2022, un trazado que atravesaba la zona de humedales, incluyendo la construcción de puentes de gran longitud. Esta propuesta, presentada como parte de los diseños para la construcción y entregada a las partes, ignoraba que el costo de estas estructuras podría haber consumido prácticamente todo el presupuesto destinado al proyecto, dejando sin recursos otras intervenciones esenciales.

La Administración actual, liderada por el Alcalde Juan Carlos Muñoz, ha logrado esclarecer que esta idea no fue una solicitud de la Corporación Regional del Cauca (CRC), sino una propuesta improvisada de la Secretaría de Infraestructura durante la administración anterior. Afortunadamente, esta improvisación ha sido retirada, eliminando un riesgo significativo para la viabilidad del proyecto.

Es importante resaltar que dichas estructuras, planteadas de manera vaga en la administración anterior, no contaban con un diseño estructural específico, y se había dejado al Contratista la responsabilidad de diseñarlas durante la ejecución. Si esta propuesta poco fundamentada hubiera llegado a ser incluida en los documentos requeridos para la obtención de la Licencia Ambiental, habría sido de obligatorio cumplimiento, lo que habría generado costos adicionales desproporcionados y comprometido aún más la ejecución del proyecto. Esta situación refleja no solo falta de rigor técnico, sino también negligencia en la estructuración y planeación del proyecto durante la administración del Sr. López Castrillón.

En cuanto a la reubicación de redes de servicios públicos en los dos primeros tramos, la administración del Sr. Juan Carlos López Castrillón no gestionó el traslado necesario para liberar la zona y permitir el inicio de las actividades de construcción. Además, no se tenía claridad sobre los costos de estos traslados ni sobre la fuente de los recursos que se necesitarían para cubrirlos.

Esta falta de planeación se agrava al proyectar un contrato para licitación sin incluir recursos destinados al traslado de redes de servicios públicos, un componente crítico para garantizar el desarrollo del proyecto. Si la administración anterior estaba segura del trazado y diseño, como lo ha manifestado públicamente, era su obligación tomar las medidas previas necesarias para garantizar que el proyecto pudiera ejecutarse de manera eficiente. Este descuido refleja una negligencia en la estructuración del proyecto y un incumplimiento de las obligaciones esenciales previas al inicio de una obra de tal importancia.

En contraste, la administración actual, liderada por Juan Carlos Muñoz, ha asumido con responsabilidad el reto de organizar y gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo el traslado de redes, tanto aéreas como subterráneas. Estas intervenciones son indispensables para garantizar que la Avenida de los Próceres pueda ser construida de acuerdo con los objetivos planteados y sin mayores contratiempos. La nueva administración está demostrando un compromiso con la solución de los problemas heredados, lo que es esencial para desbloquear el avance de este proyecto estratégico para la ciudad.

Según los documentos disponibles en la plataforma SECOP II y en los archivos de la Secretaría de Infraestructura, el proyecto fue finalmente reactivado en octubre de 2024 con un nuevo contratista, quien comenzó por verificar los diseños entregados, antes de proceder a la ejecución de la obra.

Este proyecto ha sido un claro ejemplo de falta de planeación, y como se ha visto de una estructuración que solo trae sobrecostos para la ciudad, algo que queda patente en la falta de definición de aspectos cruciales como el empate con la Variante Popayán y con la Vía Panamericana. No es posible mejorar la movilidad de la ciudad simplemente agregando más semáforos, eso va en contra de los principios fundamentales de un diseño vial eficiente, y no se puede caer en las falencias históricas ya conocidas. Este es un tema que, dado el nivel de negligencia mostrado, debe ser objeto de una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y las posibles implicaciones legales para los funcionarios involucrados.

Lo que es evidente, lamentablemente para la ciudad, es que, según los diseños que el Sr. Castrillón asegura no haber modificado, se construirá un empalme con semáforos y múltiples problemas de movilidad en los dos extremos del trazado. Sin embargo, estos semáforos no cuentan con los recursos asignados en el contrato de obra, ya que, al consultar el proceso en el SECOP II, se observa que no existen rubros destinados para su construcción. A pesar de ello, parece ser la solución que defienden algunos funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, quienes, sin la preparación técnica necesaria, continúan respaldando la gestión anterior en lugar de aportar soluciones adecuadas para la ciudad.

La única posible salvaguarda para la movilidad de la ciudad es que los recursos para la construcción de la Avenida de los Próceres provienen del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Esta entidad, como bien se sabe, no se encarga de la construcción de infraestructura semafórica, ya que no forma parte de sus competencias ni tiene la capacidad de administrarla o mantenerla. Sin embargo, la pregunta que persiste es: ¿cómo se abordarán los empalmes y los cruces problemáticos cuando en efecto no fueron diseñados y los estudios no se hicieron para ellos?

En este sentido, la Secretaría de Tránsito, con el apoyo de recursos técnicos, revisará los elementos clave para la solución de estos problemas. Es fundamental que se construyan intersecciones que resuelvan de manera efectiva la grave congestión de movilidad que afecta desde Campanario hasta el semáforo de Torremolinos y otras zonas cercanas. Aunque esta tarea debe ser tomada con seriedad, no se puede simplemente esperar que se resuelva sin una planificación técnica adecuada y sin los recursos necesarios para su ejecución.

Uno de los eventos que se confirma en la gestión de la administración anterior es la adquisición de predios a lo largo del trazado del proyecto, con precios que oscilaron entre $1.000.000 por metro cuadrado en la zona dentro del área del POT y $300.000 por metro cuadrado en la zona rural.

Aunque este proceso podría considerarse normal, con avalúos que se espera hayan estado debidamente normalizados, surgen dudas cuando se observa que el diseño del proyecto cambió durante los dos años de suspensión. Los predios fueron adquiridos con base en un trazado que finalmente no será implementado, especialmente en lo que respecta a los retornos e intersecciones.

Así, se adquirieron aproximadamente 12.000 metros cuadrados de terreno para la construcción de una rotonda central en el proyecto. Sin embargo, parece ser que al menos 5.000 metros cuadrados de estos terrenos no serán utilizados, dado que la rotonda fue suprimida sin un análisis técnico que respalde esta decisión, diferente a lo señalado el Sr. Castrillón en sus redes sociales donde afirma que ese retiro fue positivo. Cabe resaltar que este diseño fue concebido durante su propia administración, sobre una zona de humedales que la Corporación Regional del Cauca ha protegido debido a las restricciones ambientales existentes en esa área.

Esta situación plantea serias dudas sobre la correcta gestión de los recursos, ya que, a pesar de las restricciones ambientales sobre los humedales y tramites de licenciamiento ambiental en la gestión del exmandatario, se continuó con la compra de predios en una zona restringida y para una solución vial que no se podía implementar. Esto podría haber generado un detrimento patrimonial presunto, dado que la ciudad podría haber perdido una suma significativa de dinero. Si se valora el metro cuadrado de los terrenos adquiridos en $300.000, el monto presunto de la pérdida asciende a $1.500 millones de pesos en área que no será utilizada.

Además, en la lista de decisiones cuestionables, también se incluye otra glorieta que no se construirá en el empalme con la Variante de Popayán. En este sector, la administración Castrillón adquirió cerca de 2.800 metros cuadrados de terreno, los cuales, hasta la fecha de esta publicación, no se han utilizado. Este hecho podría representar una pérdida presunta de $840 millones de pesos, si se considera el valor de $300.000 por metro cuadrado.

No es cierta la afirmación del Sr. López Castrillón sobre no haber modificado los diseños. Prueba de ello son las áreas adquiridas, cuyo valor estimado asciende a $2.340.000.000, como se ha mencionado anteriormente. Estas adquisiciones se realizaron sobre la base de diseños anteriores que luego fueron modificados, resultando en un posible detrimento patrimonial al no utilizarse las áreas adquiridas en su totalidad. Las evidencias de esta situación están claramente documentadas en los archivos de gestiones prediales de la Secretaría de Infraestructura.

Lo más preocupante es que, para elementos fundamentales como los retornos, que son necesarios a lo largo del trazado, falta la adquisición de terrenos adicionales. Los retornos fueron inicialmente diseñados prácticamente para motos y automóviles, sin cumplir con las normativas vigentes para las dimensiones de la vía y vehículos de tamaño medio a articulados que serán el mayor tráfico atraído como parte de la solución de acceso de la Avenida.

Como consecuencia, estas soluciones no podrán construirse sin la compra de más terreno para que puedan ajustarse geométricamente en el espacio necesario. Esta situación no es el resultado de un cambio reciente, sino la consecuencia de recibir unos diseños que ya estaban fuera de la norma, y posteriormente hacer modificaciones sin la debida supervisión del Consultor que inicialmente diseñó las obras.

En relación con la glorieta en el empalme con la Variante Popayán, el área adquirida es insuficiente para la solución vial que se requiere para el proyecto. De hecho, según el diseño vigente a la fecha, esta opción vial no existiría. Además, para que el empalme se adecúe correctamente a la doble calzada proyectada por la ANI, se necesitarían áreas adicionales.

Ni el diseñador original del proyecto (quien, presumiblemente, tenía pólizas de calidad vigentes durante esa administración), ni la Secretaría de Tránsito, encargada de modelar la gestión del tránsito en la ciudad, tenían conocimiento del trazado final de la Avenida de los Próceres con todas sus deficiencias hasta el reinicio de este contrato. Esta situación es reflejo de la falta de planificación durante la gestión del Sr. López Castrillón, quien permitió que el proyecto avanzara sin los debidos ajustes técnicos.

En cuanto al posible detrimento patrimonial relacionado con la adquisición de predios, todo el impacto final de estos errores se definirá con el nuevo diseño de intersecciones, que está siendo revisado actualmente con las modelaciones normativas necesarias. Probablemente, se necesitarán más áreas en los extremos del proyecto, para las cuales los recursos que se desperdiciaron en la compra de áreas innecesarias o abandonadas podrían haberse destinado de manera más eficiente. Es importante aclarar que este cambio no es reciente, sino que proviene de decisiones tomadas durante la administración del Sr. López Castrillón.

Es importante destacar que, a pesar de que no se cuenta aún con la licencia ambiental desde el kilómetro K1+850 hasta el empalme con la Variante de Popayán, la Administración López Castrillón no realizó acciones concretas para obtenerla. En cambio, se procedió con la compra de predios, aún sin tener certeza de que el trazado final no requiriera modificaciones como resultado de las futuras evaluaciones ambientales.

Este proceder genera cuestionamientos sobre la planificación y las prioridades de la administración, dado que se adquirieron terrenos antes de obtener la licencia necesaria, lo cual parece una acción apresurada e inconsistente con los procedimientos estándar en la gestión de proyectos de esta naturaleza.

Alcalde Juan Carlos Muñoz, aunque el hallazgo no le corresponde directamente, es su responsabilidad poner en conocimiento de las autoridades competentes todas las falencias detectadas en la planeación y estructuración de este proyecto. Esto permitirá que se realice una revisión exhaustiva de la gestión, protegiendo así su administración de posibles responsabilidades en un proyecto tan crucial para la ciudad. Su silencio podría interpretarse como una participación indirecta en un posible detrimento patrimonial.

Por otro lado, resulta sorprendente que las entidades de control no hayan examinado con mayor profundidad esta serie de irregularidades. El Concejo Municipal, en particular, debió haber revisado el Plan Anual de Adquisiciones de la Secretaría de Infraestructura, considerando que para ese momento el proyecto llevaba un año suspendido y continuaban las negociaciones de predios, a pesar de no contar con la licencia ambiental para la mitad del proyecto. Este hecho representa un gran riesgo, ya que la autoridad ambiental aún podría requerir modificaciones al trazado.

Este es un llamado al Concejo Municipal para que verifique de manera inmediata el estado de este proyecto. ¿Por qué no se cuestionaron las acciones del secretario saliente? Las negociaciones prediales no se realizan en un solo día, y cada una de ellas se basa en un trazado previamente definido. Es necesario saber qué posición adoptará la nueva administración para garantizar que se tomen decisiones basadas en los intereses de la ciudad, y no en la resolución de problemas a corto plazo.

A pesar de las compras de predios que no se utilizarán para el proyecto, es evidente que el proyecto en su forma actual no resuelve un problema serio de movilidad en los empalmes con las vías principales. Por el contrario, podría generar aún más inconvenientes. Es fundamental revisar y rediseñar las soluciones propuestas para garantizar que verdaderamente contribuyan a mejorar la conectividad y la fluidez del tránsito en la ciudad.

Conclusiones

·        Falta de planificación y control en la gestión del proyecto por la Administración anterior: La gestión del proyecto de la Avenida de los Próceres bajo la administración del Sr. Juan Carlos López Castrillón estuvo marcada por graves deficiencias en la planificación. La adquisición prematura de predios y la falta de gestión adecuada para obtener la licencia ambiental evidencian una total falta de responsabilidad y previsión. La administración anterior no cumplió con las normativas ni con los procedimientos adecuados, lo que ha generado una incertidumbre jurídica y económica que afecta directamente la ejecución del proyecto y el bienestar de la ciudad.

·        ¿Por qué no se gestionaron los permisos ambientales a tiempo? A pesar de las claras restricciones ambientales y las instrucciones de las autoridades competentes, la Administración Castrillón no gestionó los Estudios de Impacto Ambiental ni los permisos necesarios para el avance del proyecto. Este descuido pone en riesgo la legalidad del proyecto y aumenta el riesgo de modificaciones imprevistas que podrían afectar su ejecución. La nueva administración está tratando de corregir estos errores, pero las decisiones mal tomadas durante la gestión anterior siguen siendo un obstáculo.

·        Irregularidades en la adquisición de predios y posibles perjuicios económicos: Las compras de predios realizadas bajo la Administración Castrillón se basaron en un diseño que luego fue modificado, resultando en terrenos adquiridos que no serán utilizados en la versión final del proyecto. Esto podría constituir un presunto detrimento patrimonial, ya que el dinero destinado a la compra de estos terrenos podría haberse invertido de manera más eficiente. La falta de previsión y de un análisis técnico adecuado por parte de la administración anterior refleja una gestión irresponsable que no se puede evadir.

·        Responsabilidad de la administración anterior y la evasión de culpabilidad: Es evidente que la Administración Castrillón no puede evadir su responsabilidad sobre las fallas en la ejecución del proyecto. En lugar de asumir las consecuencias de sus decisiones, el exalcalde intenta endilgar la responsabilidad a la nueva administración, cuando fue él quien dejó el proyecto en una situación de total desorganización y sin los elementos básicos para su avance. La nueva administración está trabajando arduamente para corregir los errores cometidos, pero no debe ser culpabilizada por decisiones que no fueron suyas.

·        El papel crucial de la nueva administración en la reactivación del proyecto: A pesar de los errores cometidos por la administración anterior, la nueva administración bajo el liderazgo del Alcalde Juan Carlos Muñoz está haciendo lo necesario para avanzar con el proyecto de la Avenida de los Próceres. Si bien las fallas heredadas requieren un esfuerzo significativo, la administración actual está comprometida en sacar adelante este proyecto clave para la ciudad. Sin embargo, la carga de responsabilidad por los errores previos no debe recaer sobre su gestión, sino sobre quienes tomaron las decisiones equivocadas en el pasado.

·        ¿Qué futuro tiene el proyecto? Con las deficiencias de planificación y los errores de la administración anterior, el proyecto de la Avenida de los Próceres se enfrenta a grandes desafíos. Sin embargo, la nueva administración tiene la oportunidad de rectificar el rumbo, realizar los ajustes necesarios y garantizar que la obra se convierta en una verdadera solución para la movilidad en la ciudad. La nueva administración debe enfocarse en corregir los errores heredados, pero también es crucial que asuma el compromiso de asegurar que el proyecto se ejecute correctamente, sin que los problemas del pasado sigan siendo un obstáculo.

·        Llamado a la rendición de cuentas: Es fundamental que la administración anterior asuma su responsabilidad por los fallos en la planificación y ejecución del proyecto. La falta de transparencia y responsabilidad en la gestión del proyecto no debe quedar sin consecuencias. Es urgente que las entidades de control y el Concejo Municipal tomen acciones para garantizar que se investiguen a fondo las irregularidades y que no se repitan estos errores en futuros proyectos. La ciudad merece una gestión eficiente y un proyecto que realmente resuelva los problemas de movilidad sin generar más inconvenientes.

Y mientras tanto, el exalcalde sigue cacareando en redes sociales, recordándonos que, al parecer, gobernar no era lo suyo, pero criticar a quienes intentan arreglar su desorden sí parece ser su especialidad. ¡Todo un experto en la técnica del “yo no fui”!