Popayán dejó prescribir más de $10 mil millones en multas: impunidad y negligencia bajo la administración López Castrillón

Popayán no necesita más diagnósticos. Necesita memoria.
Porque mientras hoy se habla de modernizar la ciudad, los fantasmas del desgobierno pasado siguen mostrando sus efectos más vergonzosos. Según información oficial de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, 1.912 comparendos impuestos entre 2020 y 2023 prescribieron sin que se expidiera resolución sancionatoria alguna, generando una pérdida cercana a los $3.882 millones.

Lo más grave: una parte importante de esas infracciones corresponde a conductores en estado de embriaguez, que quedaron libres de toda responsabilidad. Mientras ciudadanos responsables enfrentaban controles y sanciones, otros, sorprendidos manejando borrachos, siguieron conduciendo como si nada. ¿Dónde estaba la autoridad?

Este escándalo tiene responsables con nombres propios. Durante buena parte del periodo 2020–2023, Jaime Andrés Patiño Chaparro ocupó la Secretaría de Tránsito bajo el mandato de Juan Carlos López Castrillón. Solo en junio de 2023, cuando ya era inminente el cierre de su administración, fue reemplazado por la ingeniera Gloria Patricia Bolaños Mosquera. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho.

No se trata solo de una omisión técnica. Se trata de una cadena de negligencias que debilitó la seguridad vial, incentivó la impunidad y le costó miles de millones al municipio. Quienes debieron proteger la vida y el orden en las calles, optaron por mirar hacia otro lado. No activaron procesos, no sancionaron a tiempo, no defendieron lo público.

Y este no fue un hecho aislado. La administración de López Castrillón acumuló otros escándalos igualmente graves: el mal manejo de los recursos de la sobretasa a la gasolina, un contrato desventajoso para Popayán en el proyecto Ciudad Moderna, y ahora, la omisión en el cobro de comparendos por alcoholemia. ¿Cuántos más necesitan los órganos de control para actuar?

67.799 resoluciones sancionatorias también superaron los tres años sin gestión de cobro coactivo, lo que las pone en riesgo de prescripción. Y aunque no todas han caducado aún, el patrón es claro: falta de gestión, ausencia de control y complicidad por omisión.

El Concejo Municipal de Popayán no puede permanecer en la comodidad del silencio institucional frente a este escándalo. Tiene el deber político y moral de exigir explicaciones públicas y solicitar a los entes de control que investiguen a fondo las responsabilidades disciplinarias y fiscales. Además, debe impulsar la revisión inmediata del convenio con EMTEL y promover una reforma estructural en los procesos sancionatorios de tránsito. Callar ante esta negligencia sería convertirse en cómplice por omisión. Popayán exige un Concejo que esté a la altura del momento histórico y defienda el interés general por encima de las conveniencias personales o políticas.

Popayán no puede seguir siendo rehén de administraciones que entienden el poder como un botín y no como un compromiso. El actual gobierno, en cabeza de Juan Carlos Muñoz Bravo, tiene la obligación ética y legal de iniciar las investigaciones internas correspondientes, revisar si hubo responsabilidad disciplinaria o penal de los anteriores funcionarios.

Nota aclaratoria:
Desde Periódico Virtual compartimos con nuestros lectores el documento oficial que sustenta la presente publicación. Se trata de la respuesta emitida por la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Popayán, con fecha 26 de julio de 2024, en atención a la solicitud del concejal José Luis Diago Franco. Este documento, radicado bajo el número 20241500289633, contiene información detallada sobre la caducidad, prescripción y falta de gestión en miles de comparendos, incluyendo aquellos por alcoholemia. Su contenido es la base factual de este análisis crítico y está disponible para consulta pública. La transparencia es nuestra guía, y la verdad nuestro compromiso.