Popayán merece más: el costo de décadas de malas decisiones políticas

Los colombianos gracias a la democracia, elegimos presidente, gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados y concejales, pero con frecuencia la ciudadanía termina responsabilizando a una sola persona de problemas construidos durante décadas. Comprender cómo funciona el Estado también obliga a preguntarnos por nuestra responsabilidad al elegir, vigilar y exigir resultados.

Colombia es un Estado descentralizado. Esto significa que el presidente de la República no administra directamente cada calle, colegio, hospital, acueducto, vía urbana o proyecto de desarrollo de los municipios.

La Constitución distribuye competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales. Gobernadores y alcaldes administran sus respectivos territorios dentro de ese marco, mientras asambleas y concejos ejercen funciones normativas y de control político en sus ámbitos.

Por eso, cuando una ciudad lleva décadas sin resolver problemas estructurales, resulta demasiado sencillo responsabilizar exclusivamente al Gobierno nacional.

También hay que mirar hacia la gobernación, la alcaldía, el concejo, las instituciones locales y, necesariamente, hacia quienes mediante el voto han entregado repetidamente el poder.

El desarrollo no nace del tamaño del presupuesto

Existe una idea profundamente arraigada en nuestra cultura política: si el Estado recibe más dinero, necesariamente habrá mayor desarrollo.

No siempre ocurre así.

El desarrollo depende también de instituciones que protejan la propiedad, reglas estables, seguridad jurídica, competencia, inversión, emprendimiento, infraestructura y libertad para que las personas puedan producir, intercambiar e innovar.

El Estado puede construir condiciones que favorezcan esos procesos, pero no puede fabricar prosperidad simplemente mediante decretos, burocracia o crecimiento permanente del gasto público.

Un municipio puede disponer de presupuestos cada vez mayores y, aun así, continuar rezagado si los recursos se destinan a estructuras administrativas ineficientes, proyectos mal concebidos, contratos sin resultados suficientes o inversiones que no resuelven sus problemas fundamentales.

La pregunta ciudadana, entonces, no debería ser únicamente cuánto gastó el gobierno, sino qué resultados obtuvo con los recursos de todos.

Cuando la política sustituye al mercado

La empresa privada cumple una función fundamental en una sociedad libre. El empresario invierte su patrimonio, asume riesgos, compite, innova y procura convencer al consumidor para que voluntariamente compre su producto o servicio.

Si presta un mal servicio y existe verdadera competencia, el ciudadano puede acudir a otro proveedor.

El problema aparece cuando algunos negocios dejan de depender principalmente de satisfacer al consumidor y comienzan a depender de su cercanía con el poder político.

Contratos privilegiados, monopolios concedidos por el Estado, barreras diseñadas para impedir nuevos competidores, concesiones sin suficiente competencia o negocios cuya rentabilidad depende de decisiones gubernamentales pueden producir algo muy diferente de un mercado libre.

El ciudadano termina pagando, pero pierde capacidad para escoger.

Eso no es una defensa de la libre empresa. Es la deformación de la relación entre política y economía mediante privilegios.

Privatizar no significa necesariamente crear competencia

Esta distinción resulta especialmente importante cuando se habla de servicios públicos.

Que una actividad pase de manos públicas a privadas no garantiza automáticamente eficiencia. Para que la participación privada beneficie realmente al ciudadano deben existir competencia cuando sea técnicamente posible, reglas transparentes, vigilancia efectiva y mecanismos que impidan abusos derivados de posiciones dominantes.

Cambiar un monopolio público por uno privado no crea, por sí mismo, un mercado.

Y cuando el negocio privado depende de una concesión, exclusividad, contrato o regulación otorgada por el mismo poder político, el ciudadano tiene derecho a preguntar quién asume el riesgo, quién obtiene las utilidades, cuánto dura el privilegio y qué posibilidades reales existen de escoger otro proveedor.

Un empresario que prospera conquistando consumidores en competencia es muy diferente de uno cuya posición económica depende principalmente de decisiones, protecciones o prebendas concedidas desde el Estado.

El gobernante que elegimos también habla de nosotros

Aquí aparece una reflexión incómoda.

Las democracias no producen gobernantes completamente separados de la sociedad que los elige.

Si durante décadas premiamos electoralmente el clientelismo, intercambiamos el voto por favores particulares, toleramos administraciones deficientes, votamos exclusivamente por afinidades familiares o políticas y dejamos de exigir resultados, no podemos sorprendernos cuando las instituciones reproducen esas mismas prácticas.

La responsabilidad del gobernante es individual y política: quien administra mal debe responder por sus decisiones.

Pero existe también una responsabilidad ciudadana.

Elegir es delegar temporalmente una enorme capacidad para decidir sobre impuestos, presupuesto, contratación, infraestructura, servicios y regulación. Por eso el voto no debería entenderse como un acto de gratitud hacia un político, sino como una decisión sobre quién administrará recursos y competencias que pertenecen a toda la sociedad.

Decir que “cada pueblo tiene el gobernante que merece” puede resultar injusto para quienes votaron diferente, denunciaron irregularidades o ejercieron oposición. Una formulación más precisa sería: cada sociedad termina enfrentando las consecuencias colectivas de las decisiones políticas que su mayoría legitima y de aquello que institucionalmente está dispuesta a tolerar.

Popayán frente al espejo

Esta discusión adquiere especial importancia en Popayán.

La ciudad debería preguntarse cuánto de su rezago acumulado puede atribuirse realmente a Bogotá y cuánto corresponde a décadas de decisiones tomadas en el propio territorio.

No basta con celebrar presupuestos, anuncios, convenios y contratos. El desarrollo debe poder observarse en movilidad, infraestructura, servicios eficientes, oportunidades económicas, espacio público, competitividad y, finalmente, calidad de vida.

Y allí aparece una contradicción que merece una discusión ciudadana mucho más profunda: la privatización o entrega a operadores privados no puede venderse automáticamente como sinónimo de libre empresa, modernización o eficiencia.

La verdadera iniciativa privada vive del riesgo empresarial y de conquistar consumidores.

Otra cosa son los empresarios prebendarios: aquellos cuyo negocio depende sustancialmente de concesiones, exclusividades, contratos protegidos o decisiones del poder público que reducen la competencia.

No son benefactores sociales por el simple hecho de prestar un servicio. Son empresarios y, como tales, buscan legítimamente rentabilidad. Precisamente por eso corresponde al Estado establecer reglas transparentes y al ciudadano vigilar que el interés público no termine subordinado a negocios privados protegidos políticamente.

Popayán necesita empresa privada, inversión y emprendimiento. Pero necesita, sobre todo, competencia y reglas iguales, no capitalismo de amigos.

La pregunta que deberíamos hacernos los payaneses no es simplemente si un servicio debe ser público o privado.

La pregunta verdaderamente importante es otra:

¿Tenemos instituciones que obliguen a quienes administran recursos públicos y a quienes hacen negocios con el Estado a competir, rendir cuentas y generar resultados para los ciudadanos, o hemos construido un sistema en el que algunos privatizan las ganancias mientras la sociedad conserva los costos?

Porque después de décadas de rezago resulta demasiado cómodo señalar siempre a alguien más.

Bogotá tiene responsabilidades. Los gobiernos nacionales las tienen. También las administraciones departamentales y municipales.

Pero nosotros tenemos una que no podemos delegar: elegir mejor, vigilar más y dejar de premiar políticamente aquello que después lamentamos como ciudadanos.

Ese quizá sea el primer paso para transformar realmente a Popayán.

Popayán: el círculo vicioso ya prepara la próxima elección

El problema es que esta historia no pertenece únicamente al pasado. Las estructuras políticas de poder de Popayán ya comienzan a moverse de cara a la elección del próximo alcalde, y existe el riesgo de que la ciudad vuelva a entrar en el mismo círculo vicioso: cambian los nombres, cambian los eslóganes y aparecen nuevos discursos de renovación, pero permanecen intactas muchas de las prácticas políticas que han acompañado durante décadas las decisiones que hoy cuestionamos.

Y sería incompleto responsabilizar únicamente a los alcaldes. Muchas de las grandes decisiones municipales han necesitado discusión, autorización o control político del Concejo de Popayán, cuyas mayorías también deben responder políticamente por aquello que aprobaron, respaldaron o dejaron avanzar durante las diferentes administraciones. Un alcalde no gobierna en el vacío: alrededor del poder ejecutivo existe una estructura política en la que concejales, partidos, coaliciones y grupos de interés pueden facilitar o contener determinadas decisiones.

Por eso resulta particularmente cínico y grotesco que algunos integrantes de esa misma clase política pretendan presentarse ahora ante los payaneses como la solución a los problemas de una ciudad cuyo modelo de gobierno ellos mismos han ayudado a construir, respaldar o, cuando menos, han tenido la responsabilidad institucional de controlar. Varios concejales y ex concejales ya muestran aspiraciones de llegar a la Alcaldía, y el ciudadano debería preguntarse qué hicieron realmente durante su paso por el Concejo antes de aceptar el relato de que ahora representan la renovación.

Más cuestionable todavía resulta que algunos actores políticos recurran a páginas que se presentan como informativas o noticiosas para construir una imagen favorable, amplificar sus actuaciones y mostrarse ante la opinión pública como fiscalizadores, renovadores o eventuales “salvadores” de Popayán. Cuando la información se convierte en instrumento de autopromoción política sin que esa relación sea transparente para el ciudadano, ya no estamos solamente ante un problema electoral: estamos frente a una distorsión del debate público.

La memoria, entonces, será fundamental en las próximas elecciones. El ciudadano no debería preguntarse solamente qué promete cada aspirante, sino cómo votó, qué proyectos respaldó, qué debates promovió, qué decisiones cuestionó, qué silencios mantuvo y cuáles fueron sus alianzas cuando ya tuvo poder. Porque resulta demasiado fácil descubrir todos los problemas de Popayán justo cuando se aproxima una campaña electoral.

Ese es quizás uno de los mecanismos que mantienen atrapada a la ciudad: quienes participan del establecimiento político durante años pueden intentar presentarse después como sus contradictores; quienes tuvieron capacidad de control aparecen convertidos en denunciantes; y quienes acompañaron mayorías políticas pueden ponerse el traje de oposición cuando necesitan votos.

Popayán no necesita otro salvador fabricado para una campaña. Necesita ciudadanos con memoria.

Porque si las mismas estructuras conservan el poder, si los mismos sectores cambian de candidato pero no de prácticas y si nosotros volvemos a votar olvidando lo ocurrido durante los cuatro años anteriores, el próximo alcalde podrá tener otro nombre, otra fotografía y otro eslogan, pero el resultado probablemente será el mismo.

Y entonces tendremos que admitir la parte más incómoda de esta reflexión: el círculo vicioso no se sostiene únicamente por quienes viven de la política. También se sostiene cada vez que nosotros, los ciudadanos, olvidamos quién hizo qué y volvemos a entregarles el poder.