Popayán: tensión por el cálculo de transferencias a Personería y Concejo
Hacienda defendió la depuración de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación con el Manual 5.0 de la Contraloría; Personería y concejales pidieron mesa técnica con presencia del ente de control.
El 4 de noviembre de 2025, el Concejo Municipal de Popayán realizó una sesión para socializar la “variación de la forma de liquidación” de las transferencias legales a la Personería y al propio Concejo. La Secretaría de Hacienda explicó los criterios normativos y metodológicos, mientras la Personería y varios cabildantes cuestionaron la base de cálculo y solicitaron una mesa técnica con la Contraloría.
¿Cómo se está calculando hoy?
La secretaria de Hacienda expuso que la Ley 617 fija topes del 1,5% para el Concejo y 1,7% para la Personería, porcentajes que se aplican sobre los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) ya “depurados” por rentas de destinación específica y actos que afectan el presupuesto. Con esa base, ilustró cifras de referencia para 2025 y proyecciones 2026.
La funcionaria subrayó que la Contraloría adoptó el Manual de Cálculo de ICLD versión 5.0 (resolución 143 de 2025), que hace explícito el descuento previo de afectaciones legales y acuerdos, y que ese neto es la base para verificar límites de funcionamiento y transferencias.
El punto más sensible: el porcentaje ambiental y las políticas públicas
Hacienda explicó que, además de políticas públicas con financiación porcentual, desde 2024 Popayán transfiera a la autoridad ambiental un porcentaje del impuesto predial, lo que reduce el ICLD; para 2025 esa transferencia se estimó alrededor de $12.900 millones. Según la presentación, esa deducción pesa más que todas las políticas públicas sumadas.
La Personería, sin embargo, sostuvo que Hacienda calculó el 15% ambiental sobre el total del predial incluyendo “vigencias anteriores”, cuando el acuerdo vigente aplica solo desde 2024 hacia adelante. Por eso cuestionó los $12.000 millones descontados como base “aritméticamente inconsistente”.
¿Reducción o traslado interno?
Para la Personería, el ajuste materializado mediante un decreto del 8 de mayo de 2025 no fue un simple “traslado interno”: en la práctica significó una reducción del presupuesto aprobado para 2025 (de $3.178 millones a $2.779 millones), con efectos en la operación y atención ciudadana.
“Para nosotros… no se trata de un traslado; es una reducción del presupuesto que impacta el funcionamiento de la Personería”, expuso la tesorera de la entidad.
Manual 5.0: ¿qué dice exactamente?
La Personería argumentó que el Manual 5.0 “casi que no deja lugar a interpretación”: primero se descuentan de cada renta las afectaciones que tenga por ley o por acuerdos que expresen el porcentaje en esa renta, y solo después se calcula el 1% ambiental y el ICLD neto que sirve de base a los topes de Ley 617 (1,5% y 1,7%).
Hacienda, por su parte, reiteró que está aplicando justamente esa depuración y que debe cumplir los límites de Ley 617 con la metodología vigente de la Contraloría.
Auditoría en curso por vigencia 2023
Hacienda informó que la Contraloría General adelanta auditoría sobre 2023 por presunto incumplimiento de límites de gasto en la Personería, con observaciones que podrían derivar en proceso sancionatorio por la “no depuración” de ICLD según actos y leyes que afectaban el presupuesto.
Lo que dijeron los concejales
El concejal José Luis Diago cuestionó que se descuenten partidas no previstas como “rentas de destinación específica de origen legal o constitucional”, citando la resolución 143/2025, y anunció que consultará a Procuraduría y Contraloría.
José Alexander Campo pidió una última mesa técnica “con Procuraduría” y revisión jurídica de los cálculos, al señalar que el presupuesto aprobado fue modificado sin retorno al Concejo.
Marco Gaviria, Julian Ausecha, Álvaro Gómez, Luis Inchima y Rosa Sinisterra coincidieron en convocar con urgencia una mesa con la Contraloría General de la República para dirimir el método de cálculo y dar una salida inmediata antes del cierre de sesiones ordinarias.
Posición final de la Personería
Al cierre, la tesorera de la Personería afirmó que su criterio ha sido consistente desde 2023: las políticas públicas no son “rentas de destinación específica” per se y el cálculo debe seguir la letra del manual; reconoció, además, que funcionarios de la Contraloría no emiten conceptos en mesas, por lo que el pronunciamiento debe ser institucional.
De este cálculo depende la suficiencia operativa del Concejo y la Personería, órganos clave de control político y defensa de derechos, y el cumplimiento de los límites de la Ley 617. Un error metodológico puede implicar sanciones fiscales o, en el extremo, desfinanciar funciones esenciales de vigilancia y representación ciudadana.
La mesa técnica con la Contraloría, solicitada por mayoría, aparece como el mecanismo más rápido para unificar criterios y cerrar el debate metodológico. Este medio consultará las citaciones y agendas para verificar fecha y alcance de ese encuentro. Información en desarrollo.
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