Principio de deseo vs principio de realidad: reflexiones acerca de la reforma a la Ley 30

Por lo que, a medida que se debate la reforma, es esencial modelar financieramente sus impactos para garantizar la viabilidad financiera de las instituciones y su capacidad para ofrecer una educación de calidad.

Por: Deibar René Hurtado Herrera / Rector de la Universidad del Cauca

Hoy nos encontramos ante un momento crucial en la historia de la educación superior en Colombia, porque el actual gobierno del Presidente Gustavo Petro Urrego se ha comprometido, a través del Ministerio de Educación, bajo la dirección de Aurora Vergara Figueroa, proponer una Ley Estatutaria para la Educación y con la reforma a la Ley 30 de 1992 o Ley de Educación Superior; una reforma necesaria y anhelada por toda la comunidad universitaria.

La discusión y reflexión que hoy se está dando en el país por distintos actores del sistema, tanto en las universidades públicas y privadas, así como en la Red de Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas, REDTTU, definirá el futuro de la formación del talento humano en este nivel.

La reestructuración de la Ley 30 ha suscitado un debate en el ámbito de la educación superior en Colombia, el cual se centra en los cambios que la reforma trae consigo. Pero a pesar de pretender abordar ciertas deficiencias en la legislación previa, la primera versión se muestra insuficiente en varios aspectos cruciales y plantea interrogantes sustanciales en cuanto a su alcance y efectividad, porque si bien recoge las necesidades de los estudiantes, docentes y administrativos, no es evidente cómo la calidad se convierte en un pilar fundamental, en una aspiración compartida.

También plantea a la educación superior como un escenario de formación de profesionales competentes con capacidad de resolver problemas de diversa índole, pero la universidad es mucho más que eso; la universidad se establece en un escenario que además de reproducir el conocimiento, lo crea, constituyéndose en una institución que impulsa y acompaña el desarrollo regional, apoya los procesos sociales y da solución a los problemas del territorio. Es un proyecto cultural, así como un escenario de formación política, de formación de sujetos autónomos y críticos.

Por eso el abordaje no puede ser solo deductivo y limitarse a plasmar en la reforma los anhelos de los actores institucionales y de la sociedad, sino que debe hacerse desde una mirada inductiva que reconozca lo que somos, lo que hemos sido y el camino que con tanto esfuerzo hemos transitado las instituciones y su comunidad universitaria, para lograr alcanzar y garantizar una educación de calidad con presencia en el territorio.

No es de más aclarar que la reforma a la Ley 30 no crea el sistema, sino que pretende hacer ajustes para mejorarlo y garantizar condiciones de acceso y de participación en el gobierno universitario, en su financiación, en las condiciones de contratación de profesores y administrativos y, en la financiación de las condiciones de bienestar e investigación, entre otros elementos.

Durante los últimos 31 años, el Sistema Universitario Estatal, SUE, ha enfrentado una compleja encrucijada que lo ha llevado a experimentar un proceso de desfinanciación estructural. Esta situación ha sido impulsada tanto por las demandas de los gobiernos de turno, como por las expectativas de la sociedad, en cuanto a la expansión de la cobertura educativa; así como por las exigencias de aseguramiento de la calidad en las instituciones universitarias.

Esta encrucijada se hace aún más evidente al considerar que los indicadores utilizados para las transferencias de los recursos establecidos por la Ley 30, siempre han estado por debajo de los costos operativos demandados por las universidades, lo que ha representado un desafío constante para las instituciones. Sin embargo, a pesar de estas dificultades financieras se ha logrado un notable crecimiento. De acuerdo con el documento presentado por el Sistema Estatal Universitario, SUE, titulado: “Características de la Educación Superior en Colombia y de las Universidades Públicas del SUE 2022”, entre 1993 y 2022, la matrícula estudiantil aumentó en un impresionante 301%, pasando de 159,218 estudiantes a 669,768. En el ámbito de los estudios de posgrado, se expone que, en el período de 2004 a 2021, se registró un aumento del 161.7% con la matrícula, pasando de 16,492 a 43,165 estudiantes.

Un aspecto relevante de este crecimiento, según el documento, es la vinculación docente, pues señala que, entre 2004 y 2021, la contratación de profesores de tiempo completo aumentó en un 69.9%, pasando de 22,988 a 39,062 docentes, de los cuales el 26% obtuvo contratos permanentes. También expone que, el 79% de estos profesores posee formación posgraduada, distribuida de la siguiente manera: un 0.13% con posdoctorado, un 16.58% con doctorado, un 34.98% con maestría y un 20.09% con especialización. Estos datos ilustran el compromiso continuo del Sistema Universitario Estatal, SUE, con la expansión y la calidad de la educación superior a pesar de los desafíos financieros a los que se han enfrentado.

La calidad de la formación del profesorado está estrechamente ligada con la actividad investigativa, esta desempeña un papel fundamental en la generación de conocimiento y en la interacción con el entorno. En el período comprendido, de acuerdo con el SUE, entre 2004 y 2021, se observó un impresionante aumento en el número de grupos de investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Minciencias, pasando de 834 grupos a 2.904 (según la Convocatoria 894 de 2021), lo que representa un aumento del 248%. Además, en el documento se expone que el número de revistas indexadas aumentó en un 69,9%, y las publicaciones en revistas indexadas se incrementó en un 63,8%.

En cuanto a la calidad de la educación superior, es destacable el esfuerzo que se ha realizado para obtener la acreditación institucional. Como afirma el SUE, en 2010, solo siete universidades contaban con acreditación institucional de alta calidad, pero para el año 2022, un total de 24 de las 34 universidades públicas habían alcanzado este reconocimiento (la Universidad del Cauca ha sido reacreditada de alta calidad hasta el 2027). Este crecimiento evidencia el compromiso y la mejora continua en la búsqueda de estándares educativos superiores en nuestras instituciones académicas.

La mirada inductiva da cuenta de las acciones que han sido ejecutadas de manera efectiva a pesar de las dificultades, porque también está en juego la concepción misma de las Instituciones de Educación Superior, IES, y su rol. La propuesta de reforma otorga poder a las instituciones técnicas y tecnológicas que ofrecen programas con especialización de área y modelos cíclicos. Aunque esta medida suscita debate, su pertinencia radica en asegurar que tales programas no solo se ofrezcan en cantidad, sino que también se garantice la calidad. En ese sentido, el Ministerio de Educación debe priorizar la calidad de la educación sobre la cantidad de programas, evitando una proliferación sin criterio, al fin y al cabo, no es lo mismo titular que formar.

Los datos presentados son una evidencia de cómo, a pesar de las adversidades, las Instituciones de Educación Superior, IES, han crecido y han mantenido el compromiso de formar con calidad a las y los jóvenes de este país. Es por eso mi llamado a volver sobre lo que somos y sobre nuestras fortalezas como elementos fundamentales para pensar lo que queremos ser y transformar. Si bien la reforma debe ser fruto del trabajo conjunto y participativo de todos los actores institucionales e incluso de la sociedad en general, se hace necesario también que dichas propuestas que tienen un impacto fiscal a corto, mediano y largo plazo, se modelen financieramente a fin de determinar los costos de los compromisos que quedarán plasmados en la ley.

La idea es poder garantizar que estos nuevos elementos queden financiados a través de los indicadores con los que se pretenden transferir los recursos a las instituciones. De ahí la necesidad de una modelación que permita proyectar el valor real de la reforma en su conjunto, pues las universidades han venido siendo austeras en el manejo de los recursos, sin embargo, este tipo de decisiones pueden generar un gran impacto fiscal, que al no compensarse con las transferencias pueden llevarlas a la inviabilidad financiera.

Este texto es un llamado a que el principio de deseo corresponda con el principio de realidad y que, si el principio de deseo se impone, en tanto se anhela una universidad y un sistema universitario más robusto y con mayor presencia regional, debe garantizarse con recursos que permitan el fortalecimiento institucional y el bienestar de todos y todas.