Procurador solicita derogar mandato autónomo del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric
Ante este llamado, las comunidades ancestrales del Cauca se encuentran en asamblea permanente para buscar la forma de movilizarse contra esta orden del procurador.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, ha solicitado a la Corte Constitucional la derogación de varios apartados del Decreto Ley 1094 de 2024, firmado por el presidente Gustavo Petro. Según el jefe del Ministerio Público, algunas disposiciones del decreto podrían vulnerar la supremacía de la Constitución al reconocer al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como una Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA).
El Decreto y la figura de la ATEA
El Decreto 1094 establece que el CRIC, como Autoridad Territorial Económica y Ambiental, tiene facultades para administrar y gestionar sus territorios bajo sus propias normativas, en ejercicio del derecho a la autonomía indígena. Esta figura, creada en 2018 y oficializada en 2023 tras la gran movilización de la minga indígena en Bogotá, refuerza la capacidad de autogobierno de los pueblos originarios del Cauca en aspectos fundamentales como la economía, la gestión ambiental y la gobernanza territorial.
Los argumentos de la Procuraduría
El procurador Eljach sostiene que el decreto crea un bloque jurídico intercultural que podría dar a las normativas indígenas un nivel superior a la legislación nacional, lo que, en su criterio, contradice el principio de supremacía constitucional. La preocupación radica en que, al otorgar un estatus especial a las normas propias del CRIC, se generaría un conflicto con el ordenamiento jurídico colombiano y la estructura unitaria del Estado.
Asimismo, Andrés Caro Borrero, director de la ONG que interpuso la demanda, argumenta que este reconocimiento podría derivar en un desbalance jurídico, permitiendo que las normas indígenas tengan primacía sobre la legislación nacional, con implicaciones en la gobernabilidad y el marco normativo del país.
El debate sobre el reconocimiento de la autonomía indígena
La solicitud del procurador ha generado diversas reacciones en sectores políticos y sociales. Líderes indígenas han defendido la legalidad del decreto, argumentando que se enmarca dentro del reconocimiento constitucional de la autonomía de los pueblos indígenas y su derecho a gobernarse según sus usos y costumbres, conforme a lo estipulado en la Constitución de 1991 y en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
Por su parte, constitucionalistas han señalado que la Corte Constitucional deberá evaluar si el decreto excede las facultades del Ejecutivo y si el reconocimiento de la ATEA en los términos planteados afecta la estructura del Estado o, por el contrario, representa un avance en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas.
Lo que sigue en el proceso
La Corte Constitucional deberá analizar la solicitud del procurador y definir si deroga los apartados impugnados del Decreto Ley 1094 de 2024 o si los mantiene en vigencia. Este fallo será clave para el futuro del reconocimiento de las autoridades territoriales indígenas y el alcance de su autonomía en Colombia.
Mientras tanto, el CRIC y otras organizaciones indígenas han manifestado su rechazo a la solicitud de la Procuraduría, argumentando que representa un intento de desconocer los derechos adquiridos por los pueblos indígenas tras años de lucha y movilización.